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La SGAE dice que las multinacionales buscan “debilitar” la gestión de los derechos de autor

La entidad afirma en un comunicado que se trata de "medidas de presión" de las editoriales contra el presidente Sastrón por "su salida de los órganos de gobierno"

La sede de la SGAE en Madrid.
La sede de la SGAE en Madrid.CARLOS ROSILLO

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) se ha pronunciado después de que las editoriales multinacionales desafiasen a la entidad al pedir la retirada de su repertorio internacional, tal y como adelantó EL PAÍS. Según un comunicado: “Las solicitudes -en el caso de hacerse finalmente efectivas- hacen referencia a retiradas muy reducidas y con apenas efectos en la gestión de los derechos”. Estas editoriales son Universal, Warner, Sony, Peer y Kobalt, que juntas representan casi el 60% de los derechos de radiodifusión en España e incluyen en su catálogo a artistas como Bruce Springsteen, los Rolling Stones, Lady Gaga, Radiohead, Jay-Z, Enrique Iglesias, Beyoncé, Led Zeppelin, Juanes o Buena Vista Social Club.

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Según el comunicado de la SGAE, “este tipo de actuaciones, más allá de pretender crear una alarma innecesaria y con ello un daño al trabajo que desarrolla la SGAE por y para sus socios, suponen un intento de debilitamiento de lo que es la gestión colectiva de los derechos de autor. De llevarse a efecto la medida, se dificultará que los usuarios de derechos accedan a una licencia de explotación de obras de forma sencilla y con tarifas razonables, y a que los autores puedan recibir una compensación por el uso de sus obras”.

El texto, dividido en distintos puntos, también señala: “Dado el contenido de las notificaciones, su alcance y los antecedentes de las mismas, hay que enmarcarlas en una actuación estratégica, dentro de las medidas de presión que han sometido a esta entidad desde su salida de los órganos de gobierno en cumplimiento de una sentencia judicial. Posteriormente, la titular del juzgado de primera instancia nº 96 de Madrid denegó a Warner, Peer y EMI la pretensión de recuperar sus puestos en la Junta Directiva a través de medidas cautelares”.

Hace apenas dos semanas, se celebró la asamblea anual en la SGAE en la que su presidente José Miguel Fernández Sastrón vio como un 60% de los socios rechazaba su gestión, las cuentas de la entidad y una polémica reforma de los estatutos que él mismo defendió. Las discográficas, entre otros opositores, han pedido la dimisión de Sastrón, pero el mandatario ha optado por el camino contrario: seguir al frente y preparar un nuevo intento de aprobar sus propuestas, antes de convocar elecciones en diciembre. Las multinacionales lo han considerado como la gota que ha colmado el vaso y han desafiado a Sastrón con esta retirada del repertorio, aunque su choque frontal viene de mucho más lejos. El presidente echó a tres editores de las multinacionales de la junta directiva, después de una sentencia sobre su conflicto de intereses. Estos recurrieron pero la justicia falló en contra de su reincorporación. A la vez, las discográficas recuerdan que sobre la SGAE pende una posible sanción de Cisac (la organización que reúne a las principales entidades de gestión del mundo) y que la entidad ya perdió otros repertorios tan poderosos como los del cine británico y estadounidense.

Por su parte, la entidad presidida por Sastrón asegura que “no es la primera vez que estas editoriales adoptan una medida similar, la última fue en el año 2016 y finalmente no llegó a tener efecto”. Sin embargo, el comunicado de la SGAE obvia un hecho importante en la decisión tomada por los gigantes editoriales. Se trata del Real Decreto con el que el Gobierno adaptó a España, el pasado 15 de abril, una directiva europea sobre gestión colectiva abre el derecho de autor al libre mercado pero con excepciones. Compañías privadas en busca de beneficios pueden empezar a competir con los organismos como la SGAE —sin ánimo de lucro— por llevarse la gestión de ciertos derechos. Pero los considerados como “de gestión colectiva obligatoria” han de seguir en mano de las entidades, y entre ellos se incluyen los de radiodifusión, según el ministerio de Cultura. Es decir, las discográficas rebeldes no podrían entregarlos a operadores privados, sino solo a otras entidades parecidas a la SGAE en el ámbito europeo.

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