¿Huelga amarilla?
LA ACTUAL huelga parcial de camioneros, por su desarrollo y antecedentes, ofrece datos que hacen plausibles las acusaciones de huelga política promovida por el amarillismo del antiguo sindicato vertical con fines de desestabilización. Alguien ha parangonado esta huelga con la de los camioneros chilenos durante el mandato de Unidad Popular, con la marcha de las cacerolas que las damas de la burguesía santiagueña organizaron como redoble del vasto plan político que terminó con el régimen allendista.Son, sin duda, comparaciones excesivas y traslaciones históricas dificilmente repetibles. Pero es indudable que algo huele a podrido en esta huelga de camioneros que ya comienza a poner en precario el abastecimiento normal de varias ciudades. En términos generales, las reivindicaciones de los huelguistas son razonables y pueden ser pactadas en una negociación con el Gobierno. Pero el inicio del conflicto da pie para sentar serias dudas.
Patronos del transporte por carretera, beneficiados por el sindicalismo vertical, harto sumisos entonces y en gran medida responsables de los problemas que ahora airean, se reúnen en Valladolid la pasada semana y, por sorpresa y sin previa publicidad, plantean un serio conflicto que poco después del día de la reunión comienza en Valencia, para extenderse inmediatamente a otras diecinueve provincias. Los promotores de esta huelga parecen haber puesto más el acento en la paralización de los suministros por carretera que en una presión gradual sobre las autoridades para encontrar un terreno de negociación.
No vamos a novelar con el recuerdo del estadounidense Jimmy Hoffa, ni siquiera con las dudas que pesan, aún sobre el aparato verticalista del transporte tras la matanza de abogados de la calle de Atocha -algo que, esperamos, la Justicia dilucidará en su día-, pero muy bien saben los propios camioneros dueños de un camión o de pequeñas empresas de transporte la red tejida en torno a esta industria, desde los sindicatos estatales. Una red que ha configurado una trama de intereses, trueques y relaciones económico-políticas que convierten al sector en uno de los más enmarañados de nuestro panorama laboral y económico.
Héte aquí una huelga que puede alcanzar repercusiones nacionales de extenderse y mantenerse, y que ha sido desaconsejada por las dos centrales sindicales de fuste: Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores. No es preciso ser en exceso suspicaces para tener esta huelga por banco de pruebas de una futura situación de caos social con fines de desestabilización política antes que por una razonable reivindicación de derechos legítimos.
