El programa económico de UCD
Miembro del Secretariado Confederal del Sindicato Unitario
A finales de diciembre, el Gobierno hacía público el programa económico para 1979. El objetivo fundamental que perseguía era reducir el nivel de inflación hasta un 10%. Este fin justificaba la limitación impuesta al crecimiento de los salarios, las restricciones de créditos a las PYMES y la no adopción de medidas para luchar contra el paro.
En los meses siguientes, y ante la incapacidad del Gobierno de UCD para contener las subidas de precios, renuncia a su objetivo y aprovecha el alza del petróleo para autorizar elevaciones en los precios de numerosos productos, a la vez que acelera la redacción de otro plan económico.
El porqué de este programa hay que buscarlo en los resultados de las elecciones generales del mes de marzo. A su luz no sólo cobra este programa su verdadera dimensión, sino que se ve con claridad el proceso que, iniciado con el pacto de la Moncloa, prosigue con el plan de diciembre y desemboca en el actual «programa a medio plazo para la economía española».
El plan de diciembre nacía para tener una vida breve, pues con él sólo se pretendía establecer topes salariales en la negociación de los convenios colectivos, incrementar ligeramente la inversión pública con fines electorales y abrir un compás de espera hasta la celebración de las elecciones generales.
El triunfo de UCD es lo que lleva al presidente de la patronal del metal de Madrid y miembro de la ejecutiva de la CEOE a decir: «Ahora están despejadas las incógnitas políticas. El plan de diciembre se ha quedado viejo.»
Las medidas del mes de abril son calificadas por la CEOE como «insuficientes y parciales», ya que sus pretensiones, vienen a decir, no están ni mínimamente satisfechas todavía. La respuesta de los empresarios a estas medidas tuvo un rápido efecto de cara a acelerar el proceso de elaboración de un nuevo programa. Del verdadero programa de UCD y del que la CEOE sería su inspirador.
El 7 de mayo, el Gobierno notifica al Congreso de los Diputados que este plan estaba en preparación, y así la propia UCD presenta una moción en la sesión parlamentaria del día 10 en la que se le da un plazo al Gobierno para su presentación.
A partir de ese día se suceden las reuniones entre Abril Martorell y Carlos Ferrer (19 de junio), entre este último y Adolfo Suárez (28 de julio), y entre la banca y Abril Martorell (25 de julio). Y cuatro días antes de que el plan económico fuera llevado al Consejo de Ministros, y veinte días antes de qué, en pleno mes de agosto, Abril lo presentara a los medios de comunicación, expertos de la CEOE y del Gobierno se reúnen en Presidencia del Gobierno para dar conjuntamente los últimos retoques al programa económico. El programa de UCD era ya una realidad.
Cinco meses después del triunfo de UCD en las elecciones generales, y veinticinco meses después de que UCD subiera, como tal partido, al Gobierno, la CEOE y UCD tenían su programa.
Es imposible en este primer comentario sobre el programa económico de UCD, y por razones de espacio, dar mi opinión sobre todo su contenido y contrastarlo con las posiciones que frente a la crisis económica mantiene el Sindicato Unitario. Me limitaré, por tanto, a tocar algunos aspectos.
El programa de UCD es fundamentalmente un programa ideológico del que naturalmente extrae la aplicación práctica en cuanto a cómo actuar frente al paro, los salarios, los precios, la inversión o el sector público. La filosofía del programa está contenida en la nueva frase: «flexibilización de la economía» es decir, que la economía capitalista se desenvuelva libremente, sin intervenciones del Estado. El rechazo que los trabajadores han manifestado por el intervencionismo de los Gobiernos fascistas en favor de los grandes empresarios es ahora utilizado por UCD para justificar esa «flexibilización» de la economía, ya que, a su juicio, es incompatible con la nueva situación democrática. Es claro que el Gobierno debe intervenir, y el programa no es sino una serie de intervenciones, pero, eso sí, a favor de la banca, los monopolios y las grandes empresas.
El intervencionismo no es algo negativo por principio, lo será o no al respondernos a la pregunta de ¿en beneficio de quién se interviene? Los trabajadores desean que exista un Gobierno que atienda las necesidades de vivienda, sanidad o enseñanza, que dicte y obligue a cumplir leyes que mejoren las condiciones de trabajo en las empresas, que no ponga obstáculos a las libertades políticas o sindicales, que controle y no autorice las subidas de precios injustificadas, que asegure unas pensiones dignas o que garantice las condiciones de vida de los parados.
El Gobierno de UCD, bajo un engañoso respeto a la economía de mercado, ha elaborado un programa cuyo fin es facilitar la recuperación de las tasas de ganancia de las grandes empresas e iniciar un nuevo proceso de acumulación del capital, y de esta forma colocarse, a nivel interno, en una posición mejor para hacer frente a la crisis mundial del capitalismo.
El programa económico centra los dos ejes básicos de su actuación en el estatuto de los traba adores y en el plan energético nacional. Ambos temas son el hilo conductor que recorre todas las páginas del programa. Son como dos muletas que van a permitir al gran capital andar en medio del empedrado camino de la crisis económica que todos tenemos que recorrer.
La CEOE sabe que si ambos se llevan a la práctica se habrán puesto las condiciones más favorables para incrementar los beneficios, porque si uno le va a permitir tener ocupado rentablemente su capital en la construcción de las centrales nucleares, el otro le va a permitir no sólo contratar y despedir a los trabajadores como y cuando quieran las empresas, sino restringir los derechos sindicales y, por tanto, dificultar la utilización por los trabajadores de medios legales de defensa frente a los planes de la patronal.
Junto a estos dos ejes de la actuación del Gobierno, el plan recoge medidas dirigidas a legalizar el recurso a la inflación como forma de incrementar los beneficios, a disminuir la presencia del sector público en la actividad económica, a trasvasar recursos de los salarios a los beneficios, a dejar la solución al problema del paro en manos de los empresarios..., todo un conjunto de medidas puestas a disposición de los empresarios para que funcione bien la economía «libre» de mercado.
Ninguna sorpresa hay en el programa económico del Gobierno de UCD, ya que se limita a trazar el camino que la CEOE venía señalizando.
A los trabajadores nos queda avanzar por el camino de la unidad y utilizar la combatividad, que aún no han conseguido quitarnos, para enfrentarnos día a día a su aplicación e ir arrancando medidas que nos beneficien.
Y de nada vale que a este programa nos opongamos con otros de compromiso, con otros que no sean elaborados unilateralmente (ya conocemos la experiencia del pacto de la Moncloa) o con otros que desde la izquierda también se elaboren unilateralmente.
Frente a un programa de derechas, sólo se puede levantar un programa de izquierdas, que esté basado en la más amplia unidad de los partidos de izquierda, que cuente con el apoyo de todas las centrales sindicales y que desde ahora mismo empiece a ganarse ya la voluntad de todos los trabajadores. Los partidos de izquierda tienen esta responsabilidad y en este proyecto encontrarán el apoyo del sindicalismo de clase.
