Andrés Cruz, exfiscal, sobre la violencia en el Biobío: “Si las FF.AA. carecen de respaldo político decidido para actuar, es obvio que el estado de excepción es más bien simbólico”

El asesinato de tres carabineros, que fueron baleados y luego quemados dentro de su camioneta de patrullaje la madrugada del 27 de abril en la ruta P-72 S que une Tirúa con Cañete, en la provincia de Arauco, ha puesto nuevamente a una zona de la región del Biobío, en el sector centro-sur de Chile, en el foco. Por más de una década ha sufrido violencia rural, con atentados tanto de grupos radicales mapuche, que armados han incendiado predios y casas, y de bandas, algunas asociadas a estas agrupaciones, dedicadas al robo de madera. Con el tiempo también han surgido otras organizaciones, que trafican drogas y roban automóviles.

Como lo ha descrito el martes el fiscal nacional Ángel Valencia, “en la zona muchas veces hay grupos que son calificables como terroristas, pero a la vez hay bandas de delincuentes comunes que son tanto o más violentas, que recurren a la violencia simplemente para tener control territorial, como el crimen organizado”, señaló a radio Cooperativa.

Para quienes han investigado en esa zona, el crimen de los tres carabineros ha sido el dramático corolario de la violencia que comenzó hace al menos 16 años, cuando varios hechos alertaron de que esa violencia solo podría crecer. Testigo de eso es el exfiscal Andrés Cruz (Concepción, 1973), quien halló en agosto de 2007 un fusil M-16 en manos de un hombre en Tirúa. Y, en 2008, indagó el atentado, también en Tirúa del fiscal Mario Elgueta, cuya comitiva de dos carabineros y tres detectives sufrió una emboscada a balazos. “Hubo funcionarios con lesiones graves que, hasta hoy, sufren las consecuencias. Uno usaba un casco, y los proyectiles que tenía denotaban que les dispararon a matar”, dice Cruz.

Pero el atentado a Elgueta, por el que fue condenada la cúpula de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), el primer grupo radical que comenzó a operar en la zona, no fue la primera alerta. En 2005, recuerda Cruz, en Ranquilhue, un grupo armado ingresó a un campamento, sacó a familias completas de rodillas, y quemó sus casas y sus autos. “Ya en ese tiempo había antecedentes del uso de armamento pesado y de subametralladoras”, dice a EL PAÍS.

Cruz, abogado de la Universidad de Concepción y profesor de derecho procesal de la misma universidad, fue fiscal por más de diez años, hasta 2011, y en Talcahuano, región del Biobío, se especializó en investigación de lavado de activos, crimen organizado y tráfico de drogas. En 2022, fue convencional constituyente por el Partido Socialista.

Pregunta. ¿Cuáles son los hitos que han marcado la violencia en la región del Biobío?

Respuesta. En 2001 hubo un atentado a una hacienda en Lleu Lleu. Y en 2005, en Ranquilhue, recuerdo que las víctimas hablaban de sujetos que obraban con uniformes y armados. Y que había un liderazgo, alguien que daba instrucciones y sujetos que guardaban silencio y hacían. Ranquilhue fue bien brutal, y junto con la hacienda Lleu Lleu, que está a 50 kilómetros de Cañete, son un paradigma, pues marcaron un hito.

P. Usted investigó el hallazgo de un fusil M-16 en 2007 ¿eso fue sorprendente o ya había indicios de armas pesadas?

R. En 2005, en Ranquilhue, ya había denuncias respecto de que los sujetos portaban subametralladoras y fusiles, y luego, con el descubrimiento que se hizo del M-16, se le dio credibilidad al asunto. Hay que tomar en consideración el contexto, porque todos estos grupos tenían un apoyo político tremendo. En esa época se decía que todo era montaje, y que había una reivindicación absolutamente justificada de la utilización de la fuerza y de la violencia para reivindicar el territorio.

P. ¿De parte de la izquierda?

R. Yo me siento parte de la izquierda hasta hoy. Y en esa época yo comprendía que pudiese existir un ánimo de rabia y resentimiento tomando en consideración el hecho de que se trataba de un grupo de personas que vivían en la marginalidad, que no eran reconocidas y que eran oprimidas. Pero cuando me correspondió intervenir en estas investigaciones, me di cuenta de que había mucho de cáscara ideológica muy superficial y que, si bien había fanáticos, como en toda causa, la mayoría actuaba porque obtenía réditos económicos del robo y venta de madera y de la defensa que recibían de grupos armados. Y finalmente, la mayoría de las personas que vivían en el lugar estaban aterradas, con miedo. La vía armada no se puede comprender ni justificar.

