La diputación impondrá mayor disciplina laboral a sus funcionarios
La diputación provincial estudiará en su próximo pleno una serie de medidas dirigidas a ejercer un mayor control sobre sus funcionarios, eliminar el absentismo y aumentar la productividad y eficacia de la Administración pública. Uno de los casos que ha podido servir como detonante para la urgencia del proyecto es el de Fernando Alvarez de Miranda, uno de los fundadores de UCD, diputado al Congreso y miembro de la comisión permanente del partido, que figura en nómina desde hace siete meses -aunque no la cobre-, sin que aún se haya incorporado a su nuesto.
Sin embargo, las nóminas de estos siete meses, más la paga extra de julio, que ascienden en total a un millón de pesetas, aproximadamente, permanecen en depositaria a nombre del señor Alvárez de Miranda, sin que, al parecer, éste las haya retirado todavía. El propio Alvarez de Miranda afirmó ayer que ya advirtió en su día que no pensaba cobrar sin trabajar, y que desconocía por completo el hecho de que se le estuvieran abonando mensualidades como al resto de los funcionarios.De cualquier forma, este caso puede desencadenar una grave crisis política en la diputación. El asunto se ha desvelado precisamente en el momento en que se quiere iniciar el proceso citado de saneamiento interno y mejora de la imagen de la Administración pública, y cuando el grupo de diputados provinciales de UCD ha anunciado que está pensando seriamente en convocar un nuevo pleno extraordinario en el que se debatieran las presuntas prácticas antidemocráticas del señor Revilla, contra quien se centran desde hace meses los ataques de los ucedistas.
Tanto los funcionarios como los diputados consultados insisten en que el caso del señor Alvarez de Miranda lesiona seriamente la imagen de ética política que la izquierda presenta como una de sus cualidades diferenciadoras del régimen anterior.
Fernando Alvarez de Miranda trabajó algunos años en la diputación provincial, hasta que fue deportado a Fuerteventura, en 1962, por su participación en el llamado contubernio de Munich. (congreso democrático de oposición al franquismo). A principios de este año habló con Carlos Revilla sobre su reincorporación a la diputación, lo que fue aprobado en el pleno de febrero, con el informe positivo de la comisión de personal. El 28 de febrero, Alvarez de Miranda firmó los impresos que le reconocen su reincorporación y le acreditan como técnico administrativo general de la diputación, el máximo escalón administrativo, superado sólo por los cuerpos nacionales (secretarios, interventores, etcétera), a los que sólo se accede por oposición. Desde el mes de marzo comienzan a consignarle su salario, alrededor de las 132.000 pesetas mensuales, que se van acumulando en depositaría sin que los retire. En julio declaró que por sus quehaceres políticos aún no tenía asignado un puesto fijo, y que en absoluto tenía ninguna intención de cobrar sin trabajar, y que su reingreso en la diputación obedecía fundamentalmente a una satisfacción de orden moral.
Sin embargo, y con el desconocimiento del aludido, el total de las nóminas de marzo, abril, mayo y junio sumaba ya 527.113 pesetas, últimos datos concretos de que se dispone, ya que el listado de haberes del personal se hace semestralmente. De esa cantidad, unas 480.000 pesetas están a su disposición en depositaría. El resto corresponde al impuesto por rentas de trabajo y a la Seguridad Social. La comisión de personal se dio cuenta de la anomalía que supone que un técnico esté originando unos gastos por un trabajo que no desempeña, y dio cuenta al señor Revilla, quien no parece que haya adoptado hasta el momento ninguna medida al respecto.
