El cerco a los 250 agricultores con cultivos ilegales en Doñana se estrecha

Cientos de agricultores freseros en el entorno de Doñana han expoliado durante décadas el acuífero de la reserva y una multa tras otra no les han disuadido de cultivar al margen de la ley. Sin embargo, es posible que esta vez sea distinta. El asedio de las autoridades ―agentes medioambientales, guardería fluvial, Seprona y la Fiscalía de Huelva con condenas penales, pero sin cárcel― tuvo hace 10 días un episodio inédito hasta ahora: la Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico que cierre las 250 fincas detectadas por la Guardia Civil como ilegales por carecer de permiso o sobrepasarlo. Y que lo haga mediante precintos o multas coercitivas, cualquier método radical que impida la sucesión eterna de pozos ilegales, según confirman fuentes del ministerio público.

El paso dado es trascendental por la contundencia que implica la “suspensión temporal de actividades” solicitada por la Fiscalía, justificada para evitar que se sigan extrayendo aguas subterráneas. El grave daño medioambiental ha minado los niveles del acuífero y provocado que desaparezcan la inmensa mayoría de humedales del parque nacional. Otra cosa es cómo interprete el ministerio la urgencia de ese cierre masivo e inmediato de fincas, ya que tendrá que detallar con informes técnicos la carencia de permisos legales para regar o que los agricultores hayan sobrepasado la cantidad de litros permitida.

Al margen de la medida de suspensión inmediata, el plazo para completar el expediente administrativo en marcha y fulminar esas 250 fincas agrícolas ―198 en Huelva, 51 en Sevilla y una en Cádiz― es de solo seis meses. Pero los agricultores recurrirán previsiblemente las decisiones del Ministerio ante la justicia contencioso-administrativa para intentar retrasarlas al máximo, como siempre han hecho. Pondrán palos en la rueda administrativa para ganar tiempo, apurar más cosechas lucrativas, antes de que muchos de ellos se acojan a las ayudas económicas anunciadas hace 15 meses por el Ministerio y la Junta de Andalucía.

Porque esa es la gran paradoja de esta historia: el mismo Estado que ha iniciado el mecanismo más drástico para acabar de una vez con los cultivos de esos agricultores esquilmadores y exigirles la reparación ambiental, les concederá jugosas ayudas económicas de hasta 100.000 euros por hectárea para que las abandonen. El Ministerio cerró un acuerdo por Doñana con la Junta de Andalucía a finales de 2023 para compensar a los freseros y lograr que abandonen los cultivos junto al parque a cambio de muchos ceros. Será el dinero o los expedientes y la presión de las multas acumuladas durante años lo que acabe con esos agricultores, pero todo apunta a que más pronto que tarde el expolio finalizará y el acuífero recuperará sus niveles de antaño si el cambio climático lo permite.

De momento, con la petición de la Fiscalía aún fresca, Transición Ecológica no confirma el paso de cerrar fincas y confía en que la presión de sus agentes medioambientales surta efecto. El cierre progresivo de cada vez más pozos ilegales acabará pronto con los esquilmadores, según el Ministerio, aunque aún restan 560 hectáreas fuera de ordenación, según sus últimos datos. “Trabajamos desde 2018 en la línea que la Fiscalía propone con resultados muy notorios que han reducido un 20% la superficie y un objetivo claro: cero pozos ilegales. Como ya hemos logrado en el mar Menor, donde tenemos activo un modelo de restauración hermano del que tenemos en Doñana”, destacan fuentes del Departamento de Sara Aagesen.

En los últimos siete años, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, el brazo del Ministerio en Doñana, ha tramitado 1.272 expedientes sancionadores con 14 millones en multas y restauración de daños al dominio público hidráulico, cantidad de la que no detalla cuánto han podido cobrar a los agricultores.

La petición de la Fiscalía del pasado viernes procede de la condena a España por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2021 y su petición para atajar el expolio del agua está recogida en la Ley de responsabilidad ambiental de 2007, aplicada en casos muy contados durante estos 18 años en vigor. Entre ellos, el de los agricultores que minaron la Albufera de Valencia y otro por la muerte de miles de aves que causaron torres de alta tensión, ambos cerrados con acuerdos de medidas correctoras entre la Generalitat valenciana y los agricultores y las compañías eléctricas, tras previas denuncias de la Fiscalía.

Esa ley de responsabilidad ambiental que surgió tras una directiva europea achaca a la administración pública ―en este caso Transición Ecológica― el deber de restaurar el acuífero de Doñana, y no a los agricultores como causantes del daño provocado. Por eso, la Fiscalía recibirá informes del avance de las acciones desde el Ministerio y si el saqueo no se frena, el ministerio público denunciará al Ministerio ante la justicia contencioso-administrativa, si considera que la solución no es óptima para proteger el acuífero.

Entre la Fiscalía que pide velocidad y el Ministerio que confía en que su labor dará resultados definitivos antes o después, el equilibrio parece difícil. Transición Ecológica recuerda que hace siete años los agricultores con pozos clandestinos copaban 1.200 hectáreas, y estas se han reducido hoy a menos de la mitad, 560 hectáreas. Además, confía en que la desaparición de invernaderos ilegales se acelere gracias al nuevo sistema de teledetección que con inteligencia artificial ha pegado un acelerón el último año: las hectáreas ilegales han bajado de 707 a 560, un 20% menos. Mientras, la Fiscalía exige resultados ágiles con medidas cautelares que frenen en seco el daño, y le pide que abra 250 piezas contra esos 250 agricultores, identificados por los agentes del Seprona entre 2022 y 2023, para así ser más eficaces.

Los agricultores sin permisos fueron apoyados por el PP andaluz, que tramitó una proposición de ley para ampliar regadíos y que solo retiró tras alcanzar el acuerdo con el Ministerio por 350 millones para la comarca más afectada, la de El Condado en Huelva. Para organizarse crearon la Plataforma en defensa de los regadíos del Condado, cuyo portavoz ha rechazado pronunciarse sobre este último movimiento de la Fiscalía.

La lluvia de ayudas millonarias para los 14 municipios del entorno de Doñana, empresarios freseros y otros que en Sevilla cultivan frutales con y sin permisos de agua, está al caer tras 15 meses de reuniones. Del total de ayudas directas con 150 millones, los primeros 40 millones saldrán ofertados esta primavera para los agricultores que supriman sus invernaderos para devolverlos a su estado natural y otros que los sustituyan por proyectos innovadores para la mejora ambiental del territorio.

Los expertos coinciden en que Doñana ha alcanzado su punto crítico, con el número de aves migratorias en caída libre, la muerte de numerosos alcornoques centenarios y ya sin humedales permanentes, todos temporales. Parece que esa alerta roja ha calado en los políticos, también entre los populares, que se posicionaron en el bando de los agricultores al margen de la ley.

“En los últimos años la presión ha sido grande. Pero cuando los agentes medioambientales o incluso el Seprona acudían a las fincas, los agricultores no abrían las puertas y hacía falta autorización judicial. Ahora con los drones, las ortofotos y más digitalización, la situación ha cambiado”, afirma el comisionado para el acuerdo de Doñana de la Junta, Jaime Mora. “El plan será la solución definitiva porque muchos agricultores optarán a las ayudas y tanto la Junta como el Ministerio les hemos dicho que no se ampliarán regadíos ni habrá amnistía. Hubo años en que el mensaje no fue tan firme. Ahora es susto o muerte. Cuando acaben las ayudas habrá una mano dura terrible porque ya no habrá más excusas”, concluye Mora.