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Juan Pablo Luna: “Hay muchos ‘cabros’ que ven en las carreras criminales, y no en la educación, una forma de acceso a la vida que quieren. Aunque sea una vida corta”

El académico uruguayo radicado en la capital chilena habla sobre el impacto de los mercados ilegales en la sociedad. “Hay que invertir en los niños”, dice

Juan Pablo Luna
Juan Pablo Luna, en su oficina de Santiago, el 17 de enero de 2024.Sofía Yanjarí
Rocío Montes

Hace 15 años estudiaba tanto en Chile como en Uruguay la relación de los partidos políticos con los sectores populares, con mucho trabajo en terreno, cuando observó que en Chile las estructuras partidarias se debilitaban o desaparecían y, al mismo tiempo, aparecían bandas locales de criminalidad que hacían incluso difícil entrar a los territorios. Juan Pablo Luna (49 años, Montevideo), académico de la Escuela de Gobierno UC, ha investigado los mercados de la ilegalidad y su impacto en las sociedades y en el Estado. Junto al investigador chileno Andreas E. Feldmann publicó Política criminal y desarrollo fallido contemporáneo en América Latina, donde desarrollan la siguiente idea: la debilidad fundamental de los estados de la región no está en el funcionamiento de sus instituciones internas ni en sus problemas históricos, sino en los nuevos desafíos con los que no pueden lidiar y restringen la ciudadanía democrática. El principal de estos nuevos retos: los operadores de mercados ilegales.

Luna distingue: no solo se refiere al narcotráfico, sino a distintas expresiones de crimen organizado –”y a veces crimen no tan organizado”, dice–, con las que ha irrumpido la ilegalidad en la región. Esta entrevista, realizada el miércoles, en una tarde calurosa de verano de Santiago de Chile, el investigador del Instituto Milenio Fundamentos de los Datos y VioDemos se referirá a investigaciones suyas recientes, como la de los narcozorrones: estudiantes de buenas carreras de los barrios acomodados de la capital chilena que microtrafican. Lo hace en un país como Chile donde la nueva criminalidad alarma a la población y donde, en los últimos días, autoridades de distintas tendencias buscaron bajar del Festival de Viña del Mar a Peso Pluma, el cantante urbano mexicano, por considerar que fomenta la narcocultura.

A Luna lo del cantante le parece una “pelea pequeña” en medio de un problema de fondo: “Se te está yendo el Estado y sin Estado no hay democracia, y punto”. Esa preocupación es la que aborda en una investigación en desarrollo, auspiciada por la Fundación Harry F. Guggenheim, sobre la crisis estatal desatada por la mayor centralidad que han ganado los mercados ilegales en países con estados de relativa buena calidad, como Chile y Uruguay.

Mientras toma mate en la oficina de la universidad, analiza:

–”En Chile tenemos la idea de que se nos vino el narco. Pero hay una serie de otros mercados ilegales que, como el narco, se estructuran en una lógica de control territorial y operan corrompiendo a la institucionalidad estatal y, eventualmente, a la política”.

Pregunta. ¿Qué otras expresiones de crimen organizado vemos en Chile?

Respuesta. Trata de mujeres, de migrantes, trabajo forzado, el microcrédito, la extorsión, el secuestro, el sicariato. El tema de los loteos brujos, las tomas de terreno, la madera en el sur.

P. Se ha debatido sobre si la situación en Chile es comparable a la de Ecuador.

R. En cada caso se da una configuración particular, en función de características locales y de las ventajas competitivas de cada país para determinados negocios. En el caso de Ecuador tienes bandas carcelarias organizadas hace tiempo con vinculaciones directas con grupos internacionales de envergadura asociados al tráfico internacional –los mexicanos, la mafia albanesa, la Ndrangheta italiana– y esa fusión genera la crisis. En el caso chileno no tenemos ese tipo de estructura configurada. El mercado internacional de pasaje de droga ha ganado mucha importancia en Chile, pero es un mercado que está relativamente desanclado de las lógicas territoriales de las bandas pequeñas que operan en el territorio. En Chile tampoco hay por el momento una estructura carcelaria sindicalizada como en Ecuador, Brasil o Paraguay.

