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Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Orgullo de creadores

La Sociedad General de Autores y Editores afronta mañana, 27 de diciembre, la votación más transcendental de su historia

José Ángel Hevia, ayer, en la sede madrileña de la SGAE, tras ser nombrado presidente.
José Ángel Hevia, ayer, en la sede madrileña de la SGAE, tras ser nombrado presidente. Carlos Rosillo

La Sociedad General de Autores y Editores afronta mañana, 27 de diciembre, la votación más trascendental de su historia, un cara o cruz que marcará su supervivencia y la prolongación de un modelo de gestión de derechos que, al margen de discrepancias puntuales, ha velado siempre por los intereses de los creadores españoles, de los que más derechos generan pero también de los más minoritarios.

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El voto afirmativo a unos Estatutos modificados por imperativo legal del Ministerio de Cultura nos permitirá tender puentes internos y reconstruir entre todos la SGAE del futuro, respetada y respetable. El voto negativo encierra un alto riesgo de dejar desamparados a miles de creadores de los distintos colegios, creadores que conforman el tejido cultural de este país. La cultura es plural, diversa e inclusiva, y la SGAE, entidad tutelada por el Ministerio de Cultura, cumple esa función de pluralidad, diversidad e inclusión, además de una importante labor social, formativa y asistencial que los socios conocen bien.

Desde hace unos años, la Casa ha venido ejerciendo una comunicación de “bajo perfil”. No destacar, no responder, no plantar cara a los ataques, no alimentar las campañas de desprestigio. Una política de comunicación que ha estado a punto de quitarnos a los autores el orgullo de creadores. Se nos ha transmitido esa idea que el padre de Súper López le dice al héroe en la reciente película de nuestro socio Javier Ruiz Caldera: “Hijo, en este país, para ser feliz hay que ser mediocre”.

Problemas de comunicación sustentados sobre problemas reales. Lejano y olvidado en el tiempo el caso SAGA, un nuevo escándalo mediático ha alimentado el descrédito, el llamado “caso Rueda”. Un caso que hace referencia a un proceso judicial abierto en la Audiencia Nacional contra una serie de autores y editores por el presunto uso fraudulento de repertorio y por supuestos abusos comerciales que tendrían que ver con la emisión de música en televisión en las madrugadas. Los hechos juzgados acaecieron entre 2006 y 2013. A pesar del tiempo transcurrido, este proceso judicial continúa enrareciendo el clima intercolegial y puede determinar el voto de muchos críticos que piensan que votar no a los estatutos es votar no a la rueda. No se equivoquen: Votar no a la reforma de los Estatutos es apostar por una SGAE escindida y rota.

La crisis institucional de la SGAE no es nueva. Parece lógico que una entidad recaudadora como la nuestra padezca cierta animadversión social, pero lo que no es normal es que ese rechazo provenga también del interior. El 12 de Noviembre de 2018 una nueva directiva tomó posesión en la SGAE. Desde entonces el ambiente de crispación y el ruido mediático se ha incrementado hasta el paroxismo. Se ha querido descalificar al nuevo órgano de gobierno presentándolo como “la directiva de la Rueda”, difundiendo falsedades como que los ingresos de los músicos de la franja nocturna se han disparado desde su llegada, algo que es totalmente falso como puede comprobar cualquier socio que vea las cifras del último reparto. Se suceden las intoxicaciones informativas para confundir y enfadar a los socios, parece que vale todo para acabar con la SGAE.

Al margen de las presiones que determinado lobby multinacional pueda ejercer sobre Gobierno, prensa y masa autoral, por sus legítimos intereses en incrementar su beneficio industrial, toca explicar de una vez qué es lo que sucede en SGAE. La distorsión comienza cuando un usuario del repertorio, es decir, alguien que paga a la entidad por el uso del mismo, crea una editorial. Entonces, además de pagar, la misma empresa pasa también a cobrar.

Así lo hicieron durante décadas las editoriales vinculadas a los grupos discográficos multinacionales. El autor que quería publicar un disco con una discográfica solía compartir con su editorial hasta el cincuenta por ciento de sus derechos (la ley no permite ir más allá de ese cincuenta por ciento). Paralelamente a la caída del negocio discográfico, y la consiguiente merma de ingresos en las multinacionales, las cadenas de televisión también establecieron sus propias editoriales. De esta forma, hasta 4.000 autores españoles participan de la emisión de música en las madrugadas y comparten derechos con las editoriales de televisión.

Esta práctica es legal y la han desarrollado tanto las multinacionales como las televisiones. Finalmente, ante la polémica en torno a este modelo de negocio, ha intervenido el legislador con unas enmiendas a La Ley de Propiedad Intelectual que limitarán el máximo recaudable por derechos en las franjas de emisión nocturna. Polémica resuelta por la vía legal. Lo demás es ruido, distorsión y desinformación.

Basta contemplar los datos de los dos repartos de 2018, En esos dos repartos, que según el lobby multinacional fueron favorables a la mal llamada “rueda”, se observa que las treinta obras musicales que más derechos han recaudado se corresponden al repertorio de las editoriales multinacionales. Tan solo se dan dos excepciones: Las músicas correspondientes a las sintonías de los telediarios de dos editoriales de televisión. El repertorio nocturno no aparece hasta la cuarta decena.

La Asamblea General votará una propuesta de estatutos que solo cambia respecto a los vigentes los puntos que exige la ley para la adecuación a la normativa europea y a la legislación vigente. Mientras, la campaña lobista por la desinformación está fomentando un voto autodestructivo que tumbe los estatutos y dé pretexto al Ministerio de Cultura para intervenir o retirar la licencia de operación a la entidad.

Si la SGAE supera la actual crisis será necesario que las relaciones internas íntercolegiales dejen de centrarse en una polémica ya pasada para empezar a trabajar en el futuro de los músicos, dramaturgos, audiovisuales y editores.

Confiemos en la responsabilidad de los autores en la votación del 27. La intervención o la retirada de la licencia de SGAE sería una catástrofe para nuestro patrimonio cultural.

José Ángel Hevia es el presidente de la Sociedad General de Autores y Editores

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