El gran dilema nuclear: España está abocada a tener siete cementerios radiactivos ante la falta de un almacén centralizado

Es el elefante en la habitación cuando se habla de energía nuclear. O el gran marrón. ¿Qué hacer con los residuos de alta intensidad y larga vida de las centrales nucleares? ¿Dónde debe guardarse esta herencia que dejamos a las generaciones futuras? Ni el Gobierno de España ni las comunidades donde están las siete plantas nucleares en activo o en proceso de desmantelamiento del país se sienten cómodos al hablar de esto. Tanto es así que, pese a que esta pregunta lleva flotando décadas en el sector, sigue sin haber una respuesta definitiva. La duda es si debe construirse un único almacén que guarde esos residuos —principalmente, el combustible gastado— o si cada central se queda con sus desechos durante al menos los próximos 50 años. Y todo apunta a que España está abocada a tener siete cementerios nucleares ante la imposibilidad de que alguna comunidad acepte guardar los residuos de todas dentro de su territorio.

El Gobierno está tramitando el séptimo plan de residuos radiactivos y quiere aprobarlo en esta legislatura, aunque los plazos son cada vez más ajustados tras dos años de parálisis del proceso. El texto estará hasta mediados de junio en fase de información pública y el Ejecutivo no despeja todavía la incógnita: el proyecto deja abierta la posibilidad de que exista un único depósito ―el conocido como ATC, Almacén Temporal Centralizado— o siete ATD (Almacenes Temporales Descentralizados).

José Luis Navarro, presidente de Enresa —la empresa pública encargada de la gestión de los residuos radiactivos en España—, sostiene que “es el momento” para que todos se pronuncien sobre qué solución prefieren: “Comunidades autónomas, empresas propietarias, ayuntamientos, organizaciones ecologistas, público interesado en general...”. Pero ni a Navarro ni al Ministerio para la Transición Ecológica se les escapa que la clave son las autonomías. La oposición del Gobierno socialista de Castilla-La Mancha a que se construyera el almacén centralizado en el municipio conquense de Villar de Cañas fue, junto a los problemas de los suelos de la zona designada, lo que hizo naufragar aquel proyecto, en el que se llegaron a gastar 90 millones de euros.

El análisis de alternativas del proyecto de plan concluye que la solución mejor desde prácticamente todos los puntos de vista es la de contar con un solo cementerio. Pero también se apunta a que es necesario el consenso social y político para la designación. “Ha habido ayuntamientos interesados, ha habido una voluntad de los gobiernos centrales por tener un ATC, pero un ATC no se puede designar contra una comunidad autónoma”, abunda Navarro.

El borrador del séptimo plan nacional de residuos radiactivos, redactado por Enresa, se difundió el 16 de marzo de 2020 —justo al inicio del primer confinamiento por la pandemia—. Pero no fue hasta el 11 de abril de 2022, en plena Semana Santa, cuando el ministerio sacó a información pública la propuesta. En estos dos años ha habido tiempo para que el Gobierno aborde este asunto con los ejecutivos regionales. “Se ha hablado con las comunidades autónomas que ya tienen residuos de alta actividad en su territorio, y que son cinco: Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana y Extremadura”, explica Navarro. “No hemos encontrado ninguna reacción favorable a llevar el ATC a ningún territorio, lo cual conduciría a los ATD”, admite el presidente de Enresa. “Da la sensación de que ante una instalación como el ATC nadie discute su necesidad, pero todos dicen ‘no en mi patio trasero”, lamenta Navarro.

“Creo que lo más razonable son siete almacenes”, apunta José Luis Escudero, el consejero de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, donde hay dos centrales: una casi desmantelada por completo (Zorita, Guadalajara) y otra en operación (Trillo, Guadalajara). “Se entiende que si no existe un alto consenso se apueste por los ATD, es decir, que cada central se quede sus propios residuos”, añade Escudero. Pero esto, en la práctica, supone que los municipios en los que hay ahora centrales seguirán hipotecados con esos residuos cuando cierren las plantas hasta la década de los setenta como mínimo. Eso en el mejor de los escenarios, que sería que para entonces España ya contara con un Almacenamiento Geológico Profundo (AGP) en el que guardar definitivamente la basura nuclear.

El plan de residuos radiactivos del Gobierno calcula que el AGP debería estar funcionando en 2073; sería entonces cuando se trasladarían allí los residuos desde el ATC o los siete cementerios. “Si no hemos sido capaces de construir un ATC, ¿cómo vamos a ser capaces de construir un AGP? Es la pregunta del millón”, dice Juan Pedro Sánchez, alcalde de Yebra —junto a la central de Zorita— y presidente de Amac, la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares. Sánchez, cuya asociación defendió en su día que se apostara por un ATC, da “por enterrada” la posibilidad de que se cuente con un solo almacén nacional. “Cuando se falla en el primer intento...”, dice en referencia al fiasco de Villar de Cañas. El presidente de Amac recuerda que el actual plan de residuos, el séptimo, está caducado desde hace más de una década. Y se muestra muy escéptico sobre el séptimo plan que está tramitando el Ejecutivo: “Dudo mucho de que esté aprobado esta legislatura. No es serio que no se concrete después de tanto tiempo”. Navarro, sin embargo, cree que, si se cumple con el calendario previsto y no se adelantan las elecciones generales, todavía es posible que esta legislatura salga adelante el nuevo plan de residuos. “En julio de 2023 podría ser aprobado por el Consejo de Ministros”, dice el presidente de Enresa.

Sentido de Estado

El caso del consejero de Castilla-La Mancha, que expresa claramente su posición, es la excepción. El resto de comunidades guardan silencio o no desvelan su postura a EL PAÍS. “Estamos viendo si presentamos alegaciones, tenemos hasta junio, y no nos vamos a pronunciar antes”, señala Olga García, consejera para la Transición Ecológica de Extremadura, donde está la central de Almaraz. “De entrada, el depósito tiene que tener sentido y contar con un consenso social y político”, añade García. La Generalitat de Cataluña, donde están Ascó y Vandellòs, también rechaza posicionarse, informa Marc Rovira. Un portavoz del Departamento de Empresa y Trabajo alega que el asunto escapa de sus atribuciones: “No tenemos competencias en este ámbito”, afirma. “Lo estamos estudiando”, se limitan a comentar fuentes de la Comunidad Valenciana. “Hay una falta de visión de Estado”, lamenta el presidente de Enresa.

“Los residuos radiactivos son un marrón”, resume Meritxell Bennasar, de Greenpeace. Su organización tiene pensado presentar alegaciones al plan. En principio, cree que quizá la mejor solución puedan ser los siete almacenes. “Así se limitan los riesgos en el transporte de los residuos”, añade. Pero Bennasar confiesa que su organización no está al 100% segura: “Es la menos mala, pero tampoco lo tenemos claro”.

Si se miran solo los costes económicos, la solución debería ser otra. Porque, según el plan de Enresa, el sobrecoste que supone construir siete ATD en vez de un solo ATC es de 2.125 millones de euros. Enresa se financia principalmente con las tasas que pagan las propietarias de las centrales, las grandes compañías eléctricas. Y esta semana el Foro Nuclear, que representa los intereses de esas empresas, se ha quejado del incremento de costes que contempla el plan que se ha sometido a información pública.

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