Un Ministerio de Sanidad fantasma
Los últimos años de la Sanidad española producen una inacabable sensación de impotencia. Componen una lastimosa historia de errores, desidias, ignorancias, frases huecas, dogmatismos ideológicos y, sobre todo, generalizado desconcierto: planes que solemnemente se proclaman y ni se inician, intentos de reforma -Incluso un programa de reforma aprobado por las Cortes- arrumbados en su mismo nacimiento y criterios que hoy se afirman y que mañana se contradicen. Es la historia de una endémica desorientación y, también, del persistente y equivocado menosprecio político por la sanidad, que imposibilitan cualquier proyecto de trabajo serio. Los abundantes cambios de nombre y de estructura del correspondiente ministerio reflejan fielmente ese desgobierno ruinoso.Ahora estamos a punto de que el desastre culmine. El Ministerio -otra vez con nombre recién estrenado: de Sanidad y Consumo-, cuyas funciones reales han estado siempre condicionadas a las posibilidades económicas de la Seguridad Social, acaba de sufrir una concluyente devaluación. Ha perdido la Secretaría de Estado para la Sanidad, que constituía el único punto de apoyo concreto y específico de la responsabilidad y la esperanza sanitarias, y le ha sido desgajada la Seguridad Social, su natural fuente financiera. La sanidad española retorna así, de hecho, a los años setenta, con un Ministerio de Sanidad y Consumo de encogidos recursos y competencias, equivalentes, más o menos, a los de aquella antigua Dirección General de Sanidad, y sometido definitivamente al poder de la Seguridad Social, a los enormes medios de que ésta dispone.
Tres son, al menos, las gravísimas consecuencias que para la sanidad española tiene, a mi juicio, este visible empobrecimiento del Ministerio de Sanidad y Consumo. La primera es que hace ímposible poner en marcha cualquier política sanitaria; más aún, convierte a la política sanitaria del Ministerio en una mera especulación teórica. Hasta ahora, el Ministerio encontraba en sí mismo las posibilidades económicas (mayores o menores, y con las dificultades que entrañaba la condición de estado dentro de un estado de la Seguridad Social) para intentar llevar a cabo sus indecisos proyectos. Desde ahora, al elaborar sus programas, determinar los objetivos y establecer las prioridades sanitarias, el Ministerio no hará otra cosa que jugar en el vacío. hará otra cosa que jugar en el vacío. El Ministerio de Sanidad y Consumo vivirá sanitariamente sólo en el papel si no obtiene día a día la sanción económica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Es en este departamento, y no en ningún otro, donde residirá en lo sucesivo el verdadero poder conformador de la sanidad española, aunque -ventajas del poder oculto- sin asumir las serias responsabilidades que conlleva.
En realidad, en España coexistirán dos políticas sanitarias: una oficial, manifiesta, inútil y ficticia (la del Ministerio de Sanidad), y otra, real, fuerte e inexpresada (la de la Seguridad Social), dualidad que, obviamente, va a acentuar la perpetua confusión que padece la sanidad en España y alejará, aún más, la posibilidad de introducir la prevención y desarrollar la educación sanitaria en nuestro país. La Seguridad Social asiste, no hace profilaxis. Es, asimismo, obvio que a las Cortes se presentará la política sanitaria oficial, la que es impracticable sin la tácita conformidad de la Seguridad Social y sus dineros, y, por ello, el control político que pueda ejercerse sobre la sanidad española será una pura quimera, un control sobre lo ficticio. Esta -hurtar la sanidad al control político- es la segunda consecuen cla indeseable de la decadencia del Ministerio.
La tercera consecuencia será la pérdida completa de la escasa cre dibilidad que pudiera conservar el Ministerio de Sanidad. Condenado a la inactividad o a ser dirigido, la sociedad española advertirá inmediatamente el secuestro de sus competencias sanitarias y su condición de simulacro de Ministerio. Sé que, para abreviar, simplifico la situación, pero un análisis más matizado no la modificaría de manera sustancial. ¿Puede sensatamente esperarse otra cosa que la culminación del desastre sanitario en España?
Todo esto coincide, y no casualmente, con el comienzo de los trabajos de mejora y racionalización de la Seguridad Social emprendidos por la comisión tripartita prevista en el Acuerdo Nacional sobre Empleo (ANE) y que apuntan un giro esencial y socialmente doloroso en la configuración y en las bases de la Seguridad Social. En las propuestas del Gobierno, la preocupación por el saneamiento fínanciero se acompaña de una declarada voluntad de restaurar la llamada disciplina del mercado. Se nos viene encima una seguridad social construida sobre la desigualdad y las diferencias económicas, en gran parte sobre la franja privada de la seguridad complementarla y, por ello., sobre unas prestaciones distintas según lo que se pueda pagar; una segundad social construida, en suma, sobre la ruptura de la solidaridad. Y ése será un nuevo y enésimo motivo de quebranto de la sanidad española.
