La reestructuración del sector electrodomésticos, pendiente del pronunciamiento obrero
Este grupo nacional de electrodomésticos de línea blanca se constituiría alrededor de las empresas catalanas Corberó y Domar, que, a través de un grupo con participación mayoritaria en las demás empresas, compraría activos industriales, utillajes y la marca le las antiguas sociedades Bru, formando Nueva Bru, SA. Las negociaciones para la constitución de esta nueva sociedad se celebran también estos días.En un informe entregado por Check a las partes interesadas, se dice que la constitución del Nuevo grupo de Electrodomésticos (así podría llamarse) responde a los planteamientos de la Propuesta de políticas de saneaciento, presentada hace meses por la propia patronal del sector, ANFEL.
En este sentido, la formación del nuevo grupo -según los autores del plan- ofrecerá como principales ventajas que cada fabricante derá especialista en la fabricación de un producto únicamente: Domar fabricará lavadoras de calidad estándar; Bru, lavavajillas y lavadoras de alto precio; Corberó, calentadores y cocinas (a gas y eléctricas); Carsa, frigoríficos; Mepamsa, estufas de gas, campanas y condicionadores de aire, y Solthermic, placas solares y difusores de calor por radiación. Según el informe de Check, el aumento de las series de fabricación supondrá una reducción de costes y, un incremento de la productividad y la competitividad; igualmente, un mayor potencial de compra con mayores oportunidades de precios, también un mayor potencial de exportación, con el respaldo de la gama de productos más completa del mercado.
Según el plan de la empresa onsultora, sólo el sacrificio de todas las partes implicadas (Administración incluida) propiciará la reflotación de estas empresas en crisis, alguna de las cuales (casos de Kelvinator y Bru) están paradas y registran un deterioro económico progresivo y alarmante.
Así, cada uno de los empresarios se compromete a ceder a la nueva sociedad acciones por un valor del 7% del valor del capital, realizado en forma de un vendí de esas acciones; su precio será el que resulte de as auditorias y valoraciones de activos y fondos de comercio que se realicen con un criterio homogéneo.
Se comprometen igualmente los empresarios a no vender, a través de su propia red de comercialización, productos que no sean fabriados por las propias empresas, a no ser que se trate de alguno que no pueda ser fabricado por ellas o no interese su fabricación. Estas empresas no podrán realizar inversión aIguna que no esté autorizada por el grupo, y habrán de seguir las indicaciones de éste sobre fabricación y mercados. Tampoco repartirán dividendos hasta que estén mortizados, al menos, los dos tercios de los créditos concedidos por la Administración, y se comprometen a mantener el grupo abierto a otras empresas nacionales que cumplan las condiciones para incorporarse a él.
La viabilidad económica y financiera de la nueva sociedad, según el estudio, requiere una reducción de plantillas que afectaría a 1.700 de los 6.000 trabajadores ue integran actualmente las nóminas de las seis empresas (véase cuadro, adjunto). Si se cumplieran las previsiones del plan, dice el informe, existe un sobrante de personal que habría que mantenerse en regulación de empleo.
En base a este primer estudio de urgencia, y al margen de los resultados que ofrezcan los posteriores y necesarios planes de viabilidad para cada una de las empresas, las necesidades crediticias del nuevo grupo para garantizar sin traumas su supervivencia asciende a 5.900 millones de pesetas, cantidad que se solicita a la Administración por medio de Industria.
Al Ministerio de Hacienda se le pide la exención del impuesto sobre transmisiones patrimoniales, beneficios fiscales sobre fusión de empresas y créditos del Fondo de Garantía Salarial para el pago de las indemnizaciones necesarias al personal sobrante en la reestructuración del grupo.
Y como peticiones al sector español de electrodomésticos, la declaración del mismo como de interés preferente; supresión o, en su defécto, unificación al 5% del impuesto de lujo para todos los productos; implantación inmediata de la homologación obligatoria para los aparatos importados; apoyo a la exportación y exención de derechos arancelarios a la importación de bienes de equipo e instalaciones industriales.
