El problema del paro de nuestra economía

La economía española, una vez superado el primer plan de estabilización, que se trazó en el año 1958 ha mantenido una situación con un nivel de empleo muy elevado hasta, prácticamente, los umbrales de 1974. La apertura de nuestro país al exterior y una época caracterizada por el gran auge de las economías industrializadas de Occidente fueron factores que incidieron favorablemente en nuestro desarrollo. La tasa media de crecimiento sobrepasó el 7% en términos reales a lo largo de una década, lo que permitió una oferta creciente de puestos de trabajo. Paralelamente, la válvula de la emigración coadyuyó al desarrollo en Europa mediante la aportación de mano de obra que se polarizó esencialmente hacia Alemania, Francia, Suiza y Bélgica. Estos hechos permitieron alejar temporalmente el fantasma del paro de nuestras tierras, que durante tanto tiempo había constituido una desgarradora pesadilla para España.A finales de 1973, una recesión incipiente fue agravada por la crisis energética, que en pocos meses cuadruplicó el precio del petróleo y cuyos efectos reforzaron las tendencias depresivas de numerosas economías a lo largo de los años 1974 y 1975. En este último año, en el área geográfica de la OCDE, el crecimiento del PNB fue negativo (-2%) y las secuelas de este proceso incidieron también en la economía española.

En junio de 1977 la economía española padecía una tasa de inflación que, elevada al año, sobrepasaba el 30%, con fuerte tendencia a la aceleración, y nuestras reservas eran de 3.700 millones de dólares, que sólo cubrían 2,5 meses de importaciones. Muchos economistas pensábamos que nuestro país podía desembocar en un modelo análogo al de numerosos países latinoamericanos, con tasas de inflación galopantes, devaluación permanente y fuertes tensiones sociales, resultando al final imposible la solución del problema.

El cambio de Gobierno, y la entrada en el mismo del profesor Fuentes Quintana, que con su prestigio y competencia hizo posible el «Programa de saneamiento y reforma económica», nos ha llevado a una situación totalmente diferente: la inflación ha sido reducida. Los índices del último semestre, elevados a tasa anual, nos dan una cifra del orden del 12,5%, con tendencia a decrecer, habiéndose roto las expectativas inflacionistas, y el nivel de reservas ha superado los 7.000 millones de dólares, con una cobertura de 4,4 meses de importaciones.

Partiendo de estas nuevas coordenadas en que se desenvuelve actualmente la economía española, y dado que la tasa de desempleo alcanza ya niveles preocupantes, es urgente articular una política realista de empleo.

Por diversas razones y condicionamientos de política económica nacional, y entre otras, por el grave déficit estructural de nuestra balanza de pagos, la economía española no podrá crecer en los próximos cuatro o cinco años a una tasa media superior al 4 %. Ello va a originar una fuerte tasa de paro, ya que no sólo no podrá absorberse el paro hoy día existente, sino que además puede ir en aumento, pues cada año van a acceder en demanda de petición de trabajo, por primera vez, unas 200.000 personas.

Una política de reactivación económica de forma indiscriminada es seguro que, de tener momentáneo éxito, produciría a corto plazo un fuerte desequilibrio en las cuentas exteriores, y los resultados obtenidos por el programa de saneamiento de la economía quedarían anulados.

Como expusimos en nuestro artículo «Desarrollo para todos», publicado en la revista Cambio, de 22 de marzo de 1976, una actuación del sector público en equipamientos colectivos de carácter social (educación, vivienda, sanidad) lleva consigo una gran demanda de personal, pocas importaciones y un menos componente de equipo capital, por lo que su incidencia sobre la balanza de pagos sería escasa.

Sin embargo, no hay que hacerse ilusiones, estas inversiones del sector público no pueden por sí solas resolver el grave problema del para

Para aquellos que se encuentran en paro por pérdida de su puesto de trabajo, es necesario instrumentar un seguro de desempleo adecuado y bien controlado, cuya financiación debe recaer tanto sobre la empresa como sobre los que conservan su puesto de trabajo; se trata de un seguro que debe ser financiado por todo el colectivo que trabaja y utiliza el factor trabajo.

No obstante, conviene tener presente que del paro existente hoy día en España, casi el 60% corresponde a una población juvenil que tiene menos de veinticinco años y que no ha accedido aún a puestos de trabajo.

Las medidas para resolver este problema del paro juvenil podrían ser las siguientes:

- Adelantar la edad de jubilación, tanto en el sector público como en el privado, rebajándola paulatinamente hasta alcanzar los 65 años.

- Exención de la cuota de empresa de seguros sociales, para los empresarios que contraten jóvenes menores de veinticinco años, que hayan terminado sus estudios universitarios, de formación profesional o de cualquier otro ciclo, siempre que la duración del contrato sea superior a seis meses.

- Cursos de aprendizaje o de formación en empresas, financiados conjuntamente por las empresas y el Estado.

- Contratos de empleo-formación en empresas, subvencionando el Estado parte del salario pagado.

- Ayudas a los que se desplazan al extranjero con contrato de trabajo.

A pesar de estas medidas y de otras análogas que pudieran implantarse, es evidente que, por su volumen, el paro juvenil no podría ser eliminado en una gran parte. Para estos jóvenes que no han cotizado a la Seguridad Social y que, por tanto, no pueden acceder al seguro de desempleo, es necesario encontrar una solución.

Como expuse en mi artículo «Los problemas de la Seguridad Social», publicado en la revista Cambio, de 8 de mayo de 1977, si para la comunidad resulta más conveniente mantener en paro un cierto porcentaje de la población activa, que lanzar a la economía a un crecimiento por encima de sus posibilidades, ha de ser la comunidad, vía impuesto, la que sufrague este poste de ayuda de paro juvenil.

Si, como se ha indicado, no es posible absorber el paro juvenil al ciento por ciento, y considerando las posibilidades de una prolongación de la formación profesional, esta ayuda sólo podría percibirse para los mayores de veintiún años. Transcurrido el plazo que se considere procedente, después de terminados los correspondientes estudios, una vez demostrado que no se ha encontrado un empleo, ni tampoco haber sido posible disfrutar de los que han sido enumerados anteriormente (creados especialmente para combatir el paro juvenil) y que la renta del hogar familiar no sobrepasa las cuantías fijadas en función del número que lo componen, se tendría acceso a la mencionada ayuda.

Cualquier política de empleo que se instrumente debe evitar indudablemente un nuevo relanzamiento de las tensiones inflacionistas. La financiación ortodoxa de esta política es condición necesaria para ello; sería utópico pensar que tal política pudiera financiarse aumentando aún más el déficit presupuestario, pues sus consecuencias sobre la in fiación serían inmediatas. Un sistema fiscal renovado, .más justo y más flexible, que proporcione al sector público una mayor participación en la renta producida, deviene condición necesaria para una nueva política de empleo.