El Senado aprueba el Estatuto de Centros Docentes

El Estatuto de Centros Docentes se ha convertido ya en ley, a falta únicamente de la preceptiva sanción real y su posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado, tras concluir el debate del Pleno del Senado, en el que, tal y como se ha repetido hasta la saciedad durante su transcurso, «no se ha movido ni una sola coma» del texto remitido en su día por el Congreso.

Los trabajos del Senado, tanto en el trámite de comisión como en el del Pleno, se han caracterizado por el protagonismo del ministro de Educación, José Manuel Otero. Un tanto paradójicamente, si se tiene encuenta la radical negativa de su grupo parlamentario a aceptar la más leve enmienda de contenido y hasta el estilo y, sobre todo, su escasa participación en las discusiones del Congreso, el ministro intervino de manera constante en los debates del Senado, en los que, por otra parte, los portavoces centristas han renunciado constantemente a hacer uso de sus turnos en contra de: las enmiendas de los restantes grupos.Muy a pesar suyo, como él mismo aseguraría al término de la sesión de ayer, el señor Otero Novas provocó con algunas de sus intervenciones situaciones de tensión, inéditas en la Cámara alta.

Una de estas situaciones se produjo ayer cuando se discutía el artículo 34, uno de los más polémicos del estatuto, en el que se reconoce a los titulares de los centros privados el derecho a establecer un ideario propio. El ministro, que ya en la intervención de la mañana, con motivo de la discusión del artículo 25 (en él se establece que los directores serán designados por la Administración), había provocado la exasperación de los senadores de la oposición al calificar como «falsedades» muchos de los argumentos socialistas, dio lugar a un nuevo alboroto cuando recordó a los socialistas su «pasado revolucionario». El señor Otero Novas hizo mención expresa al intento por parte del PSOE de «sublevarse contra un Gobierno legítimamente constituido» en 1934.

Fue entonces cuando el portavoz del Grupo Socialista, Juan José Laborda, pidió la suspensión del Pleno durante diez minutos «para reflexionar», lo que provocó una teatral expectación en la Cámara. Concluida una breve reunión de los parlamentarios socialistas, la senadora Amalia Miranzo explicó irónicamente, a petición de los informadores, que simplemente se había tratado de conceder unos minutos al ministro para que se «serenase».

Reanudada la sesión, el portavoz socialista, señor Laborda, dijo que su grupo había decidido la renuncia a defender los votos particulares a los restantes artículos pendientes de debate, a excepción de los referidos a una de las disposiciones adicionales en aras de la brevedad, pero también para evitar la continuación del debate en el tono de tensión que, en su opinión, estaba provocando las intervenciones del ministro, y que, de continuar así, «acabarían creando las condiciones para el desprestigio del Senado».

Una posterior intervención del senador José Prat, aplaudida por todos los grupos, tuvo la virtud de despejar la tensión y permitió que la sesión concluyera en un tono de franca cordialidad, no sin que antes el ministro asegurase que en ninguna de sus intervenciones había existido el menor ánimo de «injuriar o de provocar» a los representantes del Grupo Socialista y pedir perdón por aquellas ocasiones en que tal vez el tono pudiera haber dado lugar a tales interpretaciones.

La enmienda socialista a la disposición adicional 1ª, en la que se faculta a las comunidades autónomas para modificar o suspender algunos de los artículos del estatuto, a pesar de su carácter de ley orgánica, corrió la misma suerte que todas las presentadas a los artículos anteriores, y deparó nuevamente al principal partido de la oposición la oportunidad de reiterar su promesa de presentar en su día recurso de anticonstitucionalidad observada por los socialistas, muy especialmente en dicha disposición adicional.

El nombramiento del director

En la sesión de la mañana, el artículo más debatido fue el 25, en el que se señala que el director de cada centro será nombrado por la Administración, que previamente reglamentará el procedimiento de selección. Este artículo fue calificado por los socialistas como «sistema dedocrático» de nombra miento del director, y mantuvieron que el director debe ser elegido por el consejo de dirección.

Uno de los senadores socialistas que intervinieron en el debate, Casimiro Barbado, acusó a los senadores centristas de ser «agentes parlamentarios del Gobierno en la Cámara alta», lo cual motivó una respuesta del centrista Antonio Fernández Galiano, quien calificó de «insensatez» tal acusación, y lamentó que no se supiera distinguir entre el Ejecutivo y el Legislativo. Agregó que lo dicho por el senador socialista era no sólo ofensivo para los senadores de UCD, sino para el Senado como institución.

El ministro de Educación, José Manuel Otero, intervino personalmente en el debate del sistema de designación del director, afirmando que no es verdad que sea a dedo sino un procedimiento en que se tienen en cuenta los méritos de los aspirantes. «Pretendemos», agregó, «que los directores sean profesionales y apolíticos. Es necesario para que las escuelas se despoliticen, que buena falta hace». Asimismo, aseguró que todos los países de la Europa libre tienen un sistema como este de designación del director. «Además, cuando los socialistas gobernaron en España introdujeron el mismo sistema».

Otero relató a continuación, el ejemplo de una escuela autogestionaria -el Colegio Patronato Rivas, en el barrio del Valle de Hebrón, de Barcelona-, «en la que», dijo, «los alumnos mantenían relaciones sexuales dentro del centro, había consumo habitual de drogas, en el frontiscipio habilitado para capilla se podía leer «ni Dios ni Estado», dos alumnas fueron tiradas por la ventana, y una de ellas ha quedado inválida».