La izquierda chilena impide multar a quienes no voten a pesar del sistema obligatorio

El Congreso chileno nuevamente se ha enfrascado en un debate sobre la obligatoriedad del voto. A solo tres meses de las elecciones municipales, un termómetro clave para medir las fuerzas de cada sector antes de las presidenciales de 2025, un grupo de parlamentarios del oficialismo del Gobierno de Gabriel Boric han votado en contra de multar a quienes no acudan a las urnas. La oposición, que en el pasado se mostró a favor del voto voluntario, ha sido crítica con la postura de gran parte de la izquierda, a la que acusa de hacer un cálculo electoral para cambiar las reglas y desincentivar la participación, cuyas cifras más bajas se registran en los sectores de bajos ingresos. El diputado del Frente Amplio, Gonzalo Winter, calificó el proyecto de ley que establece sanciones económicas a quienes no voten de “antipobre”. La Administración de izquierdas, por su parte, se comprometió a enviar un veto para restablecer las multas.

La crisis de participación electoral impulsó a que Chile, con un padrón electoral de 15 millones, restableciera el voto obligatorio a fines de 2022. Cuando se discutió en el Congreso, el entonces diputado del Frente Amplio (FA) Gabriel Boric celebró la reforma al sistema “como una manera de enfrentar la espiral de abstención que silencia la voz de los más jóvenes y de los más pobres”. Ahora, el diputado Winter, una de las principales figuras del FA en el Congreso y cercano al mandatario, planteó en la Cámara: “¿Quiénes son los que no votan? A los que quieren obligar, forzar, a ir a votar, son los pobres, por eso es que este proyecto es antipobres. Es castigar a los pobres por no participar de nuestra fiesta, a los que menos dinero tienen, a los adultos mayores, a los que se niegan a subirle la pensión”. En los debates anteriores, Winter defendió el voto voluntario, a diferencia de la mayoría de su sector.

Durante una década (2012-2022) el país sudamericano funcionó bajo el sistema de inscripción automática y sufragio voluntario, profundizando la falta de implicancia de la ciudadanía en los procesos electorales. En junio de 2021, por ejemplo, en las primeras elecciones democráticas de gobernadores regionales, solo participó el 19,6% de los convocados, y en las elecciones municipales de 2016 apenas el 36%. El Consejo para la Transparencia ha explicado que en un país desigual como Chile, el tipo de mecanismos voluntarios profundiza las inequidades, porque quienes se restan mayormente de votar son las personas de los estratos bajos y se produce un sesgo en favor de las que tienen más recursos.

Para poner fin a la tendencia de baja participación, el Parlamento chileno, por amplia mayoría, aprobó en 2021 una reforma constitucional que restableció la obligatoriedad del sufragio en todas las elecciones y plebiscitos a partir de 2022. La normativa estableció que una ley orgánica constitucional fijaría las multas por el incumplimiento del deber.

Ahora, en el marco del debate del proyecto de ley que fija en dos días la celebración de las elecciones municipales y regionales de octubre, el Congreso tuvo que votar la sanción que se le aplicaría a quienes no ejercieran su derecho a voto. Tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados y Diputadas, la abstención o rechazo de un grupo de parlamentarios oficialistas impidió alcanzar el quórum necesario para aprobar la sanción de entre 30.000 a 130.000 pesos chilenos (33 a 143 dólares) a quienes no voten.

Otro punto de discordia ha sido que los extranjeros habilitados para sufragar paguen la multa si no votan. La Constitución chilena concede el derecho a voto a extranjeros “avecindados en Chile por más de cinco años”, sin estar nacionalizados. El artículo 14 señala que “podrán ejercer” el derecho, planteado como opción, no como obligación. El ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde, confirmó que el Ejecutivo presentará un veto presidencial aditivo para reponer multas por no sufragar: “Se ha planteado que esa sanción se aplique a las ciudadanas y ciudadanos del país”, aseguró. El que diga “ciudadanos” y no “electores” excluye a los extranjeros con más de cinco años de residencia. Los parlamentarios de oposición rechazan el cambio y abogan porque la situación de los migrantes sea objeto de otra ley.

El rechazo a las sanciones provocó un alud de críticas en la oposición y parte de la centroizquierda. “Una obligación sin sanción no es obligación”, dijo el diputado Alberto Undurraga, presidente de la Democracia Cristiana, un partido de la centroizquierda afín al Gobierno de Boric, pero que no forma parte del oficialismo. El senador Juan Antonio Coloma, de la Unión Demócrata Independiente, de la derecha tradicional, sostuvo: “Yo no sé por qué temen respecto a que la gente vote. Da la impresión de que no es todo lo que se había planteado de que era un deber ciudadano. Resulta que ahora no es un deber ciudadano porque están estableciendo un voto obligatorio sin sanción. Eso es kafkiano”.

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