La junta directiva de la SGAE fuerza una moción de censura contra Hevia

Algún socio de la SGAE suele comparar las intrigas de poder dentro de la entidad con las de Juego de Tronos. No hay dragones, ni mucha épica, en el principal organismo de gestión de los derechos de autor en España, pero sí comparte con la serie cuando menos una maldición: quien se sienta en el sillón más poderoso no está destinado a durar. El reinado del actual presidente de la SGAE, José Ángel Hevia, se tambalea tras menos de cuatro meses, desde que esta mañana se ha presentado en el registro de la entidad un documento con las 18 firmas de otros tantos directivos necesarias para forzar su destitución, tal y como ha podido saber EL PAÍS. Así se pone en marcha el mecanismo de moción de censura: los estatutos señalan que el presidente debe convocar una junta directiva extraordinaria, en la fecha que él decida, donde se votará su continuidad o cese. Varios miembros del gobierno de la SGAE pidieron al músico asturiano que dimitiera antes, pero este no aceptó. Hevia puede ser por tanto el quinto presidente consecutivo que no termina su mandato.

Por un lado, el pasado condena a Hevia: desde que en 2011 el entonces responsable Eduardo Bautista acabara detenido por la Guardia Civil —continúa a la espera de sentarse en el banquillo, imputado por presunta apropiación indebida—, no ha habido paz para el líder de la SGAE. Antón Reixa fue cesado por la propia junta; José Luis Acosta adelantó las elecciones, las ganó pero acabó dimitiendo. Y José Miguel Fernández Sastrón se vio obligado también a convocar los comicios el pasado octubre, por el bloqueo que sufría la entidad. Hevia asumió entonces el mando, prometiendo unidad y concordia, que han acabado volando por los aires. Por otro lado, el gaitero puede aferrarse a un precedente positivo: el propio Sastrón superó en 2017 una moción de censura, de la que salió reforzado, al menos durante unos meses. 

La situación en la actual cúpula de la SGAE se ha disparatado después de que el Ministerio de Cultura pidiera autorización por escrito a la Audiencia Nacional para intervenir en la entidad y hacerse con el control, al menos durante seis meses. De ser aceptada la petición, Cultura ha anunciado la eliminación de la actual junta directiva, compuesta por 35 miembros, y el nombramiento de una gestora que se haría cargo de la polémica casa, para poner orden en la trazabilidad de los derechos recaudados y su reparto, reformar los estatutos e instaurar el voto electrónico. Es decir, los tres cambios que el ministerio exige en vano a la SGAE desde septiembre.

Ponerse al día

Aunque el gobierno de la entidad quedaría neutralizado con la intervención, los plazos inciertos para la respuesta del juez, el anuncio de adelanto de Elecciones Generales así como los matices ofrecidos por José Guirao, ministro de Cultura —afirmó tras presentar el escrito que si la SGAE "se pone al día" tal vez no haya motivo para ejecutar la intervención—, dejan en el aire una vez más el futuro del organismo. Es muy probable que sea una decisión del siguiente ejecutivo, de ahí que entretanto dentro de la casa continúen las luchas de poder y haya salido adelante la moción de censura.

Lo que empezó como una relación idílica e inédita en el seno de la organización, con los cuatro colegios (músicos, audiovisual, editores y artes escénicas) arropándose entre ellos para evitar la posible intervención ministerial, ha tenido un final cainita. Tanto que tres de los cuatro vicepresidentes de la entidad (Antonio Onetti, Fermín Cabal y Clifton J. Williams) se oponen ahora a Hevia. Y Onetti incluso se postula como sucesor del gaitero asturiano, aunque su paso adelante también genera oposición, asombro y rechazo en varios miembros de la junta. "Es una jugada ridícula e insensata", afirma uno de ellos.

De vuelta, pues, a la guerra. Si la junta saliente de los últimos comicios se presentó ante los medios de comunicación como la de la unidad, en cuatro meses todo ha estallado. Entonces, Cabal, vicepresidente del Colegio de Gran Derecho (artes escénicas), aseguraba que su voto de abstención a favor de Hevia tenía un único sentido: salvar la SGAE. “Vivimos un momento preocupante, al borde de la extinción. Tenemos que arreglarlo desde dentro”, dijo. Onetti, vicepresidente del Colegio de Audiovisuales, también aseguró que se unían para superar “el clima irrespirable” que a su juicio se vivía en la institución. “No tiene sentido que trabajemos desde el enfrentamiento. Queremos llegar al consenso y a solucionar el requerimiento de Cultura”, explicó. Pero nada de esto ocurrió.

El diálogo tropezó cundo Hevia tomó la decisión, por su cuenta y riesgo, de encargar un informe a un despacho de abogados (vinculado a Antena3) y presentar una denuncia en la Fiscalía Provincial de Madrid, contra varias editoriales musicales y los miles de autores que representan. La SGAE les acusaba de fraude fiscal por crear empresas pantallas para tributar menos, pero la fiscalía archivó la denuncia desestimándola. Este error hizo crecer la tensión en el seno de la junta, que se disparó hace unos días cuando Hevia abandonó una reunión insultando a sus compañeros. Que la comisión deontológica de la SGAE señalara a Hevia, junto con otras 13 personas, en situación de conflicto de interés tampoco ha ayudado a la tranquilidad del músico en el trono. Bastante tenía ya con la maldición.