La sequía lleva al Gobierno de Brasil a recomendar reducir el aire acondicionado y las duchas calientes

La falta de lluvias en el sur de Brasil agrava la peor sequía de su historia y ha obligado al Gobierno de Jair Bolsonaro a recomendar medidas concretas para moderar el consumo. El anuncio realizado por el ministro de Minas y Energía, Bento Albuquerque, fue televisado este martes por todos los canales justo antes del informativo nocturno, lo que da idea de la gravedad del asunto. Prometió que la Administración, que es gigantesca, reducirá un 20% el consumo y pidió gestos concretos a sus 210 millones de compatriotas: “Aprovechen la luz natural, y, preferiblemente, dejen para las mañanas y los fines de semana las duchas calientes, el aire acondicionado y la plancha”.

Brasil se declaró en emergencia hídrica en mayo, pero la temporada de lluvias en el sur ha sido menos copiosa de lo previsto. Y se espera que la crisis persista aún unos meses hasta el cambio de estación. Solemne, el ministro Albuquerque declaró: “Regreso hoy para informarles de que nuestras condiciones hidroenergéticas han empeorado”. El asunto es políticamente delicado para Bolsonaro que es reacio a imponer restricciones porque no quiere que la sequía y sus consecuencias entorpezcan sus planes de ser reelecto el año que viene.

El epicentro de la crisis está en el sur y el sudeste de este país de territorio continental, pero sus efectos se sienten en otras regiones. La preocupación es regional. Argentina decretó a finales de julio emergencia hídrica por seis meses. El río Paraná, que es el segundo más extenso de Sudamérica, nace en Brasil, cruza Paraguay y desemboca en Argentina, corre con el caudal más bajo en las últimas siete décadas.

En tono didáctico, el titular de Minas y Energía brasileño explicó el calibre del problema: la falta de lluvias ha mermado tanto las reservas en las centrales hidroeléctricas que sufren un déficit equivalente “al consumo de una ciudad del tamaño de Río de Janeiro durante cinco meses”. Río, con sus más de siete millones de habitantes, es el segundo municipio más poblado.

La crisis tiene ya repercusiones económicas graves en Brasil, cuyo PIB ha caído un 0,1% en el segundo trimestre. Como las hidroeléctricas son la primera fuente de energía del gigante sudamericano, ha tenido que echar mano de las centrales termoeléctricas e importar electricidad de los países vecinos, lo que encarece los costes y dispara la factura.

El Gobierno de Bolsonaro enmarca la actual crisis hídrica en fenómenos naturales y recalca que otros países están sufriendo problemas similares, intentando desvincular la grave situación del calentamiento global o la emergencia climática. De todos modos, el ministro Albuquerque reconoció que la solución no está solo en manos de los consumidores: “Además de nuestro empeño, necesitamos lluvia”.

En el horizonte existen datos preocupantes para el medioambiente mundial. Brasil —la principal reserva hídrica del mundo— ha visto secarse en las tres últimas décadas el 15% del territorio que estaba cubierto por agua dulce. Han pasado de 19 millones de hectáreas a 16 millones, según un reciente informe del proyecto MapBiomas basado en la comparación de imágenes de satélite.

El cambio climático, la deforestación, la construcción de hidroeléctricas y las enormes cantidades de agua que requiere el agronegocio —pilar de las exportaciones— son las principales causas de que ríos, arroyos, humedales, etcétera se estén secando.

Desde que llegó al poder, Bolsonaro dejó claro que los asuntos medioambientales y sus efectos le resultan totalmente secundarios. A su modo de ver, la sostenibilidad frena el desarrollo económico. Pero los poderosos productores agropecuarios ya sienten los efectos de la falta de lluvias y la presión internacional sobre Brasil para que frene la deforestación en Amazonia es constante.

El Gobierno anunció esta semana la contratación de 700 nuevos inspectores ambientales, lo que supondría prácticamente duplicar los activos para vigilar un territorio mayor que la Unión Europea y un aumento presupuestario para combatir los delitos ambientales. A falta de que se materialice, supondría un cierto cambio respecto a la política implementada por el Gobierno Bolsonaro, que ha debilitado las instituciones dedicadas a la protección del medioambiente y aparcado cualquier política de apoyo a los indígenas, que ejercen un papel crucial en la preservación del medioambiente y la biodiversidad. Además, ha criminalizado a las ONG ecologistas. La deforestación y los incendios se han acelerado.

El ministro de Energía añadió durante su comparecencia televisada que las familias que ahorren luz recibirán descuentos en la cuenta, que la víspera subió un 7%. E instó “a los grandes consumidores”, en referencia a las empresas que más consumen, a hacer también un esfuerzo para ahorrar energía, pero sin detallar porcentajes y dejando claro que la reducción es voluntaria.

Desde hace unos meses, Bolsonaro asiste el descenso sostenido de su popularidad y por eso no quiere ni oír hablar de imponer restricciones a la ciudadanía aunque este mismo miércoles su vicepresidente, el general Hamilton Mourão, ha aireado la posibilidad. De todos modos, la relación entre ambos es tirante.

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