Política, democracia y justicia
Las observaciones de un fiscal general del Tribunal Supremo acerca de la penuria de demócratas entre jueces y fiscales han producido deliciosas respuestas. El secretario de Estado para la Información, señor Meliá, ha calificado de gravísimo el hecho; no el que haya pocos magistrados demócratas, que es lo preocupante y grave, sino el hecho de decirlo, que, cuando menos, es actitud cívica y saludable. Por la radio y por algún periódico se ha publicado -es de pensar que casualmente- el futuro texto de la ley Orgánica del Poder Judicial, que prohíbe a sus miembros intervenir en actos políticos. Más de un compañero del fiscal general revelador se ha conmovido ante el descubrimiento y se le han quebrado el gesto y la color.He aquí cómo unas cuantas palabras pronunciadas oportunamente generan una gran convulsión. Sin duda, la palabra es un acto específicamente humano. El llamar a las cosas por su nombre, el nombrarlas, fue lo. primero que hizo Adán pala dejar de ser lodo, según cuenta el Génesis.
El poder judicial no está peor que otras profesiones en caudal de democracia, se ha oído decir. No hay, por tanto, por qué hacer saber lo que no es excepcional.
Es este un modo de discurrir parecido al del señor Meliá. El cual cree que el juez ha de dedicarse solamente a hacer buenas sentencias, algo así como exigir del carpintero buenas mesas y del herrador que no marre el golpe en su momento. Pero la sentencia no está fuera de la ideología -lo dice el buen sentido, lo acredita la jurisprudencia (basta leerla) y lo imponen el Código Civil y la Constitución, con leerlos basta.
Ni la de juez es profesión, que sería ridículo tener por oficio el de ser justo, aunque ya hubo quien creyó que su profesión era la de jefe de Estado -y parece que lo hizo creer a otros.
La actividad del juez es una manifestación del poder del Estado, porque ajusticia emana del pueblo, que es donde reside la soberanía. Así que los jueces -sin perjuicio de que sepan leyes- encarnan un poder. Y en una sociedad democrática los que detentan el poder han de ser demócratas, requisito que no es de exigir a los odontólogos o a los ingenieros de montes, porque sus profesiones no son un poder del Estado, no son emanación de la soberanía.
El mundo de silencios y de adhesiones enfervorizadas que nos ha precedido ha de dejar paso a la libertad de expresión, de denuncia y crítica de las situaciones, para que los ciudadanos puedan conocer y examinar los hechos. En el buen sentir, en la sentencia generalizada, esto es parte esencial de la vida democrática. Así sucede en cuanto a otros poderes del Estado. Por ejemplo, se critica a concejales y diputados, lo que antes no era posible, cuando las Cortes orgánicas con sus procuradores, incluso con los familiares. ¿Por qué razón los jueces, que son poder, no han de regirse por criterios democráticos? ¿Son a caso hombres fuera de la Historia, que labran las tierras de Iván de Vargas -con lo que el terrateniente Iván nunca pierde-
La libertad de expresión es uno de los derechos cuyo reconocimiento y amparo vinculan a todos los poderes públicos. Eso quiere decir que si al ciudadano no se puede reprochar el ejercicio de ese derecho, tampoco será lícito cercenario a quien tiene por función su defensa. De la democracia es propio el debate. Podrá exigirse la prueba de lo que se afirme o rebatir lo afirmado, pero nunca descalificar o excluir al discrepante.
Ha habido un tiempo en que se creía -al menos así se hacía valer oficialmente- que luchar por la democracia era hacer política. Por esa confusión muchos españoles sufrieron persecuciones y condenas y hubieron de meditar durante largos años en las cárceles acerca de su «gravísimo delito », como hoy ocurre en algunas repúblicas de Latinoamérica. Entre aquellos españoles luchadores se contó la admirable persona del fiscal Jauralde, cuyas opiniones son hoy censuradas por el señor Meliá y por otros. Sin duda alguna esto que ahora se le imputa como «gravísimo» le fue también entonces imputado -siendo los mismos la palabra empleada y muchos de los que las pronunciaron.
Pero es sabido, aunque no por todos, que democracia no es igual a política. Democracia tiene que ver con civilización, con cultura, con humanismo. La política concreta se realiza dentro de la democracia como ámbito (Constitución, artículo 1, número 1). El que confunda democracia con política puede empezar a dudar de los contenidos democrático y político de sus convicciones. La composición del poder judicial no ha sido determinada por los nuevos aires. La extracción social, las enseñanzas recibidas y el oficio cumplido durante el tiempo pasado deben evitar la sorpresa ante determinadas actitudes judiciales. En su intervención, el fiscal Jauralde explicó que, en su sentir, el instrumento que ha de utilizarse para cambiar la situación es el de persuadir con el diálogo, con la conducta. El mundo judicial es poco permeable a las innovaciones. Es retraído, rutinario, tímido; aunque hay que exceptuar de la timidez a los resueltos y numerosos jueces, magistrados y fiscales que fueron gobernadores civiles, directores generales, asesores de ministerios y hasta ministros en el régimen anterior, y a los que en honor y respeto a su entereza habrá que tener por firmes y consecuentes en sus convicciones.
Que el fiscal Jauralde lo sea también en las suyas debe producir orgullo en sus conciudadanos -vistos más de un ejemplo, que incitan a lo contrario-. Aún creo que todos debiéramos ser alentados para que la actitud crítica fuera frecuente y que al fiscal Jauralde habría de serle agradecida su conducta. Que hoy, como en los años pasados, no conozca el miedo ante el deber de decir su opinión es reconfortante. Mejor fuera examinar y verificar lo que nos ha dicho, que no atribuir a labor de «expertos» lo que debe ser materia de reflexión de muchos. Seguramente es llegado el momento en que hay que sustituir el misterio por la explicación de los fenómenos, en que las palabras de la Constitución dejen de ser literatura -no demasiado buena, es verdad- para que se transformen en posibilidades al alcance de los ciudadanos, para que encarnen en la vida social. Hay jueces demócratas y fiscales demócratas, desde luego. Pero no es este el problema. No debe serlo. El problema es su escaso número.
