Ulgor, modelo de cooperativismo y "milagro" económico
Ciento cuarenta y seis empresas, algunas de ellas punteras en sus mercados, más de 18.000 socios trabajadores y 90.000 millones de pesetas de transacción anual es el balance que presenta el grupo cooperativista de Mondragón veinticinco años después de que un pequeño grupo de trabajadores fundara la primera cooperativa guipuzcoana. Ulgor, el nombre de esa empresa, fue compuesto con las iniciales de los apellidos de los fundadores. A Ulgor le seguirían después otras empresas de renombre, como Fagor, Copreci, Ederlan, Aurki..., cada cual con una autonomía propia, pero interrelacionadas estrechamente.El grupo de cooperativas de Mondragón cuenta con sus propios medios de financiación e investigación, a través de la Caja Laboral Popular y el centro lkerlan, respectivamente, y posee un centro de formación profesional que acoge a 1.500 alumnos.
Veinticinco años de crecimiento continuo, a una media de seis nuevas empresas por año, hasta cubrir los sectores de la industria, el consumo, la construcción, el crédito, los seguros, la enseñanza, etcétera. El espectacular crecimiento del movimiento cooperativista, que ha sido llamado "el milagro vasco del siglo", se apoya en un modelo social de empresa que pretendidamente enlaza con las formas económicas más primitivas del País Vasco. Un modelo que convierte a los trabajadores en inversores y empresarios, que da a cada hombre un voto y que teóricamente imposibilita una desigualdad salarial superior a la. proporción de 1 a 3. El sueldo mínimo supera las 40.000 pesetas.
Respuesta al "capitalisino salvaje"
El movimiento cooperativista vasco nace, pues, en 1956 como respuesta al "capitalismo salvaje", revestido de unos contenidos ideológicos cercanos al humanismo cristiano y en la línea de las encíclicas sociales de la Iglesia católica. No es casual, seguramente, que uno de los mayores ideólogos del movimiento cooperativista haya sido precisamente un sacerdote, José María Arizmendiarrieta, fallecido hace exactamente cinco años.
Los sectores cooperativistas, sin embargo, parecen haberse desprendido en buena parte de esa filosofía cristiano-social, y desde posiciones pragmáticas ven en la realidad cooperativa un sistema para asegurar su puesto de trabajo y para conseguir que sus plusvalías reviertan en un conjunto del que forman parte.
Los recelos hacia el cooperativismo por parte de la izquierda han estado motivados sobre todo por una supuesta falta de participación real de los trabajadores en la gestión de las empresas, cuyo control quedaría en manos de los equipos dirigentes, a pesar de la existencia de los denominados consejos sociales, organismos en los que los comités de empresa están representados. Sea como fuere, los sindicatos, cuyo índice de afiliación en las empresas cooperativistas es más bien bajo, y los partidos de izquierda parecen estar convencidos de que los esquemas y argumentaciones con que trabajan en el resto de las empresas no pueden ser rigurosamente aplicados en las cooperativas, cuyos socios, por otra parte, sí participan en las movilizaciones populares, sobre todo en aquellas que poseen un signo nacionalista.
Las cooperativas de Mondragón, que han resistido la crisis económica todos estos últimos años, han acusado este año sus efectos. Por primera vez en su historia, el balance anual puede no ser positivo. A la crisis hay que añadir además el factor adicional que supone la próxima jubilación de un grupo importante de socios trabajadores, circunstancia que puede implicar un principio de descapitalización.
Los directivos de las cooperativas de Mondragón, no obstante, afrontan esta situación con moderado optimismo, convencidos de que las cooperativas poseen otras soluciones distintas a las de las empresas convencionales.
El despido laboral no se plantea en ningún caso, pero sí la posibilidad de que algunos trabajadores se acojan al subsidio de desempleo propio, un seguro que no tiene plazo alguno.
Las perspectivas actuales no parecen posibilitar que las cooperativas puedan el año próximo continuar su tradición de generar nuevos puestos de trabajo, a pesar de que la inversión mínima que se exige a cualquier nuevo socio trabajador para su admisión en la cooperativa asciende ya a 385.000 pesetas, una cifra que aumentará probablemente el próximo año.
