Desarrollo Social de América Latina y el Caribe: desafíos comunes para una institucionalidad fortalecida
La tarea para cada uno de nuestros países es atender la relación entre los sistemas de protección social y las estrategias de desarrollo de nuestra región
Hace unos días nuestro país fue anfitrión de la quinta reunión de la conferencia regional sobre desarrollo social de América Latina y el Caribe, y del decimoquinto foro ministerial para el desarrollo de América Latina y el Caribe, todo esto en dependencias de la Cepal. Han concluido tres jornadas de reflexión y fructífero diálogo entre líderes internacionales, en donde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia de Chile asumió la presidencia de la Conferencia por los próximos dos años.
La conferencia tuvo como tema principal la institucionalidad social, identificando desafíos comunes para su fortalecimiento: la cooperación internacional, la articulación intersectorial y la coordinación nacional y subnacional de las políticas públicas, como elementos clave de políticas sociales sostenibles. Asimismo, hemos concluido que los sistemas de información social y ventanillas únicas deben ser un eje en materia de acceso a la protección social, ya que mejoran, además, las interacciones y comunicación entre el Estado y las personas. Dentro de estos desafíos también están la sostenibilidad financiera y la capacidad de adaptación, que deben ser siempre velando por la integralidad de nuestras políticas y el avance hacia la universalización.
Hacernos cargo de esto es fundamental para enfrentar los retos que plantea la realidad social de la región: desigualdad estructural, progresivo envejecimiento de la población, persistentes brechas de género, crisis migratoria, efectos de la pandemia de covid y un retroceso regional en materia de superación de la pobreza.
En el mandato de Chile, buscaremos relevar las políticas de cuidado en las agendas de nuestros países. Los esfuerzos que se están realizando en países como Brasil, Panamá, Costa Rica, Chile, entre otros, son una contribución desde la región a una problemática global. Por eso se hace necesario incorporar los aprendizajes de nuestras experiencias y evaluar conjuntamente cómo contribuyen estos sistemas a más bienestar social, más autonomía para las personas y más disfrute de sus derechos y libertades.
En el seno de esta conferencia, les he propuesto a los países consolidar nuestro compromiso con una posición común hacia la universalidad e integralidad, otorgando una respuesta adecuada a las diferentes vulnerabilidades que experimentan hoy nuestros pueblos.
Por cierto, las tareas que deja esta conferencia para cada uno de nuestros países se inscriben en una tarea mayor e ineludible: atender la relación entre los sistemas de protección social y las estrategias de desarrollo de nuestra región, para la construcción de nuevos modelos de desarrollo que nos permita superar el estancamiento productivo y lograr sistemas de protección social universales, integrales, sostenibles y resilientes.
Esto implica volver sobre las dificultades que se han diagnosticado, no solo para constatarlas, sino también para impulsar nuevas estrategias que nos conduzcan a mejores resultados, sin perder de vista lo avanzado y con la necesaria participación y apertura hacia la sociedad civil organizada. En un escenario de diversas crisis y debilitamiento de los pactos sociales, la confianza entre las personas y las instituciones no es una condición dada, sino que está en permanente construcción. Necesitamos esa confianza social revitalizada para sostener los esfuerzos comunes que nos permitan generar cambios concretos en la vida cotidiana de las personas.
Con estos objetivos en la mira trabajaremos durante nuestra presidencia para llevar la voz de América Latina y El Caribe a la Cumbre Social Mundial de 2025 y este mensaje será parte de lo que presentaré en el Diálogo Unión Europea –OEA sobre pobreza, desigualdad e inclusión social que se realizará a mediados de este mes en Washington.
