Querella criminal contra los concejales Miguel Lara y Francisca Martínez
El empresario José Pons y Torres, director general del grupo de empresas Torres, ha presentado una querella criminal por presunto delito de falsedad en documento público contra los concejales socialistas Miguel Lara, presidente de la Junta Municipal de Carabanchel, y Francisca Martínez, vocal de la misma junta, según ha informada a Europa Press el propio querellante.
Miguel Lara desconocía ayer que hubiera sido presentada la referida querella, si bien explicó a este periódico que Pons Torres pretendía levantar un edificio de tres plantas y aparcamiento subterráneo sobre el solar de un patio interior de un bloque de viviendas del citado barrio, lo que evitó la oposición vecinal con el apoyo de la Junta Municipal.La querella criminal se basa en que ambos ediles, acompañados de funcionarios municipales, levantaron acta el pasado 25 de enero de 1980, según la cual no se habían efectuado obras en un solar propiedad de Pons y Torres, lo que hacía caducar la licencia municipal concedida al efecto. Lara, por su parte, afirma que no se puede hablar de solar si no se especifica que el mismo es un patio interior del bloque de viviendas delimitado por las calles de Jacinto Verdaguer, Condes de Barcelona, Baleares y Antonio Leyva. En el bloque de viviendas habitan 544 familias, de las cuales 277 habrían resultado afectadas por la proximidad de la fábrica que Pons pensaba construir en el patio interior, al cual dan los domicilios de éstas.
La licencia para construir la referida fábrica, que de acuerdo con la ordenanza en vigor no se habría concedido, le fue otorgada a Pons Torres el 19 de julio de 1979, y abonó los derechos económicos correspondientes cinco días después. La concesión de la licencia de obras es consecuencia de sentencia favorable en tal sentido de la Audiencia Territorial.
La oposición vecinal impidió reiteradamente que Pons y Torres avanzara en las obras de construcción, que no pasaron en ningún momento del inicio de explanación del referido patio interior, hecho que justificaría el que la comisión municipal que inspeccionó la zona, ante la sugerencia de los vecinos de que podría haber caducado la licencia una vez transcurridos seis meses desde su concesión sin que hubieran comenzado las obras, confundiera los movimientos de terreno que podían apreciarse con la limpieza de los mismos que le había sido ordenada por la Delegación de Saneamiento y Medio Ambiente. Por ello, Gerencia de Urbanismo retiró la licencia de obras a Pons, al que, tras el oportuno recurso, le fue devuelta, sin que hasta ahora hayan comenzado las obras.
