Televisiones y entidades de gestión reabren la ‘guerra’ de las tarifas

 Los operadores privados de televisión, con Mediaset y Atresmedia a la cabeza, se han rebelado contra las nuevas tarifas elaboradas por las entidades de gestión de derechos de autor para el uso de su repertorio. La fuerte subida de los precios de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) —un 40% respecto a los acordados en 2015— ha tensado unas relaciones de por sí conflictivas, que podrían acabar en los tribunales. Los operadores, que también cuestionan el aumento de precios de AGEDI (entidad que representa a los productores de fonogramas) y AIE (Artistas, Intérpretes y Ejecutantes), se niegan a firmar el nuevo convenio “por abusivo” y han optado por efectuar pagos a cuenta. “No ha habido ninguna circunstancia en el mercado para justificar el alza de precios”, dicen los dos grandes grupos audiovisuales.

Por volumen de facturación, las televisiones son el sector que más ingresos reporta a las entidades de gestión. Según el acuerdo vigente hasta ahora, los operadores tienen pactada una tarifa por disponibilidad promediada (TDP): no pagan por el uso efectivo que hacen de los contenidos representados por las entidades sino que abonan una especie de tarifa plana, un porcentaje de sus ingresos, que les permite acceder a todo el catálogo.

El pago es independiente de la intensidad de uso. Las televisiones desembolsan la misma cantidad por la música que acompaña a un telediario que por las series de ficción, el fútbol, los programas de debates o los formatos musicales como Tu cara me suena, Operación Triunfo o La voz. Atendiendo a ese criterio, en 2015 los operadores privados nacionales abonaron a la SGAE por la TDP un 3,75% de su facturación publicitaria, que equivale a unos 67,7 millones de euros. De los 1.805 millones que ingresaron las televisiones, Mediaset acaparó 873 millones y Atresmedia 846, según los datos de la consultora InfoAdex. Ambos grupos son los principales pagadores.

En 2016, las televisiones vieron incrementar las tarifas de la SGAE un 20%. Así, pasaron a desembolsar el 4,45% de sus ingresos. Los 67,7 millones de euros se convirtieron en 85,1. Con las nuevas tarifas, la factura de 2017 ascendería a 99,3 millones, según calculan las cadenas (27,6 millones más que si se aplicaran las cuotas vigentes en 2015). Además, a esa cifra habría que sumar los pagos de las cadenas públicas (TVE y autonómicas) y de las plataformas online de pago.

Desde que vencieron las tarifas de 2015 no han existido acuerdos con los operadores. La Ley de Propiedad Intelectual, que entró en vigor ese mismo año, puso fin a la fijación unilateral por parte de las entidades y las obligó a negociar con las asociaciones representativas de usuarios. Pero la SGAE ha remitido unas tarifas que, en algunos conceptos, como el que se aplica a la parte literaria o la realización de obras audiovisuales, duplica las anteriores: del 0,67% ha pasado al 1,2%.

La SGAE pone a disposición de los usuarios varias modalidades de tarifas: una de ellas es “por uso efectivo”, que está vinculada a la demanda. La otra es “por disponibilidad promediada” (TDP), que se calcula mediante determinados porcentajes que se aplican a aspectos como la obra musical o la literaria.

Es en el bloque de la TDP en el que los precios se han disparado, según denuncian los operadores. En 2016 subió casi el 20% y para este año, la SGAE ha aprobado un incremento que supone un 40% respecto a los precios de 2015. En el caso de las tarifas conjuntas de AGEDI-AIE, los operadores lamentan que no se tiene en cuenta “ningún factor para determinar la contribución económica de la música respecto a los fonogramas incorporados en las grabaciones audiovisuales”.

De manera recurrente, las cadenas defienden que las tarifas se establezcan en función del uso efectivo del valor que aportan a los usuarios. “Adecuadas y equilibradas”, dice la ley. Pero las televisiones califican de “generalizados y desproporcionados” los incrementos. “Las subidas son un sinsentido y en estas circunstancias las negociaciones son imposibles”, toda vez que “por el mismo uso pretenden cobrar mucho más”, coinciden Atresmedia y Mediaset.

En realidad se trata de una duplicidad de pago, ya que cuando las cadenas realizan una serie, por ejemplo, ya remuneran por su trabajo al director, productor, guionista y músico.

La falta de entendimiento entre los usuarios y los organismos de gestión colectiva amenaza con inundar de nuevo los juzgados. “Es necesario ordenar un mercado muy conflictivo y que conduce a una litigiosidad tremenda”, explica Antonio Fernández, director general de ADEPI, que agrupa a las principales entidades de gestión de España. Insiste en que las tarifas han sido presentadas ante la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual y cumplen los criterios que marca la ley. “El problema es que algunos operadores no están pagando o realizan pagos a cuenta. No pagan pero están explotando el repertorio”, dice. “Por su tamaño, las televisiones están en una situación de superioridad. Las telecos que ofrecen contenidos audiovisuales también están incumpliendo”, sostiene Fernández, según el cual “para algunas empresas, pleitear es barato”.

En el ámbito audiovisual, la SGAE está perdiendo terreno en la representación del repertorio audiovisual de Reino Unido y EE UU. Directores y guionistas de estos países han encomendado su administración a DAMA (Derechos de Autor de Medios Audiovisuales), organismo que en 2018 gestionará el 80% de los contenidos de ficción de la televisión en abierto y el 90% de las plataformas de pago, según su director general, Víctor Romano. “Cada vez más autores, directores y guionistas dejan la SGAE y se dan de alta en DAMA”, dice. Esta entidad da respuesta a una de las principales demandas de los operadores: pagar por el uso. “Tras el apagón analógico de 2010, todas las señales de televisión están identificadas y no se necesita una gran inversión para controlar las emisiones. Todo está informatizado”, remarca Romano.