P. ¿Qué es lo que ha cambiado en Chile en la última década?

R. El consenso hasta hace unos años era que habían ciertos países en América Latina que tenían estados suficientemente fuertes con los que podrían capear este temporal: Costa Rica, Chile y Uruguay. Pero los mercados ilegales se han vuelto más importantes no solo en América Latina, sino en el mundo. Y hoy vemos que estos tres países no están dando el ancho. Están siendo pasados a llevar por distintas lógicas relacionadas a la irrupción y a la expansión de la ilegalidad.

P. ¿Hay un despliegue en Chile del crimen organizado en sus distintas versiones?

R. Hay más negocios relacionados al crimen organizado y, por lo tanto, más bandas disputando el territorio. En definitiva, hay más actores. Actores que están fragmentados, compitiendo por el territorio y los negocios y, al mismo tiempo, un Estado que ha tomado un poco más de conciencia y que trata de poner presión sobre estos negocios. Lo que vemos, por lo tanto, es una escalada de violencia. No solo vemos más homicidios, sino más violencia en esos homicidios. Aparecen cuerpos desmembrados marcando territorios, algo que usualmente consideramos indicador de disputas territoriales.

P. ¿Son bandas grandes?

R. No necesariamente son grandes. En cuanto a microtráfico, por ejemplo, siguen siendo clanes familiares. En otros, bandas de extranjeros. Pero unos y otros están disputando territorios, algo que sobreviene cuando aumenta la competencia entre bandas, pero también cuando se rompen pactos de protección que las bandas establecen con agentes del Estado y, eventualmente, con actores políticos, cuando controlan y pacifican un territorio determinado. Mientras tanto, la plata grande del narco está pasando por los puertos, las aduanas, por el sistema financiero. Porque toda la plata que genera esta actividad hay que meterla en la economía.

P. ¿Por qué no hablamos de eso?

R. De eso no estamos hablando porque no genera ruido, porque no genera violencia, no es visible políticamente. Pero ahí es donde están los peces gordos del negocio, donde está el mayor potencial de corrupción o de infiltración en la política y en las instituciones. En ese sentido, a nivel de bandas pequeñas, a mí me preocupa harto la captura de la institucionalidad municipal.

P. Le he escuchado decir que nada que ganes en el mercado ilegal sirve de algo si no lo pones a circular en el mercado legal. La importancia del lavado.

R. Y ahí pasa de todo: criptomonedas, diezmo evangélico, botillerías y locales de sushi que tienen un nivel de facturación completamente fuera de los parámetros normales. Y, nuevamente, un Estado que recién trata de generar inteligencia sobre estos asuntos. Si bien en Chile tienes agencias del Estado que tienen capacidades, están fragmentadas, muchas veces compitiendo entre sí, con datos que no cuadran y no se comparten. Los datos hasta ahora se utilizan para hacer política y ganar presupuesto e imagen pública, no tanto para entender lo que pasa. Mientras tanto, quienes terminan presos son los eslabones más débiles de la cadena, usualmente pobres entre quienes se cuentan muchas madres jóvenes.

P. Es parte de los prejuicios que botan en su texto sobre los narcozorrones, donde muestra el microtráfico ejercido por hombres jóvenes –mucho estudiante de ingeniería comercial– y de muy buena situación económica.

R. Esto siempre existió, aunque hoy se ha expandido y abarca más gente. Una de las cosas que más me sorprendió de esas conversaciones es la presión que los cabros sienten por mantener el estatus y el nivel de consumo de sus familias de origen. Lo otro potencialmente novedoso es que, a diferencia de antes, la marihuana y otras drogas que se consumen en Chile se están produciendo más en Chile. Esto ha permitido que el microtráfico ABC1 se haya desanclado de lo que sucede en las poblaciones. Es decir, mayor fragmentación y segmentación, en lugar de grandes bandas con fuerte integración vertical y horizontal de negocios.

