El Plan de Urgencia para Extremadura prevé inversiones superiores a los 250.000 millones de pesetas

El Gobierno estudia estos días el Plan de Urgencia para Extremadura, elaborado por la Junta regional, que prevé inversiones globales de 250.195.100.000 pesetas, durante un período de aplicación comprendido entre tres y cinco años. El plan, al que ha tenido acceso EL PAIS, presenta como objetivos básicos la lucha contra el paro y el equilibrio infraestructural de Extremadura con el resto de las regiones, al ser la menos desarrollada de todas ellas. El PSOE no suscribió el documento por considerar que las inversiones previstas (fundamentalmente en Obras Públicas y Agricultura), tal y como están enfocadas, no observan criterios de prioridad ni conseguirán el volumen de empleo que necesita la región para iniciar su despegue económico.

Los capítulos más importantes de estas inversiones son Obras Públicas y Urbanismo (158.550.400.000 pesetas) y Agricultura (pesetas 5 1.294.000.000). Con esta política, la Junta pretende remediar no sólo el problema del paro a corto plazo, sino dotar a la región de una infraestructura suficiente que permita enlazar con un despegue mucho más estabilizado del desarrollo económico.De acuerdo con sus propuestas, estima la Junta que el empleo generado por inversión directa durante la ejecución del plan será de unos 50.900 puestos por año, el 40% de los cuales mejoraría el índice de ocupación actual o subempleo. La inversión indirecta supondría otros 5.000 puestos de trabajo anuales. Y como consecuencia de las realizaciones materiales de estas inversiones, directas e indirectas, se crearían otros 10.765 y 18.000 puestos de trabajo, respectivamente.

En un período de tres años, el PUEX pretende dotar a Extremadura de una red de carreteras, tanto nacionales como provinciales, «que permitan romper el cuello de botella que supone la dificultad de transportes para el desarrollo de la actividad económica». En el sector agrario, la Junta aspira a que el PUEX financie la construcción de varias obras hidráulicas; se trata de una vieja aspiración regional, no sólo para aumentar la capacidad de embalse de cara a la agricultura, sino también con fines de abastecimiento a varias poblaciones pobres en aguas subterráneas. El ente preautonómico es partidario de mantener una serie de cultivos y actividades agrícolas y ganaderas, actualmente en crisis, porque se mantendría el empleo. y porque presentan mejor futuro de cara a la integración española en la CEE. Finalmente, en materia de viviendas, se persigue reactivar su demanda (créditos al promotor y préstamos al comprador).

Fomentar la inversión privada

Frente a éstas y otras inversiones estatales directas, la Junta de Extremadura dedica una parte de su plan a medidas de fomento de la actividad económica y a la inversión privada.

Pide concretamente, en este sentido, que las instituciones de crédito oficial, principalmente el Banco de Crédito a la Construcción y el Banco Hipotecario, establezcan unas líneas de crédito -a largo plazo- por valor de 2.000 millones de pesetas anuales, que se gestionarían mediante convenios con las cajas de ahorro que operan en la región. Estos créditos se destinarían a financiar, con carácter urgente y prioritario, los expedientes de viviendas que se encuentran en tramitación; a más largo plazo, a la adquisición de viviendas, cuyo presupuesto de construcción no exceda los siete millones de pesetas.

La Junta estima necesario que el Ministerio de Trabajo cree un fondo especial de 1.200 millones, que se destinaría a financiar con 400.000 pesetas -a fondo perdido- la creación de cada puesto de trabajo fijo; esta subvención tendría prioridad cuando se trate de contratos a favor de personas que ejercería con ellos su primer empleo.

El desarrollo industrial de la región se articula mediante el aumento de los beneficios de la gran área de expansión industrial (hasta un 30% del presupuesto de instalación), reduciendo hasta veinte millones de pesetas el tope mínimo de presupuesto que puede acogerse a ellos. Durante el trienio de aplicación del plan se prevé un gasto de recursos públicos de 4.200 millones de pesetas, que inducirían otros 9.000 del sector privado.

Y se estiman necesarias diversas actuaciones de empresas públicas o mixtas. Entre ellas, una planta de pelletización en Fregenal de la Sierra (3.500 millones de pesetas); otra, de energía solar (2.500); una de aprovechamiento de residuos sólidos (quinientos), y ampliación del capital social de Sodíex, hasta 3.000 millones, para que pueda desempeñar mejor sus objetivos. El plan estima igualmente necesario que las inversiones directas en materia de electrificación rural vayan acompañadas de otras del sector privado (2.000 millones), puesto que la infraestructura eléctrica rural resulta necesaria para el desarrollo industrial.

Una situación desesperada

La Junta extremeña recoge en el documento algunos datos relativos a la desesperada situación, de los que se desprende un claro agravio comparativo con el resto de las nacionalidades. En este sentido, se deja constancia de que la mayoría de las estadísticas manejadas corresponden a 1975 (últimos datos de que ha podido disponer la Junta), apuntando la posibilidad de que, desde entonces, la situación haya podido empeorar aún más.

La renta per cápita sitúa a los extremeños en el último lugar del ranking por regiones, con sólo 87.812 pesetas. Ello supone menos de la mitad de la correspondiente a Madrid (197.361), País Vasco y Navarra (190.963) y Cataluña (184.414), situándose muy por debajo de su inmediata superior, Andalucía (103.103) y de la media nacional (144.812).

