El CSIC abre expediente disciplinario a cinco científicos implicados en la trama saudí para amañar el ‘ranking’ de universidades

Más de medio año después de que EL PAÍS destapase la trama saudí para hacer trampas en el ranking mundial de universidades, el mayor organismo científico de España ha abierto expedientes disciplinarios a sus cinco investigadores presuntamente implicados, según confirman fuentes del Ministerio de Ciencia. Varias universidades árabes pagan hasta 70.000 euros anuales por cabeza a reputados científicos extranjeros para que mientan y declaren en una base de datos que su lugar de trabajo principal está en Arabia Saudí. Gracias a este engaño, las instituciones académicas saudíes trepan artificialmente en las clasificaciones de las mejores universidades del mundo, como el famoso ranking de Shanghái.

Un portavoz del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) evita concretar los nombres de sus trabajadores expedientados, pero solo había cinco miembros del organismo con la información falseada en esa base de datos, un listado con los 7.000 científicos más citados del mundo, elaborado por la empresa especializada Clarivate. El químico Damià Barceló declaró entre 2016 y 2022 que su afiliación primaria era la Universidad Rey Saúd, en la ciudad saudí de Riad, pese a que en realidad era el director del Instituto Catalán de Investigación del Agua, en Girona.

La química Mira Petrovic, también investigadora de la misma entidad catalana, recibió una oferta de la Universidad Rey Saúd en 2019. Un profesor árabe le explicó las sencillas condiciones. “Tu afiliación primaria debe ser la Universidad Rey Saúd en la base de datos de la Lista de Científicos Muy Citados de Clarivate [la utilizada por el ranking de Shanghái]”, le informó el profesor. Una vez que ejecutase la trampa, le llegaría un documento. “Tras la firma del contrato y la aprobación del director del Programa de Becas para Científicos Distinguidos, recibirás 70.000 euros en tu cuenta bancaria”. Petrovic rechazó la oferta inmediatamente. El científico holandés Jan Willem van Groenigen confirma que recibió una propuesta similar y también la rehusó. Damià Barceló, sin embargo, aseguró a este periódico en abril que él no ha estado cobrando 70.000 euros anualmente en su cuenta bancaria durante los siete años en los que ha mentido en la base de datos.

El químico Rafael Luque, de la Universidad de Córdoba, sí declaró falsamente entre 2019 y 2022 que su lugar de trabajo principal era la Universidad Rey Saúd. La institución cordobesa se desplomó unas 150 posiciones en el ranking de Shanghái por aquella trampa a escondidas de su investigador, según un cálculo de la consultora barcelonesa SIRIS. El pasado diciembre, la Universidad de Córdoba suspendió 13 años de empleo y sueldo a Luque. El portavoz del CSIC, sin embargo, subraya la “presunción de inocencia” de sus cinco expedientados. El propio Damià Barceló está siendo investigado por la Oficina Antifraude de Cataluña, según fuentes conocedoras de su caso, pero sigue siendo director en funciones del Instituto Catalán de Investigación del Agua, cuyo patronato preside Joaquim Nadal, consejero de universidades de la Generalitat de Cataluña. Los 14 científicos principales del centro de Barceló pidieron en abril su suspensión cautelar inmediata, sin éxito.

El ranking de Shanghái es la clasificación universitaria más influyente del planeta. Sus autores —especialistas de la Universidad Jiao Tong de esa ciudad china— calculan la posición de cada institución académica en función de factores como el número de ganadores del Nobel y la cantidad de profesores incluidos en la Lista de Científicos Muy Citados de la empresa Clarivate. Las universidades saudíes contactan cada año con investigadores extranjeros de ese listado y les ofrecen dinero fácil a cambio de mentir y declarar que trabajan en Arabia Saudí en primer lugar. El truco solo se aprecia en esa base de datos.

El investigador Francisco Tomás Barberán, exdirector del Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura del CSIC, también modificó su información en 2020 en la base de datos y afirmó que su lugar de trabajo principal era la Universidad de Taif, cerca de La Meca, en vez de su auténtica institución, en Murcia. Tomás Barberán, un tecnólogo de los alimentos experto en microbios intestinales, es el presidente del área de Ciencias agrarias y agroalimentarias de la Agencia Estatal de Investigación, dependiente del Ministerio de Ciencia.

El físico del CSIC Andrés Castellanos declaró entre 2020 y 2022 que su afiliación primaria era la Universidad Rey Saúd, pese a que trabaja en el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid. En junio de 2023, cuando ya se conocía su implicación en la trama saudí, fue elegido académico de número de la Academia Joven de España, una organización dedicada a promocionar la ciencia.

El CSIC, presidido por la politóloga Eloísa del Pino, inició en abril una investigación interna caso por caso tras recibir una consulta de este diario. El Comité de Ética del CSIC, encabezado por el filósofo Txetxu Ausín, habló con los cinco trabajadores ahora expedientados, pero no contactó con investigadores que rechazaron la oferta saudí y tienen pruebas del funcionamiento del fraude, como la propia Mira Petrovic y Mario Estévez, un veterinario de la Universidad de Extremadura que también aparece en la lista de científicos más citados del mundo.

Ese primer procedimiento del CSIC concluyó hace unos días “afirmando que quizá podría haber indicios de una presunta infracción administrativa de la que pueden derivarse eventuales responsabilidades”, según el portavoz del organismo. El expediente disciplinario implica una investigación con mayor profundidad, aunque otras fuentes del CSIC subrayan que la institución no puede obtener información de las cuentas bancarias de sus trabajadores.

Además del químico Damià Barceló, el físico Andrés Castellanos y el tecnólogo de los alimentos Francisco Tomás Barberán, los otros dos investigadores del CSIC vinculados a la trama saudí son Pedro Luis Rodríguez Egea, un experto en sequía del valenciano Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, que declaró trabajar en la Universidad Rey Saúd entre 2017 y 2020; y Roberto Fernández Lafuente, del madrileño Instituto de Catálisis y Petroleoquímica, que en 2020 y 2021 afirmó que su afiliación primaria era la Universidad Rey Abdulaziz, en la ciudad saudí de Yeda. Tras la apertura de los expedientes disciplinarios, EL PAÍS ha escrito a los cinco investigadores, sin recibir respuesta de ninguno, salvo de Francisco Tomás Barberán. “Estando en curso un expediente creo oportuno no hacer declaraciones, pero en ningún caso ha existido perjuicio para el CSIC”, se ha limitado a señalar el científico que aseguró trabajar cerca de La Meca, en vez de en Murcia.

Un informe de la consultora SIRIS analizó en mayo la dimensión del fraude en el mundo. Desde hace alrededor de una década, 210 investigadores muy citados de otros países han declarado que su lugar de trabajo principal es una universidad saudí. La mayoría de ellos son de China (44), España (19), Estados Unidos (16) y Turquía (14). España también ocupa el podio en términos relativos, ya que aproximadamente el 10% de sus científicos muy citados mintió en la base de datos de 2022, un porcentaje solo superado por el de Turquía (40%) e India (12%). En España, el matemático Juan Luis García Guirao, de la Universidad Politécnica de Cartagena, ha actuado durante años como intermediario de la Universidad Rey Abdulaziz, para intentar convencer a científicos españoles de que mintieran en la base de datos, según las grabaciones y documentos a los que ha tenido acceso este periódico.

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