La reforma sindical: funcionarios y patrimonio
Está candente el tema de los funcionarios y el patrimonio sindical. La verdad es que a pesar de que se empezó a hablar simultáneamente de la reforma política y la sindical, la primera está oficialmente más avanzada que la segunda. No se ha promulgado normativa equivalente a la ley de Participación Política, reforma del Código Penal, etcétera, aplicable al campo sindical.
Como simultáneamente han empezado a funcionar las organizaciones paralelas se produce un desfase entre situación oficial y real.
Este desfase tiene especial importancia para una solución fácil al problema del futuro de los funcionarios sindicales.
La actual organización sindical será sustituida por otra u otras que también necesitarán funcionarios a todos los niveles. Es más, debido a la probable pluralidad de organizaciones, es lógico pensar que se necesitarán incluso más funcionarios que ahora. ¿No parece, pues, viable la utilización en el futuro de estos funcionarios ya experimentados en los temas sindicales?
Salvo contadas excepciones, los funcionarios sindicales son profesionales en los cometidos de su competencia que podrían ser mucho más útiles a las nuevas organizaciones que personal improvisado.
De este modo, y para la mayoría de los afectados se les resolverían a los funcionarios afectados dos problemas, que cito en el orden de importancia que les doy:
A) Podrían seguir realizando un cometido para el que están preparados, tienen experiencia y sienten vocación.
B) Tendrían resuelto su problema económico.
Esta solución deberá ir acompañada de unas garantías por parte del Gobierno de mantenimiento de derechos adquiridos y posibilidad de reincorporación a la Administración en caso de no considerar adecuadas el interesado la alternativa del «sindicato libre». No cabe duda que de este modo el problema de los funcionarios sindicales quedaría resuelto totalmente o por lo menos en gran parte con costo mínimo para la enfermiza economía nacional.
En el tema del patrimonio sindical, no parece justificada la prisa que muestran las tres sindicales de la Unión Sindical Obrera por el reparto de este patrimonio creado a partir de las cotizaciones, no sólo de los trabajadores como dicen ellos, sino también de los empresarios. No voy a entrar ahora en la proporción que correspondería a unos y otros, pero sí quiero dejar claro que a cuota sindical que se paga por ahora es para atender a las necesidades de los servicios que atienden a trabajadores y empresarios. El patrimonio por tanto es de los dos y ninguna parte puede reclamar su exclusiva propiedad.
La organización de los trabajadores en sus respectivas sindicales va a ser un proceso sujeto a grandes fluctuaciones en un periodo no muy corto. Al pasar de la actuación clandestina a la pública, convenirse en interlocutores oficiales y separar los temas políticos, que serán materia de los partidos, de los laborales, los sindicatos recibirán o perderán las adhesiones de los trabajadores.
Como el reparto que se haga del patrimonio sindical deberá hacerse en proporción a la representatividad de las distintas organizaciones, parece prudente que haya un compás de espera, no vaya a resultar que se lleve más el que más grite, no el más fuerte. Mientras tanto debe mantenerse un pro-indiviso bajo la tutela del Estado, con el usufructo, con carácter transitorio, que aconsejen las necesidades.
Debe evitarse a toda costa la adjudicación aun transitoria, a entidades que no justifiquen una representatividad basada en número de afiliados en el caso de los trabajadores y en eso o algún factor económico en el caso de las empresas.
Una vez que se hayan definido las personalidades se podrá pasar al reparto de esa apetitosa herencia acumulada durante tantos años.