P. Pero, mientras, opera el gran narco.

R. Por Chile han pasado cargamentos importantes que generan cientos de millones de dólares en Europa. Eso de alguna forma se tiene que lavar o incorporar a la economía legal y eso se hace mediante múltiples mecanismos financieros y cascadas de inversión. DJ Lizz lo dice mucho mejor que nosotros en el libro que escribimos con Andreas E. Feldmann, pero estamos pensando más o menos lo mismo: todas las economías políticas latinoamericanas hoy tienen un flujo importante de recursos que está ingresando a las economías, que genera chorreo, más rápido y más masivamente en muchos casos, pero que proviene de fuentes que tienen que ver con actividades ilegales. Mientras esas actividades no generan violencia, los políticos pueden mirar para el lado y beneficiarse de las consecuencias políticas de ese chorreo. Pero llega un momento en que la violencia se desata y quienes operan estos mercados ilegales tienen medios más que suficientes para comprar o coercionar violentamente a la política.

P. ¿Y eso pasa en Chile?

R. En Chile, uno encuentra todavía mucha complacencia por parte de los actores más de élite respecto a la excepcionalidad del país: que este tipo de cosas acá no suceden y que si suceden, no son significativas. Entonces, entre la clase política nacional –más allá de excepciones donde se haga la vista gorda o donde eventualmente se tenga algún tipo de colusión con estructuras de este tipo–, lo que hay más bien es una ignorancia racional: lo dejamos pasar, no quiero enterarme. Es visto, meramente, como un tema de las policías y las fiscalías.

P. ¿Por qué dice que le preocupan los municipios?

R. Porque a nivel de política municipal, me parece bastante más difícil y menos creíble que no haya niveles de convivencia con estas estructuras ilegales. Una vista gorda explícita. Y no necesariamente tiene que ver con corrupción, sino con temor, miedo. No hay que olvidar que América Latina es la región donde se matan más candidatos en las elecciones. Un alcalde tiene que saber que muchos clubes deportivos o juntas de vecinos reciben platas que vienen de estos negocios y tienen benefactores. Por ejemplo, durante la pandemia, repartían mejores canastas que las que repartía el Estado y los empresarios. Antes era la política partidaria la que a nivel local entregaba becas para colegios o gestionaba problemas de salud. Hoy, eso se va a buscar a otro lado.

P. ¿Es real, entonces, cuando en Chile se habla de falta de Estado en algunos territorios?

R. Yo no suscribo del todo esta idea de que el Estado no está. El Estado está, pero de formas diferentes. Lo que sí uno ve es una llegada del Estado muy precaria, de muy mala calidad, que no le mueve la aguja a la gente en términos de su calidad de vida, que muchas veces abusa, o es abiertamente inferior en su respuesta respecto a lo que estos actores o benefactores locales pueden generar, incluso en cuanto a la mediación de conflictos. Y esto viene de muy atrás.

P. Para usted, ¿cuál es el problema de fondo?

R. Lo que enfrentamos es un problema de desarrollo, no meramente un problema de seguridad. Por ejemplo, está íntimamente relacionado con la crisis educativa y con la degradación e infiltración de instituciones clave para generar crecimiento y prosperidad en base a la economía legal.

P. ¿Cómo se vive en estas zonas, usted que ha trabajado el terreno? ¿En qué medida la narcocultura –tan en boga en esos días en Chile– se ha expandido?¿O es que acá recién lo estamos viendo?

R. La gente que trabaja en colegios asegura que a nivel de modelos de rol, el hijo del narco empieza a ser una figura de liderazgo en las comunidades escolares. Una figura que se mira con respeto, pero también con admiración por lo que tiene, por las zapatillas, los teléfonos, lo que consume. Y, al mismo tiempo, hoy hay relatos en los que muy explícitamente se hace este cálculo: “Yo sé que me van a apagar la luz en un par de años. Pero sé que, mientras, voy a tener las mejores minas, los mejores autos, me voy a tomar la mejor droga”.

P. Tremendo.

R. Es que se han acortado brutalmente los horizontes temporales de los jóvenes. Y mientras nosotros en la élite decimos “pucha, hay un gran problema con la educación, la deserción escolar y la calidad de la educación”, hay muchos cabros que hoy empiezan a ver en las carreras criminales una forma de acceso a la vida que quieren tener, aunque sea una vida corta, que la educación no les permite por ningún lado. Yo diría que ahí está el sustrato fundamental de este problema.

