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La justicia echa abajo los permisos de videollamadas y visitas íntimas que dio el juez Urrutia a reos peligrosos

La Corte de Apelaciones de Santiago decide en forma unánime dejar sin efecto las polémicas autorizaciones que beneficiaban a un grupo de presos del Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (REPAS)

El magistrado Daniel Urrutia y Gabriel Boric durante su visita al Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (REPAS).
El juez Daniel Urrutia y Gabriel Boric durante su visita al Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (REPAS).urrutilaubreaux / Subsecretaría de Justicia
Rocío Montes

La séptima sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ha resuelto en forma unánime echar abajo los permisos de videollamadas y de visitas íntimas que el juez de garantía Daniel Urrutia concedió a un grupo de reos de alta peligrosidad, recluidos en el Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (REPAS), en Santiago. Los ministros de la corte, además, dispusieron que este caso –que ha generado una fuerte controversia en Chile, que sufre una inédita crisis de inseguridad pública– sea revisado por el pleno del tribunal de alzada “para los fines pertinentes”, dadas las “irregularidades evidenciadas”, según la decisión tomada por los ministros Lilian Leyton, Tomás Gary Fernando Valderrama.

“Se revoca la resolución apelada de fecha veinticinco de enero de dos mil veinticuatro, dictada en audiencia por el séptimo juzgado de garantía de Santiago, que mantuvo la decisión de autorizar visitas a cuatro internos mediante la realización de videollamadas con terceros, además de acceder a la visita íntima solicita por el interno extranjero Rafael Marín Vielma, y en su lugar se decide que se dejan sin efecto las antes referidas autorizaciones, desestimándose las peticiones efectuadas en tal sentido por los privados de libertad”, decidieron los ministros.

Para la Corte de Apelaciones, el juez Urrutia –que otorgó las autorizaciones en el marco de una visita semanal de cárcel– actuó al margen de su competencia y atribuciones.

“Imperioso resulta referir que tratándose de los internos aludidos en el arbitrio de apelación en estudio, la medida cautelar de prisión preventiva fue decretada por distintos tribunales de garantía del país –ninguno de ellos el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago–, de lo que necesariamente se sigue que el juez de dicho tribunal a cargo de la visita semanal de cárcel, carecía por completo de facultades para conocer de las solicitudes y presentaciones realizadas por los internos con ocasión de la ejecución de la medida, infringiendo en consecuencia, con su proceder lo preceptuado en el antes citado artículo 150 del Código Procesal Penal”, sostiene el fallo.

De acuerdo a la corte, “la resolución impugnada se encuentra teñida de ilicitud”.

En enero pasado, Urrutia –el juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago– resolvió autorizar la realización de videollamadas a cuatro reos extranjeros, dos de ellos parte de la megabanda venezolana el Tren de Aragua, para que se comunicaran con sus familiares en el exterior. El REPAS no contempla un espacio para visitas íntimas, por lo que Gendamería impugnó otra resolución del juez Urrutia, quien autorizó a un narcotraficante de origen colombiano, condenado a 15 años de presidio, a tenerlas. Actualmente, la mayoría de los internos del REPAS son extranjeros, y quienes los visitan deben estar empadronados, es decir, con su documentación de identidad regularizada.

La determinación fue en contra de la opinión de Gendarmería, el servicio estatal de prisiones, porque los favorecidos se encuentran en prisión preventiva en la principal cárcel de seguridad chilena, cuyo régimen y funcionamiento está siendo especialmente observado en medio de la ola de la emergencia de una nueva criminalidad. Inaugurado en 1993, fue reabierto con nuevas y más fuertes medidas de vigilancia en marzo de 2023 por el presidente de izquierdas Gabriel Boric en el marco de la Política nacional contra el crimen organizado.

Los reos que fueron autorizados por Urrutia para realizar las videollamadas fuera de Chile son de alta peligrosidad, ha recalcado el Gobierno, que ha criticado fuertemente la determinación. De ellos dos, que en octubre del año pasado protagonizaron un motín en el penal, son parte del Tren de Aragua, imputados por delitos de tráfico de personas migrantes, de drogas y de armas, además de explotación sexual. Otros dos fueron detenidos por el crimen del carabinero Daniel Palma en abril de 2023, que fue baleado en la cabeza mientras realizaba una fiscalización en el centro de Santiago. Al funeral del policía acudieron, además de Boric, tres expresidentes de la República.

En el REPAS, ubicado en el municipio de Santiago, se encuentran detenidos además los principales líderes de bandas transnacionales que han sido protagonistas del avance del crimen organizado en el país. Entre ellos Carlos González Vaca, alias Estrella, jefe del Tren de Aragua en Chile, y Hernán David Landaeta Garlotti, alias Satanás, sicario de la organización criminal.

De acuerdo a la investigación de la Fiscalía de Chile, fue el Tren de Aragua el que secuestró y asesinó a Ronald Ojeda, el exmilitar venezolano de 32 años que fue secuestrado el 21 de febrero y cuyo cuerpo se encontró hace una semana enterrado bajo cemento en una barriada informal de la capital chilena.

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Sobre la firma

Rocío Montes
Es jefa de información de EL PAÍS en Chile. Empezó a trabajar en 2011 como corresponsal en Santiago. Especializada en información política, es coautora del libro 'La historia oculta de la década socialista', sobre los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. La Academia Chilena de la Lengua la ha premiado por su buen uso del castellano.
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