La densidad de población extremeña es de 25,8 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que el índice medio nacional es de 70,8. Extremadura es la única región española que presenta saldo negativo en la población de hecho. Durante veinte años (1955-1975) ha perdido el 21,67%,de su población, el 26,40% de su población activa y el 30,7% de su población ocupada. El saldo migratorio arroja para el período mencionado una variación negativa del 53,7%, seguida ya muy de lejos por Andalucía (-22,8%). En ambas provincias extremeñas la cifra de emigrantes supera las 625.000 personas desde 1940.

En Extremadura, el 48% de la población se dedica, de una u otra manera, a la agricultura (porcentaje superior al de la mayoría de los países del Tercer Mundo, según destaca la Junta). En cambio, el sector industrial sólo emplea al 10,3% de la población, muy por debajo del 27,4% que supone la media nacional.

Y aun con datos referidos a 1975, los indicadores socioeconómicos del nivel de vida extremeño no son menos preocupantes. La mortalidad infantil (18,31%) era una de las mayores de España, sólo superada por Galicia (23,27%) y Asturias (19,08%). Disponían entonces de un solo médico por cada 962 habitantes (la media nacional era de 693). Igualmente ocupaba el último lugar regional en cuanto a consumo de electricidad (399 kilovatios por habitante y año), a instalación de teléfonos (73 por cada mil habitantes) o a vehículos de turismo (48 por cada mil habitantes). La Junta no quiere analizar ya «el grado de analfabetismo, el número de unidades escolares...», según párrafo textual del documento.

En cuanto a las cifras de producción, se destacan las referidas al producto interior bruto regional, que sólo representa 99.885 millones de pesetas, frente a cifras como las de Andalucía (707.233) o Galicia (317.282).

La participación del PIB en el total nacional es de un 1% para Badajoz, y un 0,7% para Cáceres. Estas provincias ocupan los lugares 30 y 39 en la correspondiente clasificación nacional.

Explica finalmente la Junta en el documento la estructura de la producción, que es netamente agraria.

Extremadura cuenta con 296 cooperativas del campo, en las que están asociados 64.478 agricultores (datos relativos a 1977); la participación de sus agricultores en la actividad económica es francamente alta, mientras que la del sector industrial es todo lo contrario.

Las ventas del sector agrario al industrial suponen el 34,6% de la producción total agraria. Las del sector ganadero, tan sólo un 7,2%; y las del sector torestal representan el 36,4% de la producción total forestal.

El autoabastecimiento industrial en Extremadura es muy inferior al de las demás regiones; el sector agrario absorbe el 13,3% de la producción total industrial, y el de servicios, el 5,5%. Las ventas del sector industrial al resto del país representan el 24,8% de la producción total, y sólo se exporta el 16,9 % de dicho valor. Entre los subsectores más deficitarios, el documento destaca los de transportes y comunicaciones, banca y seguros. El volumen monetario de los servicios importados sobrepasaba en 1975 los 1.600 millones de pesetas anuales.

Disconformidad del PSOE

El texto definitivo del PUEX fue elaborado sobre un primer proyecto de UCD, al que luego se le introdujeron enmiendas de comunistas e independientes. El PSOE, sin embargo, calificó este plan de «improvisado», y prefirió enviar al Gobierno -como anexo- su propia alternativa.

El primer partido de la oposición muestra en ella su conformidad con el PUEX en la necesidad de asignar a Extremadura, por las vías presupuestaria y del crédito oficial, una cantidad de 250.000 millones durante el período de actuación que se fija. Sin embargo, no asume las deficiencias técnicas del plan ni su línea político-económica, «que se decanta hacia la vía de la inversión directa estatal (que absorbería casi la totalidad de los tóndos), mientras que reduciría a un mínimo el estímulo a la inversión directa privada y a la empresa pública, mucho más rentables y eficaces en la creación de empleo. Considera, por tanto, que la propuesta de la Junta no contribuye apenas a generar empleo y provocaría fuertes pérdidas en la agricultura regional.

No obstante, en caso de que su alternativa no sea aceptada o tenida en cuenta por el Gobierno, el PSOE hace pública su intención de apoyar el PUEX, en bien de la propia región.

Para los socialistas, en'la lista de inversiones propuesta por el PUEX no aparece una selección de prioridades. Rechazan el amplio capítulo de inversiones en la construcción de carreteras (37.000 millones), por el alto grado de mecanización existente en este sector, que sólo daría trabajo a unas seiscientas personas; sin embargo, mediante estímulos directos al empleo, se podrían generar más de 25.000 puestos. Y se opone igualmente a la transformación en regadíos de 170.000 hectáreas -tal y como propone el plan-, que sería más del doble de la superficie transformada en toda España durante los últimos cinco años. En la opinión socialista, ello puede provocar fuertes pérdidas en la agricultura regional, ya que los precios se hundirían por exceso de oferta; además, el coste de transformación en regadíos mediante obras hidráulicas es siempre más caro (dos o tres veces) que la captación de aguas subterráneas o superficiales (abundantes en la región). En definitiva -dice el PSOE-, el PUEX dedica 44 veces más recursos a la iniciativa estatal que a la privada.

Y como línea concreta de actuación, el partido socialista propone el establecimiento de transferencias presupuestarias para trabajos subvencionados, que se destinarían a financiar contratos colectivos de trabajo con agricultores y con pequeños y medianos empresarios de la región. Y para fomentar la creación de nuevos puestos de trabajo, propone lo que denomina «subvención al salario» (1.000 pesetas por jornal para trabajadores agrarios, y quinientas para el resto), que se haría efectiva solamente a aquellos grupos de empleadores que se comprometan a aumentar el empleo, para 1981, en una proporción mínima -a determinar- sobre sus niveles de 1980. La propuesta socialista considera que esta modalidad de trabajo subvencionado permite una mayor eficacia en la creación de empleo.