Los derechos humanos en Irlanda del Norte
Ministro de Estado para Irlanda del NorteHan aparecido en las últimas semanas la reiteración de ciertas aseveraciones con respecto a las acciones del Gobierno del Reino Unido en Irlanda del Norte. Por supuesto, Irlanda del Norte, constitucionalmente forma parte del Reino Unido y durante los últimos diez años ha estado sometida por los provisionales del IRA a una campaña de violencia llevada a cabo de una manera más cruel y extrema.
Las aseveraciones no son nuevas: forman parte de la constante campaña de propaganda llevada a cabo por el IRA, que busca derrocar el Gobierno legalmente constituido de Irlanda del Norte; tratan de convertirla a través del ejercicio de la violencia en una parte integrante de una sola República irlandesa; y quienes, si consiguieran tal objetivo, tratarían igualmente de derrocar el Gobierno de dicha República mediante el ejercicio de la violencia.
Lo que las aseveraciones se cuidan de no mencionar es que el IRA, como organización, ha merecido el desprecio y la hostilidad de la abrumadora mayoría de la población de Irlanda del Norte, y ha sido denunciado por cada uno de los partidos políticos importantes de dicha provincia y por el Gobierno de la República de Irlanda. Para aquellos que conocen sus métodos esto no es sorprendente.
Hace unos pocos meses, en un tranquilo restaurante cercano a Belfast, capital de Irlanda del Norte, más de cien irlandeses norteños se encontraban disfrutando de una fiesta nocturna. De pronto, se produjo una explosión y en cuestión de segundos el restaurante se convirtió en un infierno. Murieron doce personas y muchos más fueron gravemente heridos.
El IRA admitió que ellos habían sido los culpables del holocausto. No era un hecho excepcional. Durante los últimos diez años, el IRA ha estado llevando a cabo actos de terrorismo. No todos ellos en la misma escala, aunque la mayoría dirigidos con intención de matar, herir y aterrorizar a gente inocente, además de causar el máximo daño a la propiedad.
Robos a mano armada, una forma de cuota revolucionaria y una forma de persuasión conocida como knee-capping (método que consiste en disparar a las rodillas a la gente que no quiere cooperar) son las tácticas normales del IRA en su tentativa de imponer la autoridad gangsteril en las secciones de la comunidad norirlandesa. Cualquier sugerencia de que este tipo de tácticas crueles y criminales son correspondidas mediante la utilización de métodos brutales por parte del Gobierno son totalmente injustificadas. Ninguno de tales métodos son pasados por alto ni siquiera empleados, y cualquier sugerencia en el sentido contrario muestra una total mal interpretación del problema y de su fondo.
El Gobierno del Reino Unido es responsable de la administración de Irlanda del Norte. Tiene responsabilidad para proteger a la comunidad del terrorismo de este tipo. El Gobierno ha subrayado claramente que sus objetivos no son solamente los de proporcionar seguridad, sino tratar de resolver los problemas económicos e industriales de la provincia, asegurar los derechos de sus minorías y proporcionar, tanto como sea posible, una vida normal para sus habitantes a pesar de las actividades de los terroristas, sin importar de qué parte de la comunidad proceden. Un elemento fundamental para el logro de estos objetivos es la necesidad de establecer, ante todo, un sistema idóneo de orden público, y segundo, cerciorarse de que las fuerzas del orden público sean respetadas y reconocidas por su imparcialidad y actuación estricta dentro de la ley. Esto significa que donde exista evidencia de que una persona ha cometido un delito deberá ser debidamente detenida, apropiadamente acusada y correctamente llevada ante los tribunales. La responsabilidad de las pruebas queda firmemente a expensas de la policía para probar más allá de la duda razonable que una persona acusada era culpable del delito alegado. Si fuera declarada convicta, el acusado tiene el derecho de apelación ante un tribunal superior y, en verdad, ha habido ejemplos en Irlanda del Norte de personas que aunque ampliamente considerados por la comunidad de haber estado implicadas en delitos de violencia, se han puesto en libertad porque un juez creyó que la responsabilidad de las pruebas no habían sido plenamente satisfechas. Las fuerzas de seguridad están, igualmente, sometidas a la ley, sin disfrutar de ninguna posición privilegiada.
Este es el respeto por la ley y este es el respeto por los derechos humanos. El término derechos humanos quizá ha sido blandido demasiado ligeramente. La observancia de los derechos humanos es la responsabilidad primaria del Gobierno; aunque no únicamente de él. Recientemente se citó a un periodista irlandés, quien pretendió que el Reino Unido infringía los derechos humanos más que cualquier otro país europeo y que estaba dedicado a la «tortura sistemática. en Irlanda del Norte». Esto es demostrablemente falso. El Gobierno del Reino Unido ha establecido de forma inquebrantable en la provincia el hecho de que debe de haber igualdad de derechos en cuestiones de la vivienda, en el empleo en el sector público, en derechos electorales y ante la ley, y que cualquier ciudadano tiene el derecho de apelación ante una persona independiente, el «Ombudsman», si considera que ha sido maltratado por el Gobierno central o local.
Hace muchos años que el Gobierno del Reino Unido terminó con el encarcelamiento sin proceso y, por supuesto, no existen los campos de concentración en Irlanda del Norte. En realidad, los alojamientos en las prisiones ocupados por aquellos debidamente procesados y sentenciados son de un nivel igual a los mejores de cualquier país de la Europa occidental.
En Irlanda del Norte algunos derechos humanos fundamentales son muy gravemente injuriados, pero no por el Gobierno. Lo son el derecho a la vida y a la educación de los niños en una sociedad libre de temores. Estos son, precisamente, los derechos que el IRA se niega a reconocer, mientras acusa al Gobierno de abusar de los derechos humanos.
Pero no hay duda que una campaña intensiva de propaganda está siendo dirigida precisamente por aquellas personas; personas que han asesinado o intentado asesinar no solamente policías, sino mujeres y niños; que han robado para beneficio personal e intervenido en otras actividades criminales; ellos, que al ser enviados a prisión, muchas veces habiendo admitido su culpabilidad, reclaman que tienen derecho a un trato especial porque dicen que los delitos cometidos fueron por motivos «políticos». Ningún país civilizado puede considerar, bajo ningún concepto, el asesinato de un niño de cuatro años o de una señora de sesenta, que iba simplemente de compras, como asesinato «político». Ninguno es encarcelado en Irlanda del Norte por sus creencias políticas, sino sólo por infracciones delictivas, muchas veces habiendo sido procesados y declarados convictos en tribunales abiertos. Cuando son enviados a la cárcel se espera de ellos que obedezcan las reglas de la prisión, y si así lo hacen se les otorga todos los privilegios que le son dados a cualquier prisionero. Uno de estos privilegios es el de la remisión de la mitad de sus sentencias a condición de que no se hayan visto involucrados en delitos, hasta la fecha en la que sus sentencias completas hubieran tenido que ser cumplidas. A pesar de esto, un determinado número de prisioneros han convertido sus celdas en zahúrdas, se han negado a utilizar ropas, a hacer los trabajos normales de la prisión o recibir visitas. En el momento oportuno esto se presentará como una represión por parte de las autoridades de la prisión. La publicación de tales afirmaciones les otorgarían una autoridad indebida y, por esa razón, es de esperar que éstas sean primeramente examinadas, meditadas y plenamente probadas.
