La estadística española
Se están celebrando unas Jornadas sobre la Estadística Española, convocadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), aprovechando la corirridmotación del 125 ,aniversario de la estadística oficial. Hay que aplaudir esta convocatoria, en primer lugar, porque supone uno de los pocos ejemplos de apertura hacia la sociedad de una parcela de la actividad de la Administración, para ser sometida a debate entre productores y usuarios, y en segundo lugar, porque este hecho de que el aparato estadístico se someta a cuantas críticas y sugerencias se produzcan, hace pensar que su celebración será útil para el futuro de la estadística.Son varios los motivos por los que el momento elegido para la celebración de estas jornadas es, en nuestra opinión, especialmente oportuno, aunque tal vez sería más apropiado hablar de momento límite.
En primer lugar, porque en el proyecto de ley del fondo de compensación interterritorial, pactado entre los dos partidos mayoritarios, se emplaza al INE para que a primeros de 1982 presente un Plan Nacional de Estadística (PNE), Es sorprendente que tras años de olvido por parte de los sucesivos Gobiernos de la urgencia de determinar las necesidades y prioridades estadísticas -aurque tampoco hay que olvidar que el INE no ha podido o querido elaborarlo hasta esta fecha- se pretenda, en menos de seis meses, articular un esquema operativo que cubra aquellas necesidades para el conjunto del Estado; a lo más que se puede llegar en este período es a una simple enumeración de los compromisos del INE para ofrecer resultados regionalizados de algunas estadísticas, consideradas imprescindibles por los Gobiernos autonómicos y el Gobierno central.
En segundo lugar, lo cierto es que la existencia de una nueva configuración del Estado obliga a formular e instrumentar la descentralización del INE; porque no se trata solamente de que los, Gobiernos autonómicos participen en la recogida de información de un censo, de que pidan a Madrid determinadas informaciones, o simplemente que "investiguen lo que quieran" en sus respectivas zonas de gobierno. La inevitable y deseable descentralización pasa por establecer las relaciones, jerarquías y competencias entre -las instituciones y las distintas unidades administrativas implicadas, así como por arbitrar unas normas de coordinación y corresponsabilización en el planteamiento, recogida y tratamiento de las estadísticas, por potenciar las delegaciones provinciales, dotándolas de los medios personales y materiales para cumplir las funciones que se les encomiendan, por reconsiderar la muchas veces restrictiva utilización del secreto estadístico por parte del INE, etcétera.
Y en tercer lugar, esta oportunidad también viene dada por el hecho de que en estos momentos el Consejo Superior de Estadísticatiene que dictaminar un proyecto de ley de estadística que, tras una primera discusión en mayo de 1980, ha sufrido distintas modificaciones a espaldas de los cuerpos especiales del INE, que desconocen, por tanto, el proyecto final. Y aunque parece evidente que los hechos señalados anteriormente, junto con otros de sobra conocidos (descoordinación estadística dentro de la propia Administración central, continuos cambios en la ubicación administrativa del INE, etcétera) hacen necesaria una nueva ley que modifique la actual, vigente desde 1945, este proyecto tiene el gran peligro de nacer muerto, ya que no descansa sobre una descripción detallada de las tareas a realizar en el próximo futuro, ni en los múltiples aspectos conexos a las mismas. En nuestra opinión, parece obvio que antes de articular la ley habría que tener diseñado y discutido el PNE.
¿Unas jornadas útiles?
Obviamente, la oportunidad ya presupone el que estos debates sean útiles por sí mismos; cosa distinta es si tendrán la utilidad que sería deseable. Y a la vista de toda una serie de condicionantes que exponemos a continuación, mucho nos tememos que se haya preferido sacrificar buena parte de ella en aras de una mayor vistosidad académica del propio acto.
Un primer grupo de condicionantes lo constituye la propia organización. Además de lo tradicional de la estructuración de las ponencias -que podía haber sido la misma de haberse celebrado años antes de que la crisis energética y de recursos haya venido a conmocionar y alterar los esquemas analíticos habituales- y su excesiva compartimentación, así como algunas ausencias en el temario -por ejemplo, un tratamiento monográfico sobre las encuestas de opiniones empresariales-, hay que señalar la amplitud del contenido de estas jornadas en relación con el tiempo de celebración: esto está suponiendo, además del cánsancio lógico que este tipo de maratonianas sesiones provocan, la imposibilidad de un tratamiento en profundidad de los diferentes aspectos de las estadísticas analizadas.
Al margen de todo lo anterior parece obvio que muchos aspectos del funcionamiento del INE -que deja mucho que desear, aunque no sea peor que el de otros organismos de la Administración- están saliendo a la luz, porque es precisamente de ellos de donde surgen algunas de las críticas más habituales de los usuarios: el excesivo retraso en la elaboración y/o publicación de la mayoría de las estadísticas, la escasa y en ocasiones mala difusión de la información, la falta de análisis de sus principales, estadísticas, los cauces poco operativos para una institucionalización de la demanda de información..., además de otros no tan visibles, como son los estrangulamientos que se producen en demasiadas ocasiones entre las diferentes áreas de trabajo del propio Instituto.
Este recordatorio tiene el riesgo evidente de monopolizar el debate e impedir, por tanto, la discusión de un cierto número de aportaciones de interés que sin suponer aumento de dotación presupuestaria alguna permitan mejorar y/o ampliar las estadísticas y su difusión por parte del INE.
Por otra parte, también estará presente en los debates la responsabilidad gubernamental en la cobertura de las lagunas estadísticas existentes, que, aunque sólo fuese por las mayores dotaciones presupuestarias que ello implicaría, exigiría una clara voluntad política de mejorar el aparato estadístico para adecuar la oferta de información a las necesidades, crecientes y variables, de la sociedad.
Por todo lo anterior, creemos que estas no son las jornadas que requiere esa situación límite que, en nuestra opinión, caracteriza el momento de la estadlstica española. Debería haberse ofrecido la oportunidad de debatir en profundidad aspectos concretos, como son las mejoras factibles a corto plazo en la elaboración y difusión de las principales estadísticas, la ampliación de la información estadística con carácter mínimo para una más correcta instrumentación de la política económica nacional, regional y sectorial.
