El rechazo a la caza de perros asilvestrados en Chile enfrenta a los diputados oficialistas con los ambientalistas

La Cámara de Diputadas y Diputados de Chile ha rechazado este miércoles un proyecto de ley que declaraba a los perros asilvestrados como una especie exótica invasora, lo que ha cerrado la puerta a la autorización de su caza. El fracaso de la normativa, que recibió los votos en contra de parte de los parlamentarios del oficialismo del Gobierno de izquierdas del presidente Gabriel Boric, ha reabierto un intenso debate en el país sudamericano sobre la tenencia de los canes y la situación de los ejemplares que han atacado a personas y animales nativos.

El proyecto consideraba como perros asilvestrados a “todo aquel que ha nacido o ha vuelto a su estado salvaje, viviendo sin supervisión o control directo de seres humanos”. Alcanzó 19 votos a favor, 99 en contra y 21 abstenciones, por lo que quedó archivado y sin la posibilidad de ser debatido en el plazo de un año. Su rechazo ha sido celebrado por algunas agrupaciones animalistas, que defienden la tenencia responsable de mascotas y la esterilización como la solución definitiva al problema. Su voz ha sido replicada por algunos parlamentarios, entre ellos los integrantes del Frente Amplio, la coalición originaria de Boric, que han acusado a la derecha —que votó a favor del proyecto— de favorecer a la industria ganadera y no buscar otras opciones distintas a la cacería.

La diputada Gael Yeomans, una militante de Convergencia Social, la formación a la que pertenece el propio presidente de la República, ha celebrado la votación que ha echado abajo la propuesta. “Acaba de ser rechazado en la Cámara el proyecto que permitía la caza de perros asilvestrados. Bien por Chile, no al retroceso civilizatorio que proponía el Partido Republicano”, ha escrito en un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter). El mensaje fue inmediatamente replicado por el cineasta, documentalista y activista medioambiental Francisco Gedda, quien ha dado cuenta sobre el daño provocado por estos perros en el ecosistema chileno. “Mal por Chile, compañera. Los ecologistas venimos denunciando hace años el grave daño para la fauna nativa que producen las jaurías de perros asilvestrados. Dañan además la precaria economía campesina. Visiones urbanas que no consideran la naturaleza son un error civilizatorio”, ha dicho Gedda.

La mirada de Gedda ha sido compartida por algunos expertos como Diego Luna Quevedo, especialista en política y gobernanza de la organización de conservación Manomet, que emplazó a los diputados chilenos para que consideren la evidencia científica a la hora de decidir sobre estos temas. “La evidencia es contundente. Los perros asilvestrados son una de las principales amenazas para especies nativas como pudú, huemul, guanacos, vicuñas, zorros y aves playeras, a quienes atacan, depredan y transmiten enfermedades infecciosas. El Congreso debe legislar con seriedad esta materia”, ha escrito en su cuenta de la red social X.

Los ataques de los perros contra la fauna y las personas

El proyecto de ley rechazado por la Cámara baja chilena definía a los perros asilvestrados como aquellos canes que nacieron o que volvieron a su estado salvaje sin supervisión o control directo de seres humanos. El texto apuntaba a que estas especies actuaban de manera agresiva contra las personas, causando además daños graves a otros animales domésticos (entre ellos el ganado) y a la fauna silvestre a lo largo del territorio. Para el control de las jaurías, se autorizaba su caza en las afueras de las zonas urbanas —o a más de 200 metros de una vivienda rural—, fortalecer las medidas de resguardo y liberar de responsabilidad a quienes actúen en defensa propia contra estos perros.

La presencia de jaurías de perros que han crecido fuera del contacto humano ha sido un dolor de cabeza para las autoridades sanitarias. En noviembre pasado un grupo de estos canes mató a una ejemplar preñada de pudú —un pequeño ciervo que lleva años expuesto a los riesgos por la acción humana— en la Isla de Chiloé, a 1.080 kilómetros al sur de Santiago de Chile. El efecto de estos animales fuera de control también ha llegado directamente a las personas. En febrero del año pasado una joven llamada Daniela Gamboa Silva fue atacada hasta la muerte por una jauría en el municipio de San Pedro de Atacama, en pleno desierto de Atacama, a 1.600 kilómetros al norte de la capital. En enero de 2024, y en esa misma zona del país, una turista brasileña terminó con graves heridas por la arremetida de siete perros.

La autorización de la cacería de perros asilvestrados ha generado un fuerte debate entre la ciudadanía, las autoridades, los grupos animalistas y las organizaciones ambientalistas. En 2015, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), una entidad gubernamental a cargo de la supervisión de los animales en Chile, permitió la captura y muerte de estas especies, en una medida que se extendió solo por 11 días debido al repudio de las agrupaciones defensoras de los animales.

En Chile, al igual que en el resto de América Latina, el abandono de perros en la calle ha sido un tema que ha permanecido sin una solución clara durante varias décadas. Desde 2017 el país sudamericano cuenta con una ley de tenencia responsable de mascotas —que es conocida como Ley Cholito, debido al caso de un perro llamado Cholito, que ese mismo año fue asesinado a golpes en el barrio comercial santiaguino de Patronato—. En la normativa vigente se fijan algunas sanciones para quienes descuiden o abandonen a sus mascotas, con el establecimiento de un registro nacional que identifica a cada ejemplar y a su cuidador.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS Chile y reciba todas las claves informativas de la actualidad del país.