El cine español se independiza del poder político

Por primera vez, todo el cine español (técnicos, artistas, productores, distribuidores, exhibidores...) se ha unido. El fin, la consecución de un sueño: que la industria cinematográfica deje de depender del Gobierno de turno en lo político y de los Presupuestos Generales del Estado en lo económico. Según el plan, el ICAA (Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales), organismo autónomo, que no independiente, incluido en el organigrama del Ministerio de Cultura y Deporte, se transformaría radicalmente para convertirse en la Agencia Estatal del Cine, lo que además conllevaría un cambio de modelo. El cine español se gobernaría con una ley propia, como el Museo del Prado o el Reina Sofía, fuera del debate partidista. En Francia, el Centro Nacional del Cine y la Imagen Animada funciona como una agencia pública adscrita al Ministerio de Cultura pero con personalidad jurídica y autonomía financiera. Y ese es el espejo en el que se quiere mirar el cine español.

Ya existe un documento muy avanzado al que ha tenido acceso EL PAÍS. Es resultado de un proceso largo. Para Juan Vicente Córdoba, Paula Palacios y Daniel Guzmán, presidente y vocales de Acción, la asociación que aglutina a casi 200 directores de cine y que ha impulsado este movimiento, las ayudas “están cortadas para las televisiones” y no importa tanto el recorrido de una película en festivales, ni siquiera el guion. “La agencia deberá atender las necesidades de todos los agentes que conforman el sector garantizando su diversidad y protegiendo decididamente la producción independiente y la libertad creativa”, apuntaban ayer por la tarde. Guzmán, como actor y director, y Palacios, como realizadora de documentales y productora, forman parte además de otras asociaciones. “Tenemos que estar fuera de la esfera partidista”, cuenta Guzmán, y Palacios apunta: “Solo así se podrá dar diversidad en el cine español”.

Para atajar el principal problema, el de la financiación, creen que “el cine y el audiovisual han de autofinanciarse directa e indirectamente”. Con un sistema híbrido en el que, según el citado documento, se sumaría un porcentaje del IVA de las entradas de cine, otro de la cuota de inversión obligatoria de las televisiones por el mero hecho de usar el espacio radiotelevisivo español y otra porción de la cuota de inversión obligatoria de las plataformas de streaming (que recogerá la transposición de la directiva europea del audiovisual a la legislación española). El cuadro lo completarían las aportaciones de los operadores de telefonía e internet, y las donaciones (mecenazgo) y parte de los incentivos fiscales de rodajes extranjeros en España. “Claro que para ello tendríamos que homologarnos con países de nuestro entorno como Francia, que ofrece hasta el 30%, Bélgica con el 20%, y Alemania e Italia, que llegan a un 40%”, advierten.

La única herramienta eficaz

En abril de 2020 Acción ya explicó que esa agencia estatal “es la única herramienta eficaz para blindar la industria cinematográfica y dar respuesta a las necesidades de futuro”. Y la oportunidad la brinda la misma Ley del Cine, la 55/2007, que recogía específicamente, en la disposición adicional primera, la posibilidad de crear esa agencia, aunque solo daba un plazo de dos años (en 2015 desaparecieron todas las agencias estatales). En la pasada Seminci de Valladolid, Acción logró poner en marcha las primeras mesas de negociación y contó con el ICAA, cuya directora, Beatriz Navas, estuvo presente en la jornada. El punto en común: el modelo actual de políticas públicas para el sector cinematográfico y audiovisual en España es insuficiente.

Según Navas, “para varias cosas técnicas, una agencia ayuda, desde luego”. “Pero lo mejor de este impulso es que se han conjurado todas las asociaciones para contribuir en el desarrollo de su futuro”, continúa. “Esta comunión nos faltaba en el cine español”. Y apunta: “Es verdad que el cine debe estar por encima de bailes políticos; sin embargo, no se puede olvidar que lo político representa a los ciudadanos, y que tiene que ser parte de las decisiones sobre la industria audiovisual. Busquemos consensos”.

“Tenemos que seguir adelante, por fin navegamos juntos” (Juan Vicente Córdoba)

El siguiente paso se anunció este martes, cuando se abrió a consulta pública (hasta el 25 de julio) la reforma de la Ley del Cine, ya que “la cadena de valor del sector audiovisual ha incorporado nuevos contenidos y servicios de distribución, explotación y difusión propios de un entorno global dominado por la cultura y la economía digital”, según el anuncio del ICAA, y hay partes normativas obsoletas o insuficientes. Y además, “la reforma de la Ley del Cine está contemplada dentro del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el Componente 25, Spain Audiovisual Hub”, presentado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado marzo. En las preguntas lanzadas a consulta, justo la última, la decimocuarta, plantea la conveniencia de crear esa Agencia Estatal del Cine. “Este mandato aparecerá en la reforma de la Ley —que, siendo buena, tiene mucho recorrido acabado—, que se rematará en dos años”, explica Navas. “El desarrollo de la Agencia llegaría en otro desarrollo legislativo, que sería ulterior. Y habrá que hacer camino. Aunque es estupendo que el sector reflexione y sueñe”. Desde Acción lo saben, explica Córdoba: “Tenemos que seguir adelante, por fin navegamos juntos”.

Siete mesas sectoriales

Las reuniones se han realizado por siete mesas sectoriales: exhibidores, técnicos, productores, artistas, autores, distribuidores y transversales (como la Unión de Cineastas o Cima, que agrupa a las mujeres del audiovisual español). De cada mesa saldrá un representante para la negociación. Del grupo sectorial denominado Autores, en el que participan Acción, Dirige (que agrupa a los directores de ficción de televisión), Musimagen (los compositores de música para audiovisual) y entidades de gestión de derechos intelectuales como DAMA y SGAE, ha surgido un documento consensuado sobre el cambio de modelo que contiene una mezcla de ideario general, líneas de actuación y formulación de cómo crear la agencia. La semana que viene se juntarán representantes de las siete mesas.

¿Quién conformaría la Agencia? Estaría adscrita a Vicepresidencia del Gobierno y al Ministerio de Cultura, y en sus órganos de gobierno, según este trabajo, “deberán estar representadas otras administraciones como Economía y Transición Digital, Hacienda, Educación, Industria, ICEX...”. Para facilitar las políticas transversales y “la coordinación de actividades relativas al audiovisual”, también habría integrantes de la industria, diputados de la Comisión de Cultura y representantes de las consejerías de Cultura de las Comunidades Autónomas.

El documento es mucho más detallado en otros pasos, como las vías que desarrollar para revisar los acuerdos con las televisiones (un caballo de batalla en el audiovisual es que la obligación que tienen en invertir las televisiones en cine, y al que próximamente se sumarán las plataformas digitales, no revierta en su mayor parte en sus propias empresas, sino en productoras independientes), en la creación de un departamento de promoción y distribución del cine español en el extranjero, en el apoyo a la distribución y exhibición independiente, en la creación de un Consejo Superior del Audiovisual que supervise el proceso, en que por fin se apruebe el Estatuto del Artista, entender que las industrias culturales son motor de crecimiento económico y que se construya un Pacto de Estado y Social, “un consenso nacional sobre el cine y el audiovisual —señala el documento— pactado por todos los partidos políticos y la ciudadanía en defensa de la cultura y del audiovisual de manera que se respete de forma permanente, gobierne quien gobierne”.