Un proyecto de ley del Gobierno

A partir del título queda expresada la primera y fundamental anomalía. UCD ha elaborado un proyecto de ley a puerta cerrada. No ha contado para nada con los ciudadanos del Estado. Ningún sondeo, ningún análisis, nada. Solamente las influencias del grupo de presión confesional: CECE. FERE, etcétera.Y conste que no estamos hablando de una reglamentación que se viene aplicando de antiguo y que se trata de perfeccionar, no. Hablamos de un conjunto de normas que hoy todavía son pura teoría, y a partir de las cuales se cree posibIe impulsar la enseñanza por los nuevos cauces democráticos. Todos sabemos que la Constitución es tachada de ambigua, y da la impresión de que el Gobierno pretende aprovechar esa circunstancia, y que, cuando «consensuaba», se dijo: « Bueno, transigiremos en la ley, que ya tendremos tiempo de ocuparnos del reglamento.»

Parece ser que el ministro de Educación comprende nuestra inquietud, ya que en una carta remitida recientemente a los directores de colegios y a algunas asociaciones de padres de alumnos nos cuenta el punto de vista de UCD, en un alarde de cortesía post mortem, dado que la suma de votos de la derecha probablemente no permitirá opción alguna. Su lema, «paz, libertad y real oportunidad educativa». Es hermoso, ¿no creen?

Para lograr el primer objetivo, una genialidad en el estatuto. Es imprescindible sembrar la discordia en las escuelas si queremos que haya paz: niños disidentes o hijos de padres discrepantes, al pasillo; maestros que no admiten recortes a la libertad de expresión y los que saben combinar dicha libertad con un deseo de no adoctrinar, a la calle, a engrosar el batallón del paro. Para todo ello, un mecanismo seguro: que la ley deje bien a cubierto el ideario de centro, supremo paraguas del colegio mercantil-confesional. No, señor Otero Novas, no.

Aprender y practicar la convivencia

Para que la paz sea posible en la vida es necesario, entre otras cosas, aprender y practicar la convivencia desde pequeños. Y esto hay que hacerlo en la escuela, adiestrando a los niños en el respeto al compañero y en la tolerancia, y creando una atmósfera de equidad que la ética pedagógica puede perfectamente lograr. No inventemos ahora fantasmas hablando de una ideologización que nosotros no buscamos y en la que el confesionalismo y la dictadura han sido maestros inquisidores durante el medio siglo último cuando menos.

En lo que sí estamos de acuerdo es en que el debate de la enseñanza no debe enclaustrarse en el Parlamento. Su carta a los ciudadanos, señor ministro, es una iniciativa que va a tener seguidores en todos los ámbitos. Nos gusta el camino, que debe ser ampliado: participación. transmisión recíproca de información, Consejo Nacional de Educación, comisiones provinciales... Repetimos que nos gusta el camino iniciado. Porque el otro, el de «lograremos 190 votos, que son suficientes para sacar adelante la ley», supone. sin duda, una tentación para los hombres de UCD, pero que conduce a la superficialidad, al oportunismo político egoísta y miope y, en suma, a ignorar el fondo del problema. Creemos que el Gobierno debe superar esto.

Cuando en el Estatuto de Centros se contemplan la «libertad e igualdad de oportunidades», es inevitable dirigir la atención hacia el otro proyecto de ley que vendrá a continuación: el de financiación de los centros privados subvencionados, que se encuentra estrechamente ligado al primero. Resulta llamativa la complementariedad lograda por este par de leyes. La primera de ellas, retrógrada, tratando de ignorar conquistas reales en el terreno de la participación. La segunda, peligrosamente irresponsable, abre una vía de agua en un presupuesto de Educación austero y recortado, por la que se van a marchar irremisiblemente miles de millones en una nueva infraestructura de pago y de picaresca, amén de constituir un gran portalón abierto a la corrupción. En ambas leyes, por lo demás, un denominador común: ninguna experiencia, ni ajena ni propia; ningún período de rodaje.

Es verdaderamente grave todo esto, señores del Gobierno.

En cuanto al nombramiento de cargos directivos, no parece suficiente motivo la existencia de alguna anécdota negativa (maestros amiguetes que eligen un director débil para faltar a clase ... ) como para enmendar regresivamente todo un proyecto de ley, yugulando además de raíz nuevas experiencias llevadas a cabo con importantes aspectos positivos, aunque siempre habrá de insistirse en el perfeccionamiento de todo el conjunto.

