La abolición de la pena de muerte está en peligro
Una gran inquietud pesa en nuestro espíritu. La razón de esta inquietud es la campaña iniciada por ciertos sectores sociales sobre el restablecimiento de la pena de muerte. Han existido siempre criterios individuales partidarios de la pena capital, sosteniendo la primitiva tesis de la ejemplaridad de la aplicación de esta pena. Estos criterios, ayer como hoy, son criterios sin base moral ni jurídica, tanto en los tiempos caducos como hoy, en que es imposible negar las teorías del Derecho Penitenciario y los índices que señalan la ineficacia de su aplicación. Pero en estos momentos es necesario denunciar esa campaña porque a ella se están adhiriendo personas de cierta autoridad pertenecientes al sector jurídico y político; no son conocidos hasta hoy los nombres de esas personas, pero es de lamentar que engrosen esa campaña que va contra disposiciones legales vigentes.¿Qué motivos impulsan esta campaña lanzada por sectores de escasa formación cultural? Posiblemente el móvil ha sido esos atentados terroristas de los que han sido víctimas la población civil; pero todos los argumentos que puedan presentar los defensores de la pena de muerte son falaces. Penalistas, estudios especializados, índices estudiados por técnicos en la ciencia penitenciaria, muestran con datos irrefutables que la pena capital no sirve de ejemplar intimidación al delincuente o presunto delincuente.
Hemos dicho, y estimamos un deber repetirlo, que la pena de muerte, su aplicación, es la confesión, por aquellos que sostienen su necesidad, de que la vida humana no tiene valor esencial y debe suprimirse en aras de intereses, intereses que son siempre de carácter extramoral. A estas consideraciones de carácter psicológico y moral debemos añadir consideraciones de carácter práctico. Un estudio de Estadísticas Internacionales muv reciente muestra que los Estados que han abolido la pena de muerte presentan índices más bajos de asesinatos, señalándose que en estos países los asesinatos en 1976 fueron 2,7 por 100.000 habitantes, mientras que en los países no abolicionistas fue de 4,9 por 100.000 habitantes. Estos índices no deben tomarse como inamovibles; aumentan o disminuyen según las circunstancias sociales, como es comprobado, pero siempre la proporción entre los países abolicionistas y los no abolicionistas presenta una gran diferencia en favor de los primeros. En estos tiempos en los que nos acosan tantas perturbaciones, surge, es evidente, una cuestión grave, y es la epidemia criminal. Esta cuestión pide, pero confusamente, se llegue a la extirpación de esos crímenes. El deseo es justo. Pero esa lucha contra los autores de esos crímenes no es, no lo será nunca, un procedimiento eficaz la aplicación de la pena de muerte, porque, a nuestro juicio, estos estados de convulsión social son patológicos.
La defensa social es un impositivo, pero no puede lograrse por el terror, y sólo puede alcanzarla un régimen político inspirado en el respeto a las libertades individuales, que constituyen la expresión de la voluntad de una mayoría. No se olvide que la pena de muerte ha sido abolida en nuestro país después de promulgada la Constitución.
