La ordenación del sistema financiero es discriminatoria para el pequeño ahorrador, según el PSOE

El Consejo de Ministros aprobó ayer las medidas propuestas por el Ministerio de Economía sobre liberalización y reordenación del sistema financiero (véase EL PAÍS de 4-1-1981) que incluyen la libertad de tipos de interés total para operaciones activas (créditos), parcial para operaciones pasivas (depósitos de más de un millón de pesetas y a más de seis meses), el establecimiento de topes máximos para las comisiones bancarias y la supresión de la limitación del 6% para los dividendos de la banca. El PSOE ha. declarado que estas medidas «son discriminatorias para el pequeño ahorrador».

«No parece justo», ha insistido el portavoz del partido socialista, «que la ley consagre la discriminación que supone, entre el ahorro grande y el pequeño, la regulación de los tipos de interés según la cuantía de los depósitos entre seis y doce meses. Las medidas son discriminatorias para el ahorrador, puesto que consisten en una liberalización total de los intereses activos no sometidos a coeficiente, manteniendo regulados los intereses pasivos a plazo inferior a seis meses».«El Gobierno se limita a legalizar la partida generalizada del pago de extratipos», añade el PSOE, y «existe ya una suficiente experiencia para temer que este tipo de actuación termine encareciendo aún más el coste del dinero, tanto a corto como a largo plazo, dañando gravemente las decisiones de inversión de las empresas».

«Las medidas no son liberalizadoras», según la declaración socialista, «ya que no afectan mínimamente a la estructura del sistema bancario, sumamente concentrado y protegido frente a la competencia exterior e interior. Garantizan la futura evolución positiva de la cuenta de resultados de la banca, precisamente cuando parece anunciarse la presentación de resultados récords por parte de ésta, en relación con el ejercicio de 1980, y sin que se obtengan contrapartidas en orden a la reducción de sus altos costes de funcionamiento ».

«Tan favorable situación de las entidades bancarias contrasta», según el PSOE, «con la gran parte de las empresas de otros sectores, las cuales deben hacer frente a crecientes costes financieros. Con ello se acentúa la tendencia en favor de la existencia de una banca privada cada vez más saneada, mientras las empresas y el país se enfrentan con grandes dificultades».

Fuentes de la banca privada califican las medidas con diversos matices, que varían según el volumen de depósitos de su entidad, como de «verdadera revolución en el sistema bancario», y se muestran ahora menos reticentes a la reforma aprobada por el Gobierno, algunos porque la aceptan a la trágala y otros porque han conseguido dulcificar, a lo largo de la negociación, el proyecto inicial del Banco de España.

El último borrador estudiado por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, el pasado martes y 13 en la Moncloa, ha sido rectificado en algunos detalles no esenciales para mitigar las preocupaciones mostradas ante el proyecto por los ministros de Industria, Agricultura y Obras Públicas, así como por la CEOE, cuyos portavoces han sido acusados por algunos empresarios de defender a sus asociados banqueros -cuyas cuotas en la patronal no son despreciables- más que al resto de los miembros.

Uno de los detalles corregidos al alza, a última hora, ha sido a la comisión bancaria que para efectos domiciliados pasan de 0,25% a 0,40%, y para los no domiciliados lo hace de 0,50% a 0,70%. En todo caso, el tope máximo fijado para estas comisiones no es muy del agrado de la banca, que acostumbraba a cobrar hasta ahora 1,5% y 2%, respectivamente, y que reivindica aún la libertad total para las comisiones. La CEPYME, patronal de la pequeña y mediana empresa, ha sido la única voz empresarial que ha pedido públicamente «terminar con las altas comisiones bancarias».

Otra de las concesiones realizadas a la banca ha sido el abandono del compromiso inicial del Gobierno de reducir el inhabitual plazo de seis meses, para la libertad de tipos pasivos, a tres meses a principios de 1982, para hacerlo desaparecer totalmente después. El límite del millón de pesetas de depósitos para tener acceso a los tipos libres, supone, según fuentes bancarias, reconocer simplemente lo que ya se venía haciendo en la realidad.

El agujero de las comisiones de estudio

Algunos especialistas del sector han señalado a este periódico que lo que no puedan cobrar los bancos de más en las comisiones fijas ordinarias lo cobrarán a través de comisiones extraordinarias no reguladas por el Gobierno, con el fin de mantener públicamente tipos de interés moderados. Una de estas comisiones no reguladas, la comisión de estudio, ha sido calificada de agujero en el paquete de medidas aprobadas ayer. Esta comisión de estudio puede devolver a la banca uno o dos puntos de interés para sufragar los gastos de la investigación sobre la viabilidad de un proyecto, previa a la concesión del crédito. A menudo estos estudios que se cobran nunca llegan a realizarse totalmente.Los tipos de interés activos van a subir momentaneamente, según estos expertos, pero bajarán a medio plazo. En cuanto a la libertad de reparto de dividendos bancarios, contemplada en la reforma, fuentes bancarias han señalado que se trata de una concesión «a la galería», de una simple medida cosmética, ya que la banca estaba muy contenta con el decreto Larraz -aunque pedía a voces su derogación ante los accionistas-, que les impedía dar dividendos por encima del 6%. La libertad, en todo caso, sólo será efectiva a partir de los dividendos que se repartan en 1984 de los resultados del año 1983. Hasta entonces, el Banco de España debe autorizar previamente las propuestas de reparto.

«Si no se ha avanzado más por el camino de la liberalización ha sido», según fuentes del Banco de España, « por la mala situación en la que se encuentran la mayoría de las empresas, cuyos beneficios han caído en 1980 con relación al producto interior bruto.

Por otra parte, las mismas fuentes insisten en que estas medidas no deben encarecer por sí mismas el coste del dinero, ya que el supuesto mayor coste del pasivo (depósitos) no se traslada tan automáticamente como dice la banca al activo (créditos). La banca, en todo caso, cobrará el máximo posible por los créditos, cualquiera que sea el coste de sus depósitos. Lo contrario sería suponer que si gana mucho por sus créditos va a pagar más por ello a sus depositantes, lo cual es más propio de instituciones benéficas o de hermanas de la caridad que de entidades bancarias que tratan de maximizar su beneficio.

Las fuentes del banco emisor han señalado la importancia que tiene, en estos momentos, que el mercado funcione de manera más transparente y, sobre todo, que el concepto de plazo funcione de verdad, para lo que, en breve, se van a reforzar las medidas de inspección del Banco de España y dictar nuevas normas contables.

El Gobierno hará público, el próximo lunes, el texto aprobado en el Consejo de Ministros de ayer. También aprobó el consejo un decreto sobre financiación a medio y largo plazo, que aplica a las cajas de ahorro -toda la normativa que modifique la de las cajas ha de tener rango de decreto- el mismo depósito obligatorio fijado para la banca, equivalente al 7% de sus pasivos computables y no remunerado. Este depósito se liberará a medida que cajas y bancos concedan créditos a plazo no inferior a tres años.