Seamos serios. La calidad de la enseñanza no pasa sólo por «un maestro» competente, sino por «un equipo» competente y pedagógicamente compenetrado. Es la mitad del éxito, porque los hábitos democráticos sumados a un buen nivel de profesionalidad son garantía de eficacia o, cuando menos, de eficiencia dentro de los límites del sistema. Por el contrario, la ineficacia está absolutamente garantizada cuando un buen equipo pedagógico está sometido a los plenos poderes de una dirección impuesta por la Administración, que niega toda capacidad decisoria a la comunidad escolar, la cual necesitaría el máximo margen de movimientos para poder derrochar imaginación, ilusión, fantasía, labor de equipo... La verdad es que en todos los niveles de la enseñanza es absolutamente imprescindible la búsqueda de procedimientos con los que se pueda paliar algo el caos educativo del país. Caos, no lo olvidemos, que ha sido bien administrado durante casi medio siglo por todas las administraciones, sin excluir a la actual.

¿Cómo puede ignorar el Gobierno que el absolutismo del mando, el látigo en la mano del jefe como razón última no son conciliables con un proyecto democrático de educación cuya médula debe ser la participación real?

Sin embargo, para hacer más agudo el problema y para enrarecer el clima escolar. en el Estatuto de Centros se vacía de contenido a los órganos consultivos, en beneficio de la potenciación de la dictadura de los órganos unipersonales. Analicemos a quién beneficia y a quién perjudica una tal concepción.

Nos encontramos con un claustro sin capacidad decisoria alguna y comprobamos que lo mismo sucede con la junta económica, teórico instrumento de control presupuestario, que se deja a merced de quien en modo alguno desea ser controlado (para dificultar más las cosas, el reglamento es tremendamente ambiguo a este respecto), y vemos, por último, que el consejo de dirección tampoco puede decidir nada.

Mercantilismo confesional de la educación

Es evidente que el Estatuto está hecho a la medida de los empresarios de los centros escolares confesionales, cuyos objetivos se centran en el mantenimiento de una red nacional y mercantil de la educación. Todo ello, eso sí, envuelto en el celofán colorista de la ideologización, que, a la par que encubre aquellas intenciones, aparenta atender los deseos de un sector de ciudadanos. Deseos, nos atrevemos a decir nosotros, que obedecen, en su mayor parte, al arraigo de hábitos subconscientes no suficientemente contrastados. De ahí que haya «un sector importante y en constante auge de cristianos capaces de pensar por sí mismos que no están de acuerdo con el mercantilismo confesional de la educación.

El resultado de nuestro análisis no puede ser más desolador: maestros sumisos y silenciosos, porque el ideario obliga; posibilidad de que se impidan los derechos sindicales, entre ellos el de reunión, tal y como se desprende del artículo 16 del proyecto, y, por lo que respecta al campo de actuación, que se deja a los padres, no cabe sino pensar que el legislador no ha podido olvidar cuál es la realidad actual de las asociaciones de padres de alumnos en los centros privados de carácter confesional. Si se exceptúan singularidades o planteamientos más progresistas, como es el caso de la Confederación Cristiana de Asociaciones de Padres de Alumnos de Cataluña, la gran mayoría de las supuestas asociaciones, o no existen más que en el recibo de fin de mes o son la simple expresión de algunos padres cercanos y sumisos a la dirección del centro y, en cualquier caso, fácilmente manejables. No tiene nada de particular, pues, que se haya instrumentado un consejo de dirección tan absolutamente innocuo. Por lo demás, algunas de estas personas serán las que formen parte de la junta económica, que quemaría a quienes se propusiesen seriamente el carácter no lucrativo de la enseñanza.

Todas las razones expuestas anteriormente son la explicación concreta de la gran preocupación que invade a la mayoría de los ciudadanos. Ciudadanos conscientes, que saben de las dificultades económicas que aquejan al país y que tenían el derecho a esperar, mediante la elaboración de una legislación democrática de la enseñanza, una distribución más justa de prioridades, una mejor ordenación de los recursos y una limitación a los privilegios. Parece que las nuevas leyes de Educación no van en esa dirección y que, una vez más, el Gobierno no va a acertar. Si no se corrige y equilibra la situación, serán demasiados los perjudicados y, al final, como siempre, pagará el país entero, a excepción del club de los privilegiados.