Las dimisiones de mandos policiales originan fuertes tensiones entre el funcionariado

La dimisión de altos mandos de la Dirección General de la Policía ha originado una fuerte tensión entre el funcionariado del cuerpo, principalmente en Madrid, donde prácticamente todos los inspectores pertenecientes a las Brigadas Central y Regional de Información han solicitado a sus superiores el traslado a otros departamentos. El subsecretario de Interior, Luis Sánchez Harguindey, manifestó ayer, sin embargo, que «dentro de las tensiones lógicas, se registraba una relativa calma».

El director de la Seguridad del Estado, Francisco Laína, en declaraciones a Radio Nacional, reconoció la actitud de los inspectores de las dos brigadas citadas y añadió que «ellos, lo que consideran, es que con estas peticiones están defendiendo a la corporación policial». Laína insistió en que las dimisiones de los mandos policiales tienen un carácter testimonial, término que aplicó también para calificar las peticiones de traslado (minutas de baja).No obstante, en los distintos departamentos de la Dirección de la Seguridad del Estado se detectaba ayer gran nerviosismo y un ambiente enrarecido, mucho mayor que en la jornada anterior, ya que las dimisiones fueron conocidas ese día a lo largo de la tarde y no se encontraban, por tanto, la mayoría de los funcionarios en sus departamentos. Aparte del cartel que, desde el primer momento, fue colocado en las dependencias de la Brigada Regional solicitando la minuta de baja de los inspectores adscritos a este departamento, ayer circularon fotocopias anónimas en las que se insistía en tal decisión; se expresaba la «enérgica condena contra la manipulación política y la campaña de Prensa», y se pedía «cerrar filas ante esta tremenda injusticia».

EL PAÍS supo que las minutas de baja han sido pedidas por la casi totalidad de los funcionarios pertenecientes a las Brigadas Regional y Central de Información, la primera, dependiente de la Jefatura Superior de Madrid, y la segunda, de la Comisaría General de Información, del dimitido Ballesteros, aunque ambas, orgánicamente, pertenecen a la misma estructura. Precisamente ayer por la tarde se celebró una concentración en el patio interior de la DSE, en la que un miembro del Sindicato Profesional del Cuerpo Superior de Policía (SPCSP), organización mayoritaria, pidió tranquilidad y calma. Asistieron cerca de cien funcionarios.

Este sindicato, en una nota facilitada simultáneamente a la concentración, hizo un llamamiento «a cuantas acciones individuales y colectivas, dentro de la más absoluta legalidad, se realicen en beneficio de una imagen corporativa más profesionalizada e independiente, y, sobre todo, al servicio de la sociedad, a la que en definitiva nos debemos». Asimismo reiteraban la confianza en el poder judicial y denunciaban «toda una serie de manipulaciones orquestadas desde oscuros resortes».

El ministro del Interior, Juan José Rosón, aceptará las dimisiones del secretario de la Dirección General de la Policía, Fernández Dopico, y del comisario general de Información, Manuel Ballesteros. Rosón ya había aceptado la del director general de la Policía, José Manuel Blanco, primero en presentar la dimisión. Anoche se desconocía si los dos comisarios generales (Policía Judicial y Documentación) y los dos jefes de división que habían mostrado su intención de ser relevados iban a tramitar por la vía ordinaria sus dimisiones. Estas actitudes, al parecer, no van a ser tenidas en cuenta.

Decisión del Gobierno

Aunque todos los cargos que han dimitido aún permanecen en sus puestos, el nombramiento del nuevo director general de la Policía no se conocerá hasta el próximo Consejo de Ministros, ya que es el Gobierno el que realiza este tipo de nombramientos. El nuevo director general de la Policía sería el encargado de cubrir las vacantes.

Por lo que respecta a los cinco policías en prisión preventiva, parece que el probable procesamiento, caso de decretarse, sería decidido, en su caso, por la Audiencia Provincial. Según la ley de Policía, al tratarse de funcionarios de este cuerpo, con fuero especial, el juez no sería el encargado de decretar el procesamiento. Los cinco funcionarios, cuatro de la Brigada Regional de Información y uno de la Brigada Central de Información, permanecen en las dependencias de la DSE en situación de prisión preventiva, aunque tienen, al parecer, libertad de movimientos por las dependencias policiales.