Campaña de Amnistía Internacional para abolir en todo el mundo la pena de muerte
«No existe ninguna relación entre la pena de muerte y la disminución de la delincuencia y de la criminalidad. Por esta razón, me declaro firmemente partidario de su abolición.» Así resumió el ex director general de Instituciones Penitenciarias Carlos García Valdés el sentido de su libro La pena capital presentado el pasado miércoles en Madrid dentro de la campaña organizada por Amnistía Internacional para conseguir la supresión del máximo castigo en todos los países del mundo.
Carlos García Valdés, que también se declaró contrario a la aplicación de la cadena perpetua «porque a partir de los quince o veinte años de internamiento el recluso sufre un deterioro irreversible en su personalidad», dijo haber sido el autor de los borradores que sirvieron de base para redactar el artículo 15 de la Constitución española, por indicación directa del entonces ministro de Justicia, Landelino Lavilla. Este artículo, que dice textualmente: «Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra», fue considerado por García Valdés como «muy progresista, en comparación con otras legislaciones».En efecto, en su libro se detallan las leyes referentes a la pena de muerte en los diferentes Estados del mundo, y, en una primera lectura, se puede afirmar que son los países que componen el bloque socialista y los integrantes del denominado Tercer Mundo los partidarios de la pena máxima, aunque, curiosamente, no existe la misma relación entre regímenes dictatoriales y liberales. Tal es el caso de Uruguay o el Portugal salazarista, en que está prohibida la pena de muerte, y, sin embargo, en Francia, país que respeta formalmente las libertades, ha estado vigente la guillotina hasta hace muy poco, hasta que, el año pasado, el ministro de Justicia propuso su abolición, a título experimental, durante tres años.
También negó García Valdés la creencia popular de que desde que en España quedó abolida esta pena se ha incrementado la delincuencia. «Aunque, efectivamente», dijo, «tenemos en España 16.500 internos en las cárceles y esta es una cifra altísima comparada con los demás países europeos, el incremento empezó en el año 1973, coincidiendo con la crisis económica, y nada tiene que ver con la abolición de la pena de muerte». Del mundo carcelario español dijo que ocurría un hecho muy grave y lamentable, como es el que el 63% de los presos sean preventivos. Del tema de las posibles torturas a los reclusos en el penal de máxima seguridad de Herrera de la Mancha, prefirió no hablar, «porque está pendiente de resolución y corresponde al juez dictaminar sobre estos hechos».
Amnistía Internacional, por su parte, manifestó que estaban en plena campaña de recogida de firmas entre las personalidades políticas y culturales de todo el mundo para apoyar un escrito dirigido a las Naciones Unidas en el sentido de suprimir la pena capital en todos los países.
