El TAD, el controvertido tribunal deportivo que debe decidir si abre expediente a Luis Rubiales por su beso a Jenni Hermoso

El Consejo Superior de Deportes (CSD) anunció ayer que ya ha remitido al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) la documentación adicional requerida en la denuncia a Luis Rubiales. El tribunal, que recibió el viernes a las 22.40 la solicitud de apertura de expediente al presidente de la Real Federación Española de Fútbol —suspendido provisionalmente del cargo por la FIFA—, pidió el lunes más documentación al considerar que, con la aportada, no podían expedientar al dirigente granadino. Este primer paso es obligatorio para que posteriormente la comisión directiva del órgano gubernamental presidido por Víctor Francos pueda suspender provisionalmente a Rubiales hasta que el TAD resuelva. La resolución final no debería irse en el tiempo más allá de cinco o seis meses para que la inhabilitación temporal, en el caso de producirse, no adquiera carácter de condena. El ministro Miquel Iceta recalcó este martes su confianza en la independencia del tribunal.

La información demandada y enviada al TAD consiste en los comunicados emitidos por la federación, la futbolista Jennifer Hermoso y el sindicato Futpro, “así como la documentación adjunta a la denuncia presentada por la Liga Profesional de Fútbol Femenino”, según desveló el CSD. Los miembros del TAD quieren asegurarse de que realmente pueden abrir el expediente a Rubiales por falta “muy grave” por el beso a Jennifer Hermoso. Por falta grave no es posible suspender, aunque el TAD abra expediente.

Impulsado por el expresidente del CSD Miguel Cardenal, desde su creación en 2013 en sustitución del Comité Español de Disciplina Deportiva, el TAD ha sido en varias ocasiones motivo de controversia. Primero en los conflictos entre LaLiga, presidida por Tebas y la federación que presidía Villar y después en las contiendas que han continuado ya con Rubiales como mandatario federativo. Este, cuando no le han favorecido las decisiones, no ha dudado en criticar al TAD con comunicados federativos. El suspendido presidente de la federación está muy conforme con la nueva Ley del Deporte, que reemplaza al TAD por un nuevo órgano más controlado por las federaciones deportivas. Las sospechas sobre quién controlaba al tribunal han sido y son mutuas. Los temores de sus miembros a que les presentaran querellas han estado muchas veces presentes. Incluso algunas de ellas terminaron por concretarse.

El CSD dice confiar en la independencia de los miembros del TAD. Cuatro de ellos son elegidos por el propio CSD y los otros tres, por las federaciones deportivas. En la actualidad lo forman el presidente, Francisco de Miguel Pajuelo (letrado de la Seguridad Social); el secretario, Guillermo de Blas Bados (abogado del Estado); y los vocales Eva Fernández, (abogada del Estado), Pilar Juárez (profesora de la Universidad Carlos III), Alfonso Ramos del Molins (abogado del Estado), Marina Adela Porta Serrano (abogada del Estado) y Jaime Caravaca (abogado del Estado). Este último es sobrino de Ramón Caravaca, que está asociado al despacho GC, dirigido por el asesor jurídico externo de la federación, Tomás González Cueto.

Uno de los episodios más escabrosos de la historia del TAD se dio cuando Cardenal pretendió abrir expediente a Ángel María Villar por presuntos tratos de favor al Recreativo de Huelva y al Marino de Tenerife con el objeto de suspenderle luego provisionalmente. Por entonces, el actual secretario general de la federación, Andreu Camps, y González Cueto eran miembros del tribunal deportivo. Los dos han formado parte de la estrategia de gobernanza y jurídica de Rubiales en sus cinco años al frente de la federación A raíz de una información de EL PAÍS, González Cueto tuvo que abstenerse de la votación para abrir expediente a Villar. El dirigente vasco había contratado los servicios de un abogado que colaboraba con el despacho Jiménez de Parga, del que por entonces formaba parte González Cueto.

La votación final fue favorable a Villar por 3-2, por lo que no le fue incoado el expediente. El voto definitivo fue el del presidente, que era Camps. Pero los dos miembros que votaron en contra hicieron un duro escrito contra él. Poco después, Camps adujo razones personales para abandonar el TAD. González Cueto también lo abandonó. En la justicia ordinaria, la causa fue archivada luego por un tribunal de Majadahonda, pero cuando el expediente se envió al TAD cinco meses antes había indicios para abrir expediente a Villar porque el caso fue instruido por el juez durante largo tiempo.

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