Autonomías y soluciones espaciales
A los parlamentarios catalanes nos sorprende el enfoque sectorial de las enmiendas que hemos de examinar en las ponencias y las comisiones; y lo mismo sucede con las interpelaciones y las preguntas que se plantean, tanto en el Congreso como en el Senado. Se pone de manifiesto la preocupación para dar respuesta a unas carencias; para atenuar o corregir déficit dramáticos de servicios comunitarios: en la enseñanza, en la sanidad, en la pesca, etcétera, el abandono rural y, por supuesto, la marginación de los suburbios, residencia degradada de la mayoría de votantes de la Entesa dels Catalans. Y, en mi opinión, no hay respuesta sectorial.Y no la hay porque en todas las nacionalidades y regiones coexisten los mismos problemas. Es su intensidad -su mayor o menor gravedad- lo que varía. En Cataluña, al lado del déficit de servicios comunitarios urbanos y suburbanos, que adquieren carácter extremo en la zona metropolitana barcelonesa, también tenemos paro estacional agrícola (pienso en mis electores de las comarcas catalanas del Ebro), como tenemos también escuelas unitarias en los pueblos y abandono en la actividad pesquera. En Andalucía sería prioritario el paro estacional y el crónico y en Galicia -seguramente- sería el problema pesquero el acuciante; pero Andalucía y Galicia, pongamos por caso, también tienen carencias suburbanas y de las demás citadas o no. Y lo mismo sucede en los diversos ámbitos territoriales.
Las aspiraciones autonómicas, felizmente generalizadas, responden a la necesidad de utilizar el enfoque espacial -territorial- para elegir las prioridades en función de la distinta intensidad de los problemas en presencia. Para ello son precisos órganos de gobierno autónomos, con poder político, en cada nacionalidad o región, capaces de decidir el uso alternativo de los recursos, siempre escasos, que tengan a su disposición, por cuanto las soluciones escogidas por tales órganos tienen mayores posibilidades de acierto y su ejecución se presume más eficiente, habida cuenta de la proximidad de los administradores tanto respecto del servicio que se trata de satisfacer como de los ciudadanos afectados. En estos meses de regímenes preautonómicos, sin competencias ni recursos, estamos decepcionando a nuestros electores. No puede prolongarse la vida de unos entes nominales sin los medios indispensables para cumplir unos fines, por modestos que se fijen, so pena de recoger en breve plazo un fruto muy amargo: el de la frustración colectiva. Y cuando las transformaciones socio-económicas que todo cambio político -comporta no se han producido, encima no se puede sembrar desilusión, porque gobernar es abrir cauces, oportunidades, que permitan a todos los ciudadanos aportar su creatividad y su iniciativa, con ánimos, con optimismo y con generosidad.
Hay que desterrar la sensación de impotencia que está presente y que alcanza a los propios parlamentarios, ante una máquina burocrática estatal heredada de la era autocrática, castradora de cualquier empeño creador. ¿Qué podemos hacer? Nuestros ancianos siguen con regímenes dispares depensiones o sin ellas, arbitrariamente, sin cauces para justas reparaciones; nuestros mutilados de guerra, discriminados y degradados y, a pesar de ello, sin acceso simplificado a sus mínimos subsidios, nuestros ayuntamientos sin poderes decisorios, cuando una administración local ágil tendría efectos positivos para atenuar el paro, mediante actuaciones municipales puntuales.
Convengamos en que la máquina burocrática estatal sólo puede desmontarse potenciando los gobiernos autónomos: desagregando competencias y servicios estatales y transfiriéndolos a las nacionalidades y regiones; vaciando de contenido las funciones de los detentadores del poder de ejecución centralizado. La reducción de las atribuciones concentradas en los órganos estatales contribuirá a que podamos alcanzar la solidaridad que todos deseamos, a condición de que no se interprete -la solidaridad- sólo como una cesión de la periferia en favor del centro, sino como generosa aventura conjunta, para velar por el bienestar y la prosperidad de todas las comunidades que integran el Estado español .