P. ¿En la educación?

R. Una de las palancas fundamentales del desarrollo para países como Chile ha sido el logro educativo, la inversión en educación, etcétera. Y bueno, esa promesa está muerta. En Chile, la promesa de la educación y el trabajo de calidad, como mecanismos de movilidad e integración social, se desfondó para una fracción relevante de la gente. Hay muchos sectores de la población que viven en este tipo de contexto y a los que no hemos podido ofrecer alternativas a ese desfonde. Y ante esto, ante la ilegitimidad de la política, ante la miseria en la que viven los padres o abuelos que trabajaron toda la vida y no lograron mínimos de dignidad, los grupos criminales empiezan a funcionar como alternativas potentes. Nos aterran el populismo y la polarización, pero se nos está licuando el Estado.

P. ¿Ve muy atrasado el Estado chileno con respecto a estos asuntos?

R. El Estado chileno, con todas sus capacidades históricas y relativas en la región, hoy está desbordado por lo que se viene incubando desde hace muchos años. Obviamente hay que atender el problema de la inseguridad, hay que tratar de lidiar con este problema hoy, pero hay que invertir en los niños. Y hay que invertir fuertemente en las infancias que vienen siendo muy vulneradas en el caso chileno y que hoy te generan un caldo de cultivo para la nueva criminalidad. Para desmontar esta nueva realidad se requieren políticas de Estado y consensos, porque ningún Gobierno puede hacer nada para solucionar esto en cuatro años. Los Estados son hoy una sábana muy corta: no tienen la capacidad para ejercer la soberanía en el territorio, y ante esas debilidades, no hay soluciones fáciles ni balas de plata.

P. En Tercera dosis, la chilena DJ Lizz dijo en una entrevista muy comentada: “Lo que los gobiernos no entienden es que si mañana mataran a todos los que venden droga y quemaran todo, saldrían otros a hacer lo mismo una y otra vez, porque no se está resolviendo la causa de nuestro problema, que es la necesidad desbordante de plata, de trabajo y oportunidades”.

R. Y eso tiene que ver con algo que escuchamos mucho de los empresarios: que la economía está parada hace 10 años. Y si tienes un ámbito legal que se te estancó, una cantidad de gente que tiene aspiraciones de consumo insatisfechas y que ha crecido a lo largo del tiempo, estos mercados ilegales proveen formas de satisfacer esas demandas y necesidades. Y muchas veces necesidades más básicas como la salud o la alimentación. Este asunto implica que el sistema político está peleando cada vez más estridentemente por un Estado y un ámbito de legalidad que son mucho más chicos en relación al espacio que hoy ocupa esta realidad alternativa.

P. ¿Qué le ha parecido el debate sobre la presentación del mexicano Peso Pluma en el Festival de Viña del Mar?

R. Lo que ha escalado esto, así como el impacto de la entrevista a Dj Lizz, muestra la relevancia del tema. Pero refleja también la liviandad de nuestro debate público sobre asuntos que son complejos, que vienen cuajando desde hace mucho tiempo y que no vemos venir hasta que de repente irrumpen en la agenda de medios y redes y se toman toda nuestra atención, mientras son instrumentalizados por distintas figuras políticas para ganar visibilidad. Pienso por ejemplo en los Bukele wanabees [los políticos chilenos que quieren asemejarse al salvadoreño]. La narcocultura no llega a Chile con Peso Pluma. Existe hace años y tiene entre sus exponentes hasta niños pequeños como Dehilan y Yordano.

P. En Chile se debatió, sobre todo, si correspondía financiar su show con recursos públicos.

R. Por supuesto, como toda expresión cultural, puede moldear las orientaciones normativas de las nuevas generaciones y de distintos grupos sociales y por tanto, financiarla con recursos públicos es cuestionable. Dicho eso, creo que la libre expresión debe cautelarse como derecho fundamental. Por lo demás, seamos serios: cancelando a Peso Pluma no evitamos que la música urbana y el narco le hagan sentido a quien vive hace años en contextos cotidianos de abandono estatal, de violencia, de ostentación permanente del consumo por parte de los exitosos, entre quienes están aquellos que profitan de mercados ilegales. Ojalá tanto ruido contribuya a abrir paso a una discusión más seria.

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Sobre la firma

Rocío Montes
Es jefa de información de EL PAÍS en Chile. Empezó a trabajar en 2011 como corresponsal en Santiago. Especializada en información política, es coautora del libro 'La historia oculta de la década socialista', sobre los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. La Academia Chilena de la Lengua la ha premiado por su buen uso del castellano.
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