P. ¿Qué significó el atentado al fiscal Elgueta?

R. Fue complejo, porque a mi juicio fue una vuelta de mano porque el fiscal había avanzado mucho en su investigación y estaba logrando el objetivo de encerrar al grupo. Y da la impresión de que la CAM en ese tiempo dijo: ‘este es nuestro territorio, y como es nuestro, vamos a actuar impidiendo que la autoridad chilena se constituya en el lugar, por lo que expulsamos por la fuerza”.

P. ¿Ya había en 2008 robo de madera?

R. Había mucha sustracción de madera. Recuerdo un aserradero móvil, y se estableció que estos individuos trabajaban sobre la base de un grupo que cortaba y sustraía madera, y luego había otro grupo, un anillo, que los protegía. Se desplazaban encapuchados y armados.

P. ¿Existían entonces indicios de tráfico de drogas?

R. Yo no lo vi nunca, tiene que haber sido posterior. Lo que vi fue una organización muy bien montada para sustraer madera.

P. ¿Cree que a las autoridades les costó asumir que había robo de madera en medio de la reivindicación del conflicto?

R. No es que costara. Todos sabían, pero no había voluntad para poder actuar contra estos grupos porque había simpatías políticas y eso dificulta el poder actuar. Pero eso se rompió con el ataque a Mario Elgueta, porque un hecho con esas características tiene obligaciones para las autoridades, y el Gobierno se querelló por ley antiterrorista.

P. ¿Cómo describiría la ruta P 72 donde fueron asesinados los tres carabineros el 27 de abril?

R. Es extremadamente difícil obtener algún tipo de antecedente si no es con aplicación de herramientas distintas a las destinadas a perseguir un delito común.

P. ¿Le sorprendió el ataque a los tres carabineros?

R. Lamentablemente, no. Es extremadamente grave, pero han habido muchos hechos anteriores y no son los primeros carabineros que mueren. Está la tragedia del molino Grollmus en Contulmo; están los controles vehiculares, está el hecho de que a un fiscal lo hayan emboscado. Es decir, hay un patrón, y ese patrón implica que por dejar de que estos sujetos se desenvolvieran sin ningún tipo de control, hace que hasta este momento sea extremadamente rentable operar en la zona. No solo desde el punto de vista económico, sino porque está asegurada la impunidad. Por eso ya no tenemos solo a la CAM, que está muy debilitada y golpeada, sino que hay otros grupos que, aprovechándose de las circunstancias, como descolgados o individuos que puede que no tengan ninguna vinculación con la reivindicación del conflicto, aprovechen el vacío.

P. ¿Cuál es ese vacío?

R. La ausencia de Estado de derecho y el complejo para aplicar la fuerza pública. Hoy estamos hablando de un contexto donde hay estado de excepción constitucional, pues hay fuerzas armadas en el lugar. Pero si carecen de un respaldo político decidido para poder actuar, es obvio que estas sean medidas más simbólicas, sin perjuicio de que se han logrado resultados en términos de disminuir la cantidad de hechos punibles. Pero no es suficiente.

P. ¿Qué efecto ha traído esta situación?

R. Permite que estos grupos ejerzan control territorial, y que existan centenares de personas que hayan sido obligadas a desplazarse, a irse de ese lugar. Esa es una violación a los derechos humanos, tomando en consideración de que hay grupos organizados que pueden actuar bajo la impunidad y teniendo, en cierta medida, control sobre el territorio. Yo tengo casos [como abogado privado] en que a dos adultos mayores, uno de ellos con parkinson, se los obligó a salir en pijama y de rodillas, en las orillas del lago Lanalhue, y un sujeto encapuchado, con un fusil, los obligó a ver cómo quemaban su casa. Son profesores, no son grandes forestales. Y, lamentablemente, esto no es excepcional. Se supone que uno tiene una tendencia política, pero cuando uno ve que esto se escapa de la racionalidad y del sentido común, esto ya no es de izquierda o derecha, sino de respetar la dignidad humana y de entender que hay gente sufriendo desde hace mucho tiempo.

P. ¿A qué atribuye que hoy, como dijo el fiscal Valencia, existan distintas organizaciones en la zona?

R. Hoy puede que haya otro tipo de organizaciones, distintas, paralelas o que se desenvuelven al alero o en conjunto, pero que se aprovechan de la falta de Estado de derecho. Esto es consecuencia de haber abandonado ese lugar. Investigar delitos en zonas rurales es complejo, totalmente distinto a hacerlo en zonas urbanas. Los indicios desaparecen con mayor facilidad; los testigos tienen una mayor exposición frente a los espacios donde viven; es más difícil la aplicación de tecnología y los sujetos que se desenvuelven en esos lugares, conocen muy bien el territorio, algo que muchas veces no ocurre con los funcionarios que intervienen en este tipo de investigaciones.

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