El sentido histórico de Azaña

Somos conscientes de los límites a que nos obligan nuestros deseos de cooperar a trazar en pocas líneas la personalidad de este hombre, de capacidad y actividades múltiples, y, por encima de todo, de esta excepcional figura de la política española. Tenemos, pues, que renunciar a analizar las múltiples actividades en las que cooperó a ensanchar el horizonte en la cultura española y humana. Hemos de limitarnos a considerar aquellos problemas políticos con los que este gran español hubo de enfrentarse.El problema militar

El primer problema, y quizá el más importante, que cayó en sus manos, fue el problema militar. El Gobierno provisional de la República le asignó el Ministerio de la Guerra. Hemos de señalar que entre sus estudios de política francesa figuran: Concepto de la política militar, Democratización del Ejército, Antecedentes políticos de la reforma militar de 1872, etcétera.

El Ejército en España venía interviniendo en la vida política del país durante el siglo XIX; tenía su Prensa, y la ley de Jurisdicciones estaba en sus manos y le permitía enjuiciar a los militares y algunos civiles culpados de ataques a la Patria o al Ejército.

La primera medida que tomó Azaña, como ministro de la Guerra, fue abolir dicha ley de Jurisdicciones. Su segunda medida fue suprimir el Consejo Supremo de Guerra y Marina y muchos privilegios políticos de que gozaba el Ejército: suprimió las ocho capitanías generales; comprobó que había un exceso de oficiales y permitió que se retiraran con el sueldo íntegro a aquellos oficiales que lo deseaban. Como segunda medida hizo jurar lealtad a la República a aquéllos que deseaban quedarse en el servicio activo.

Azaña puso de relieve con estas medidas la altura que alcanzaba la razón de su ideal republicano.

Constituido el Gobierno republicano, Azaña fue nombrado presidente del Gobierno, en 1931. Los problemas con los que se enfrentaba el Gobierno recayeron, pues, sobre su responsabilidad.

El problema religioso

El de más envergadura a resolver era el problema religioso, que se debía solucionar según señalaba la Constitución.

El presupuesto del clero quedó reducido según señalaba el artículo 26, quedando totalmente suprimido en 1933. Hemos de destacar aquel discurso de Azaña justamente refiriéndose a la nueva situación del Estado sin ataduras a la Iglesia católica. En él quedó para siempre marcado el presente y el futuro de esas relaciones: «España ha dejado de ser católica». Discurso de los mejores pronunciados por él, marcó en él la nueva situación del Estado sin ataduras a la Iglesia católica.

Azaña, hombre liberal, no era antirreligioso; para él, el sentimiento religioso no interferirá para nada en la política. Acometió el deber señalado en la Constitución en el citado artículo 26 y sus derivados.

Pero la Prensa de la derecha tomó ocasión para reorganizar y emprender nueva batalla contra los poderes constituidos, fuera de toda razón y derecho, ya que el Gobierno no hacía sino aplicar los preceptos de la Constitución.

El problema agrario

Otro de los hondos problemas que la República se propuso resolver era el problema agrario. Con esta finalidad emprendió Azaña la labor de estudio de la reforma agraria. A ese estudio dedicaron las Cortes Constituyentes todo el verano de 1932. A iniciativa del presidente Azaña se creó el Instituto de Reforma Agraria, con facultad de expropiar sin compensación los fundos feudales.

El problema era agudo en Andalucía y Extremadura, y su solución, urgente, pero no fue posible la total reforma a causa de las opiniones encontradas, que pudieran y debieran plegarse a la realidad de la tan necesaria reforma, lo que dificultó su aplicación, tan necesaria para la buena marcha de la República. Esta lenta marcha de la aplicación de la reforma permitió a los oponentes a ella decir que Azaña había fracasado en ese problema.

Pero Azaña no fracasó; la reforma deseada por él la hicieron fracasar esas encontradas ideologías de ciertos partidos que retrasaban su aplicación.

Azaña cumplió, asimismo, el deber señalado también en la Constitución en su artículo 43 y sus derivados. El citado artículo señalaba: «La familia está bajo la salvaguardia especial del Estado. El matrimonio se funda en la igualdad de derechos para ambos sexos y podrá disolverse por mutuo disenso a petición de cualquiera de los cónyuges, con alegación, en este caso, de justa causa».

La ley del divorcio era esperada con máximo interés, interés que acusaba su necesidad, dada la situación social en España. La Santa Sede no concedía la separación de los cónyuges, si no se atenían a las condiciones establecidas por la Iglesia. El divorcio por la vía civil no existía en España. La impaciencia, pues, de aquellos matrimonios que deseaban una situación nueva legalizada por el divorcio, era justificada.

Esa ley del Divorcio señaló con firme trazo la valiosa aportación del régimen republicano a la democracia.

Las elecciones de 1933 fueron una desconcertante mezcla: diecinueve partidos se agruparon para fines electorales en tres coaliciones: derecha, centro y algún sector de izquierda. Dos factores vinieron a complicar esas elecciones: la nueva ley Electoral, que amplió en gran extensión los distritos electorales, y el voto femenino, factor importante en esas elecciones, que aportó seis millones de sufragios. Esos dos factores contribuyeron a dar a las nuevas Cortes la mayoría a las derechas.

El voto femenino

Sobre esta cuestión tan debatida debo señalar que el presidente Azaña deseaba conocer mi opinión respecto a la posible decisión de otorgar el voto a la mujer. Fui a su casa; estuvimos examinando el problema, su pro y su contra, y con gran satisfacción por mi parte, Azaña compartía mi opinión, sobre el riesgo de otorgar entonces el voto a la mujer. Mi impresión de que el voto femenino favorecería a las derechas fue una realidad. Esas elecciones, apoyadas por los factores que hemos señalado, llevaron al Parlamento la mayoría de voto a las derechas.

Una vez más pude comprobar la clara visión política de Azaña y su certero sentido histórico.