Unos 3,4 millones de dólares incautados a Pinochet por un caso de corrupción, traspasados al Poder Judicial chileno

El capítulo final de una larga investigación que se extendió por casi 20 años se cerró esta semana luego de que el Poder Judicial chileno recibiera tres depósitos a plazo por 3 mil millones de pesos, unos 3,4 millones de dólares, provenientes del saldo del dinero incautado a Augusto Pinochet en 2004 en el marco del caso Riggs, ha informado este miércoles el diario chileno El Mercurio.

En agosto de 2004, la justicia chilena dio inicio a una investigación judicial contra el dictador por los dineros provenientes del fisco que traspasó de manera secreta hacia diferentes cuentas del banco Riggs en Estados Unidos. El caso quedó al descubierto gracias a las pesquisas del Senado estadounidense que descubrió movimientos sospechosos en algunas cuentas del que, entonces, era considerada una de las instituciones bancarias más prestigiosas de Washington.

La investigación reveló que el patrimonio total de Pinochet ascendía a 21,3 millones de dólares, de los cuales 17,8 millones tenían un origen ilícito. La sentencia final de la justicia, sin embargo, fue por mucho menos dinero. Inicialmente, el fallo de primera instancia dictado por el juez a cargo de la causa, Manuel Antonio Valderrama, actual ministro de la Corte Suprema, instruyó el comiso de unos cinco millones de dólares a la familia Pinochet, entre cuentas bancarias, automóviles y propiedades. En junio de 2017, la Corte de Apelaciones de Santiago revirtió ese fallo y ordenó la devolución los bienes. Recién en 2018, la Corte Suprema modificó esa sentencia y ordenó traspasar al fisco unos 1,6 millones de dólares.

Ahora, los últimos fondos decomisados fueron traspasados a la cuenta corriente de la Corporación de Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), tras cumplirse los seis meses de plazo sin que los herederos de Pinochet los reclamaran, como indica la ley. Los 3,4 millones de dólares corresponden a dineros que no fueron parte del comiso ordenado por la Corte Suprema en 2018, cuando el máximo tribunal dispuso que la familia Pinochet traspasara al fisco los 1,6 millones de dólares. La sentencia determinó, además, que los hijos del dictador eran “terceros responsables” de la sustracción de fondos públicos.

La decisión de que estos fondos pasaran a manos del Poder Judicial ya había sido tomada por el Consejo de Defensa de Estado (CDE), el organismo que defiende judicialmente los intereses del Estado chileno hace algunos años. Así lo había solicitado al ministro del tribunal de alzada capitalino, Guillermo de la Barra, quien accedió al requerimiento en 2020, basándose en el artículo 677 del Código de Procedimiento Penal chileno, que establece que los dineros puestos a disposición de los tribunales que no sean objeto de incautación ni reclamados dentro de los plazos señalados se girarán a la orden de la CAPJ para sus fines.

Pero el traspaso tardó en llevarse a cabo. La defensa de Lucía Hiriart, viuda de Augusto Pinochet fallecida en 2021, interpuso un recurso argumentando que ella ya no era dueña de los bienes en comiso, el que fue rechazado por el ministro De la Barra. Así, en diciembre de 2021 la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó su decisión. La sentencia quedó ejecutoriada en agosto de 2022, pero la entrega de los fondos no pudo concretarse debido a medidas precautorias impuestas por el 7º Juzgado Civil de Santiago, en respuesta a una demanda presentada por el CDE. Recién ahora la sentencia pudo ser concretada, a casi 17 años de la muerte de Pinochet fallecido en 2006.