Polémica por una mina de litio de Cáceres: soterrar la explotación para esquivar el rechazo

A dos kilómetros del centro histórico de Cáceres, en la montaña de la Sierra de la Mosca, dentro del paraje conocido como Valdeflores, la empresa Extremadura New Energy, SA (filial de la australiana Infinity Lithium) quiere operar la primera mina de litio soterrada del mundo. Es el segundo intento de esta compañía por extraer de este yacimiento cacereño el litio que contiene, un elemento clave para las baterías y estratégico en la transición energética. La primera intentona —que contemplaba hacer la mina a cielo abierto— cosechó un amplio rechazo de buena parte de la sociedad civil y política de la ciudad, por lo que decidió reformular el proyecto.

De momento, la compañía cuenta con un permiso de exploración, una autorización que se otorgó a la empresa Castilla Mining, SLU (otra filial de Infinity Lithium), que le permite investigar las posibilidades de este yacimiento en una superficie de 9.305 hectáreas de los términos municipales de Cáceres, Sierra De Fuentes y Torreorgaz. El siguiente paso es presentar el proyecto de explotación, el de restauración y el estudio de impacto ambiental para el que la empresa tiene un plazo de un año.

Desde Extremadura New Energy explican que al haber una nueva ley en la región que cataloga los proyectos de litio como de interés regional, se aceleraría el procedimiento de los trámites, con lo que estiman que en entre 9 y 12 meses podrían estar todos completados. Si consiguen los permisos, la empresa sostiene que a partir del primer trimestre de 2024 comenzaría la construcción de la planta. En el primer trimestre de 2026 podrían estar ya extrayendo el litio. La inversión sería de 600 millones de euros en la planta de procesado del litio y otros 200 millones de euros en el desarrollo de la mina subterránea. El objetivo es solicitar 30 años de concesión, de los cuales dos serían de construcción, 26 de explotación y los tres últimos de restauración.

El consejero delegado de la empresa, Ramón Jiménez, defiende el proyecto de la mina soterrada como un ejemplo de minería sostenible. “En este proyecto se utiliza el 100% de energías renovables, tanto en el proceso de extracción del material, utilizando máquinas alimentadas por células de hidrógeno, como por motores eléctricos”. El punto menos profundo de la mina estaría a 40 metros y el más profundo, a 400 metros. “El objetivo es hacer galerías, extraer el material y volverlo a rellenar, por lo que la montaña no se quedaría hueca, el material se cementa para hacerlo más rígido y permitir que la montaña siga siendo estable”, explica Jiménez. “Cada año prevemos extraer unas 20.000 toneladas de hidróxido de litio, el equivalente a las baterías de 500.000 coches Tesla modelo tres”. En cuanto a empleo, sostienen que crearán más de 700 puestos de trabajo durante la explotación y 1.500 durante la construcción.

Sin embargo, el nuevo proyecto no convence a algunos colectivos, como la plataforma Salvemos la Montaña, que nació como movimiento en contra de la instalación de la mina a cielo abierto y ganó una importante notoriedad. Ahora, esta plataforma también rechaza la mina soterrada. La compañía promotora acusa a esta plataforma de no querer dialogar con ellos sobre el proyecto. Y uno de los portavoces de esta asociación civil, Santiago Márquez, argumenta que la empresa lo único que quiere conseguir de ellos la “licencia social y echarse la foto”.

Problemas con el agua

La plataforma incide en que el proyecto de mina soterrada no es distinto al anterior. “El ejemplo que ponen de mina soterrada es la de Aguas Teñidas en Huelva, pero si se analiza la ocupación total de ese proyecto es de 660.000 metros cuadrados en todas sus instalaciones, una ocupación igual que la que tendría una minería al uso”, advierte Márquez. Además, este activista incide en que las instalaciones tendrán que drenar agua según vayan profundizando en la montaña, lo que podría ocasionar que se sequen los acuíferos de la zona.

También advierte Márquez de que por el momento la documentación presentada por la empresa es muy escasa, y les acusa de ocultar mucha información. Salvemos la Montaña destaca que la planta hidrometalúrgica es igual en ambos proyectos: “25.000 toneladas de productos químicos ácidos, sosa cáustica y ácido sulfúrico al año, que serán expulsados por las chimeneas en forma de vapor de agua y que llegarán a la ciudad”.

La mayoría de los partidos presentes en el Ayuntamiento de Cáceres se muestran expectantes ante la presentación definitiva del proyecto; también aguardan a la decisión que tomen los técnicos medioambientales de la Junta de Extremadura sobre la imprescindible declaración de impacto ambiental de la mina. Pero en contra de forma inequívoca se posiciona ya Unidas Podemos. Su portavoz, Consuelo López, explica: “No queremos una mina de ninguna manera en la montaña, independiente de que sea soterrada. No hay ninguna mina de este tipo en el mundo”. López lamenta que algunos partidos hayan cambiado de opinión a lo largo de los últimos meses. También se muestra en contra el concejal no adscrito Francisco Martín Alcántara: “la mina soterrada es un proyecto inviable, es ilegal, no cumple con la normativa urbanística del plan general que declara ilegal la extracción minera en ese lugar; además se haría a pocos kilómetros de la ciudad y cerca de hospitales y zonas residenciales”.

En el lado opuesto están partidos como Ciudadanos. Su portavoz en Cáceres, Raquel Preciados, asegura que están a la espera de los informes técnicos y una vez que los tengan tomaran una valoración en firme, ya que nunca van a apoyar algo que sea perjudicial para Cáceres. Desde el PP inciden también en que no conocen el proyecto y que una vez que se haga público lo valoraran. Su portavoz, Rafael Mateos, asegura que se están manteniendo encuentros y lo van a seguir haciendo con expertos en la materia, para tener una opinión basada en datos objetivos y técnicos.

En todo este caso es vital el papel que desempeñará la Junta de Extremadura, que de momento tampoco valora el proyecto minero, ya que la única información con la que cuentan es el documento inicial que se acompaña a la solicitud de alcance ambiental. Respecto al cambio de una explotación a cielo abierto a otra soterrada, la Junta asegura que fue una decisión exclusiva de la empresa promotora. La Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad insiste en que no prejuzga el resultado de la tramitación de un expediente de evaluación ambiental de un proyecto que todavía no han recibido.

Sobre el impacto que podría tener la mina en Cáceres, la Junta asegura que son defensores de una minería estratégica compatible con la economía verde. “Nos referimos a una minería sostenible, cuyo paradigma es la necesidad de producir con los menores daños posibles al ecosistema, con la mayor eficiencia energética y con la máxima recuperación de productos y valorización de residuos”, señalan fuentes del Gobierno regional. Las mismas fuentes también indican que cualquier proyecto minero de entidad puede suponer un revulsivo para la dinamización económica. Además, la Junta insiste, como en otros casos, en la necesidad de que este proyecto también suponga un desarrollo industrial en Extremadura: “la región es consciente de que ha llegado su momento en la industrialización y para ello tanto la extracción como el aprovechamiento industrial del litio deben quedarse en la comunidad”.

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