Finalmente, el plan prevé que en todos los casos los accionistas de las sociedades integrantes habrán de hacer ampliaciones de capital, excepto en el caso de Domar, que no lo necesita, y en el caso de Nueva Bru, que tendría un capital nuevo de constitución de 750 millones de pesetas. De este modo, Corberó debería hacer una ampliación de capital de 650 millones de pesetas; Carsa, de 1.300, y Mepamsa, de 100. Aún no se ha estudiado el caso de Solthermic.
Aceptación de los empresarios y recelo en los trabajadores
Los empresarios, que naturalmente aceptan el plan, firmaron el pasado día 3, en el Ministerio de Industria, un documento por el que se comprometían a cumplir su parte de sacrificio. Se decía en él que la constitución de cualquier grupo obliga a considerar la viabilidad individual de las empresas que se van a agrupar, y que, por tanto, todas ellas deberían entrar en rentabilidad en un período de tres años. Durante ese tiempo, las empresas funcionarían de un modo independiente, bajo la gestión y control de un comité de grupo que dictaminará las políticas de fabricación y marketing. Cada una de las empresas tendrá en el comité un representante con voz y voto. Pero si se tiene en cuenta que la nueva sociedad se nucleariza en tomo al grupo catalán y que sus representantes cuentan con dos votos en el comité (también el de KeIvinator), parece claro que Nuevo Grupo de Electrodomésticos será una sociedad dirigida por el Banco Industrial de Cataluña, mayoritario en las empresas catalanas. Estará dirigido, en definitiva, por Banca Catalana.
El saneamiento de las empresas, tal y como propone Check, «exige un compromiso por parte de las centrales sindicales y comités de aceptar las reducciones de plantilla establecidas en el plan. Cada empresa deberá experimentar la reducción prevista para su situación específica, y, de no aceptarse, no podrá integrarse en el grupo».
En este sentido, las centrales sindicales consideran positiva la nueva sociedad, por cuanto supone la concentración y especialización de producciones. Sin embargo, no están dispuestas a firmar ninguna cifra de reducción de empleo que no resulte de una negociación en las que ellas participen. Proponen su inicio, valorando las características de cada empresa y aceptan el criterio de que existe en el sector un excedente humano, que será necesario cuantificar conjuntamente.
En su opinión, para negociar las plantillas de cada empresa deberá tenerse en cuenta la necesidad de alcanzar los tiempos de fabricación requerida para garantizar la estabilidad de las empresas, ante el reto que supone la entrada en la Comunidad Económica Europea. Coinciden con los empresarios en que, sobre la eficacia del sistema productivo, inciden la política de inversiones, la racionalización de la organización, las mejoras tecnológicas, la programación de la producción, las series de fabricación, el clima laboral, las condiciones de trabajo, la política salarial, la cualificación y adaptación de la mano de obra y un largo etcétera.
Según establece ese acuerdo de principio centrales-empresarios en materia laboral y de empleo, los sindicatos «afirman su disposición a iniciar un proceso de discusión, tanto a las cifras de empleo previstas en el plan como a los posibles mecanismos de adecuación de plantillas, tal como se ha podido comprobar en las negociaciones que en su día se ultimaron para Carsa y Bru».
En principio, los trabajadores solicitan un crédito puente que permita la puesta en marcha provisional de esas dos empresas, a lo que, en principio también, se ha negado la Administración. En cualquiera de los casos, las reducciones de plantilla realizadas en ellas recientemente deberán ser absorbidas por las que ahora propone el plan de creación del nuevo grupo. También han puesto como condición los sindicatos que los posibles aumentos de plantilla que requiera en un futuro la nueva sociedad se cubran ofreciéndoles prioritariamente a los trabajadores que pierdan su empleo como consecuencia de la reestructuración.
Las centrales, pues, imponen unas condiciones que parecen no ser insalvables. En su opinión, los defectos más importantes del plan se encuentran en que no habla para nada de la industria auxiliar (adonde llegan también las consecuencias de la crisis sectorial) y que se ha realizado sin consultarles previamente. «Nos tememos», han declarado a EL PAÍS fuentes sindicales, «que si el resto de las empresas con problemas solicitan un trato similar a estas seis, puede registrarse una masiva reestructuración de plantillas que agrave aún más el problema del paro».
Las asambleas de fábrica tienen estos días la palabra.
