La SGAE suma apoyos para reformar al fin sus estatutos

Para estar tan llena de creadores, la SGAE ofrece una trama bastante repetitiva. Nunca faltan giros y sorpresas, pero el final siempre se parece al del capítulo anterior. Tanto que la Asamblea Extraordinaria de hoy es la cuarta entrega del mismo episodio: se convoca a los socios para reformar los estatutos; se les avisa de que es una obligación legal y la entidad se juega su futuro; aun así, tumban la modificación; y vuelta a empezar. Lo intentaron tres presidentes —José Miguel Fernández Sastrón, José Ángel Hevia y la actual, Pilar Jurado—, otras tantas asambleas, y nunca se alcanzaron los dos tercios necesarios. Una decepción infinita, el déjà vu del déjà vu.

Tanto que, mientras aguarda a la asamblea, el Ministerio de Cultura y Deporte presentó el lunes ante el Supremo un recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia Nacional que frenó, en junio de 2019, la intervención de la SGAE. Los jueces fallaron que no eran competentes para autorizar al ministerio a tomar el control de la entidad; de ahí que Cultura pida que la Audiencia le dé el visto bueno o le aclare a qué órgano judicial debe solicitarlo.

Frente a ello, Jurado busca ganar, por lo menos, tiempo. Porque muchas señales sugieren que la historia de los estatutos, al fin, tendrá un desenlace distinto. La asamblea ya fue aplazada dos veces, para esperar a que muchos opositores abandonaran la entidad. La modificación estatutaria, además, fue aprobada por la junta directiva por 33 votos a favor, uno en blanco y una abstención. En las preasambleas regionales, el consenso fue arrollador. Un representante de las multinacionales discográficas, enfrentadas con la cúpula de la entidad, confirma que se expresarán a favor, tras negociar un texto más favorable. Y dos miembros de la junta coinciden en que el miedo a la implosión empuja los apoyos. “Todos han entendido que no hay más ocasiones”, dice uno. Entre otras cosas porque, mientras la SGAE hibernaba, mucho ha cambiado: fue expulsada de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores, el Ministerio de Cultura y Deporte acudió a los tribunales para intervenirla y autores como Almodóvar, Bayona, Perales o Julio Iglesias se han marchado. Cunde la sensación de que, tras mirar al abismo, ahora la SGAE de verdad puede caer. Y el precipicio da vértigo.

Además, la reforma es necesaria para ajustarse a la normativa nacional y europea. “La SGAE lleva desde 2018 incumpliendo la ley”, recuerdan desde Cultura, encargada de su control y supervisión. A la vez, desde el ministerio avisan de que los nuevos estatutos pasarán por su filtro: “Si hay modificaciones que incumplen la ley, serán denegadas”. "Reiteramos el deseo de que la SGAE de los pasos necesarios para cumplir la legalidad", agregan. E insisten en que, cuando se puso en marcha la intervención, la reforma de los estatutos era solo uno de los tres pilares. Cultura sigue exigiendo que la entidad cuente con un gobierno nombrado en unas elecciones con presencia del voto electrónico —lo cual invalida a la actual junta— y que los repartos de 2018 se rehagan con “equidad y proporcionalidad”.

Se refieren a otra guerra de la SGAE que ha acabado en manos de fiscales y magistrados: la justicia investiga si la llamada rueda, una presunta trama entre socios y directivos de televisión para embolsarse millones gracias a la música retransmitida de madrugada, ha cometido algún delito y perjudicado a los 120.000 autores de la entidad. La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual ya puso límites, el año pasado, a las recaudaciones abultadas de estos músicos, pero los repartos anteriores siguen en tela de juicio. Y el sistema de voto de la SGAE complica el enredo: solo pueden participar los 18.400 socios con ingresos significativos, y cada uno suma hasta un máximo de 31 votos, según su recaudación. De ahí que los millones de beneficios de la rueda también se traduzcan en poder.

Ante ello, los nuevos estatutos amplían el derecho a voto a todos los socios. Y también introducen un órgano de control, con algún miembro externo. En un comunicado, Jurado resalta además que, con la reforma, “los autores tendrán más derechos y más libertad, pudiendo decidir si mantienen o retiran parcialmente de la SGAE los derechos de sus creaciones en función de la categoría, el tipo de obra o los países donde su creación genere derechos”. “Nos obligará a ser más competitivos”, agrega la presidenta. Lo cierto es que ya hay cuatro empresas privadas en España que buscan llevarse socios —y ganancias— de la SGAE: Soundreef, Unison, MPLC y Jamendo. Y el apoyo de las multinacionales a la reforma no es nada estable: siguen dispuestas a dejar la entidad, si esta no progresa y hallan una alternativa mejor.

Aun así, la presidenta se muestra optimista. Y eso que no han faltado los obstáculos de última hora. La SGAE recibió hace una semana una carta de la abogada Mónica Sevil, que enumeraba, en nombre de ANAEM y MUSICAEM (dos asociaciones que reúnen a varios autores con presencia frecuente en la madrugada televisiva), varias presuntas irregularidades de la reforma. Aunque el principal foco polémico para Jurado procede de un antecesor: en su blog, Fernández Sastrón denunció el quinto punto del orden del día de la asamblea. Reza: “Aprobación, en su caso, de la incorporación en los ingresos de la entidad de la diferencia existente en los derechos pendientes de reparto”. Traducido, según el expresidente, significa que Jurado pretende incluir como recaudación de la entidad 10 millones que corresponden a los autores. Hay, pues, otro voto que se anuncia crítico. Puede que los estatutos se aprueben, pero las controversias continúan. Como siempre.