Metro y política

LA CIUDAD de Madrid ha vivido una jornada sin Metro y, pese al carácter fundamental de este medio de transporte en grandes urbes, no se ha producido el caos que se temía, fuera de las inevitables molestias en la circulación rodada, eternas esperas en las paradas de autobuses y alteraciones en el cumplimiento de las jornadas laborales. Aun a pie forzado es inevitable la comparación con huelgas de estos mismos empleados durante el régimen anterior, recibidas desde el poder con tan lamentable alarma que se recurría al Ejército y se militarizaba a los obreros. Las nuevas molestias de las huelgas legales no deben hacer olvidar antiguas arbitrariedades y desmesuradas presiones ejercidas sobre los obreros.En el plano de la solidaridad ciudadana debe destacarse la actitud de la mayoría de los automovilistas (los de Madrid). En algunas paradas de autobuses, la Policía Nacional invitó a usuarios únicos de vehículos particulares a tomar viajeros en su mismo trayecto. Es más que dudoso que la fuerza pública pueda tomarse estas bien intencionadas atribuciones, pero es socialmente despreciable la actitud, en situaciones como la de ayer en Madrid, de tanto «conductor solitario».

Hechas estas consideraciones, el conflicto del Metro madrileño se abre sobre un doble frente, sindical y político. Ambos desbordan el ámbito concreto de los problemas de los trabajadores de la Compañía del Metropolitano, lo cual no debe ocultar la realidad de que éstos, en su negociación, parten de unos salarios hartos bajos y que su apoyo a la huelga es total, por encima de diferencias sindicales o políticas.

Laboralmente, Comisiones Obreras -mayoritaria en el comité de empresa- está llevando un pulso a la política económica del Gobierno, que impone fuertes límites al crecimiento salarial de empresas públicas deficitarias. Prueba de fuerza indirecta por cuanto el Metro de Madrid aún no es empresa pública a todos los efectos, aunque se encuentra bajo intervención estatal y con una ley de municipalización ya aprobada y que será efectiva a medidados de año.

Así las cosas, esta prueba de fuerza de CCOO también se dirige sobre UGT (que ha tenido que apoyar la huelga) y el acuerdo-marco firmado por esta central sindical con la CEOE. Romper el acuerdo-marco en una empresa como el Metro de Madrid, cuyo convenio no puede albergar importantes diferencias con el de la EMT, también en difícil negociación, colocaría a la central socialista ante una seria contradicción.

Y este pulso sindical se remite indefectiblemente a los problemas de las coaliciones municipales de izquierda en los ayuntamientos. Las diferencias PSOE-PCE y el apagamiento de este último en ayuntamientos como el de Madrid van a dilucidarse a través de las centrales sindicales correspondientes de cada partido. Puede decirse que CCOO (al margen de la mejor o peor razón de sus reivindicaciones en el Metro madrileño) está procediendo a ayudar con su fuerza sindical a los concejales comunistas.

Este análisis por elevación de una discusión colectiva en una empresa de transportes de una gran ciudad puede parecer en exceso maquiavélica para un ciudadano no habituado a los usos y costumbres democráticos; no es así: son prácticas políticas legítimas y juegos inevitables con las siempre cambiantes correlaciones de fuerzas. Por ello, el principal punto de meditación de la jornada de ayer en un Madrid sin Metro no son las molestias de los usuarios, la fluidez del tráfico o la insolidaridad cívica, sino si existe una estrategia global del PCE, apoyado por Comisiones Obreras, para reivindicar mayor espacio al sol en las coaliciones municipales de izquierda, y si el Gobierno de UCD está procurando que se pudran las negociaciones de los trabajadores con los ayuntamientos de izquierda para poner en dificultades a los alcaldes socialistas, apearles de sus laboriosamente conseguidas peanas de moderación o enfrentarlos con sus bases sindicales.