La "nueva política de vivienda"
Urbanistas¿Se confía tan sólo en la dócil contribución del aparato financiero? Tras el fracaso que esa misma pretensión obtuvo en la política de viviendas sociales, ¿parece ahora tener alguna viabilidad? Los promotores que pretendan acogerse al régimen de protección oficial (que acepten, pues, los precios y las características impuestas por la nueva legislación) parecen tener «derecho» a obtener unos créditos en condiciones menos exigentes que las que son norma en el mercado de capitales: doce años con dos de carencia, 11 % de interés, subrogable a los usuarios y en cuantía máxima del 70 % del precio permitido de venta (un máximo de 3.240.000 pesetas para el caso de la vivienda de máxima superficie útil admitida, noventa metros cuadrados).
Si bien las condiciones financieras que ahora se establecen son bastante más favorables para el sistema financiero que las anteriores, ¿puede el Gobierno asegurar, sin otro tipo de presión, que un incremento de tres puntos en la tasa de interés es suficiente para interesar a la banca y a las cajas de ahorro, que, con su pretendida «liberalización», se comportan cada vez más como aquélla? Además, ¿se ha calculado lo que las condiciones financieras significan para los potenciales «beneficiarios»? Para una vivienda de ochenta metros cuadrados útiles, la amortización mensual supera las 25.000 pesetas, con una entrada de 800.000 pesetas.
Se habla en los decretos de la posibilidad de subvencionar por el Estado a los usuarios que tengan ingresos inferiores a 2,5 veces el salario mínimo, mediante una ayuda personalizada que en los decretos no se fija (hay rumores de que esa ayuda podría llegar hasta el 50 % de la amortización mensual). Sin embargo, ello queda tan sólo apuntado sin que la cuantía agregada de esas ayudas -de elevada magnitud, cuando se pretende que se construyan cientos de miles de viviendas- se haya establecido hasta el momento, y tan sólo aparezca en el proyecto de presupuesto de 1979 la cantidad de 2.600 millones de pesetas en concepto de «transferencias a familias».
En esta ayuda personalizada consistiría la contribución directa del Estado a la vivienda protegida, junto a la indirecta de las desgravaciones fiscales (que mantienen los graves y criticados efectos sobre las haciendas locales y de tan escasas ventajas prácticas para muchos usuarios).
Pero, prescindiendo de la imprevisión sobre el monto de las ayudas personalizadas, hay algo quizá más grave: los precios máximos de las viviendas (a través del establecimiento del módulo) son los que corresponden a un mercado especulativo que el Gobierno parece estar dispuesto a respetar sin condiciones; de ese modo, la ayuda a quienes son «insolventes» en ese mercado se traslada en realidad a quienes gozan de una posición privilegiada (la propiedad del suelo); en lugar de establecer un precio máximo de vivienda sobre la base de que será necesaria una intervención pública para contener los precios del suelo, se ha elegido el camino inverso (nótese que a través del: establecimiento del módulo se está admitiendo que la repercusión del suelo en viviendas «protegidas» pueda representar más de un 30 % de aquél, casi equivalente al coste de ejecución).
Además, la intención de aplicar recursos públicos a la rehabilitación de viviendas existentes, en lugar de fomentar de forma exclusiva la construcción de viviendas nuevas, ha quedado relegada a una nueva promesa legislativa. Sin embargo, esa línea de política de vivienda es la que hoy podría constituir, precisamente, la forma de «cuadrar» los objetivos planteados por todos: a) reorientación del gasto público en la línea de lucha contra la inflación (exigencia de menor inversión por unidad conseguida). b) lucha contra el paro (la rehabilitación es más intensiva en mano de obra y la pueden realizar empresas pequeñas y medianas, y a la vez, c) afrontar de forma alternativa las necesidades de vivienda conservando la población en lugares más centrales.
Nos encontramos, pues, ante una fórmula convencional más de política de viviendas, «descubriendo», tantos años después de haberse inventado, una protección oficial de viejo cuño que sólo funcionó en los momentos de euforia económica y con aportación de cuantiosos recursos públicos (recuérdense las «viviendas ubvencionadas»). Hoy, en la crisis, no cabe esperar de su aplicación ni la reactivación del sector ni la mejora significativa de las condiciones de vivienda de amplios estratos de población. Para que fuese de otro modo, el Gobierno tendría que hacer uso de una capacidad política suficiente para forzar a un aparato financiero demasiado acostumbrado a marcar sus propios e interesados objetivos en orden al uso de recursos para la vivienda.
