La pobreza en Chile: retomando la senda de reducción y los nuevos desafíos

Entre 1990 y 2017 Chile fue reconocido a nivel mundial tras avanzar significativamente en la reducción de la pobreza, desde un 68,5% de la población a un 8,6%. Fue la crisis del covid-19 y su shock económico el que quebró la tendencia y nos hizo retroceder, llevando a casi medio millón de personas bajo la línea de la pobreza, aumentando a un 10,8% la tasa de incidencia de pobreza en el país. Al desafío sanitario de la pandemia se sumó rápida y urgentemente la necesidad de combatir los efectos sociales y económicos de la misma. Las diversas ayudas sociales permitieron una rápida recuperación económica y de los empleos, pero trajo consigo un sobrecalentamiento de la economía, que sumado a la guerra de Rusia en Ucrania y los rebrotes de covid-19 en Beijing, elevó la inflación anual a un máximo de 14,1% en agosto de 2022, lo que presagiaba una dificultad en la recuperación.

El equilibrio entre impulso económico, apoyos sociales y reducción de la inflación no era fácil, sin duda, pero desde el primer día del Gobierno del presidente Gabriel Boric nos propusimos como desafío avanzar en seguridad económica y apoyos para las familias chilenas, a través del conjunto de políticas agrupadas en el programa Chile Apoya. Y, desde entonces, hemos buscado entregar certezas a la población, ayudar donde más subía el costo de la vida, porque sabemos que muchas y muchos de nuestros compatriotas pueden caer bajo la línea de la pobreza ante cualquier enfermedad o al perder su fuente laboral.

Mantuvimos esfuerzos de gobiernos anteriores como el IFE Laboral y el Subsidio Protege (dirigido a la creación de empleo formal) y reforzamos durante el 2022 estas políticas con importantes medidas que iban directo al bolsillo de nuestros compatriotas; como el alza histórica del sueldo mínimo -que llegará a 500.000 pesos (unos 600 dólares) en 2024-, el bono Chile Apoya Invierno, la implementación y expansión de la Pensión Garantizada Universal (PGU), y el control del alza del precio de distintos bienes o servicios como la parafina y la bencina, además del transporte público y la electricidad.

Lo que estamos viendo hoy, es que el esfuerzo empieza a dar sus frutos. Gracias a una gestión responsable y el buen manejo de la política macroeconómica, en conjunto con el Banco Central, el Congreso, y las acciones de la sociedad civil y empresas, logramos consolidar la recuperación respecto a la inflación y, al mismo tiempo, retomamos la senda de disminución de la pobreza llegando a niveles históricos, tanto en pobreza económica como en la multidimensional. Es decir, en medio de un escenario que fue complejo en Chile y el resto del mundo, con medidas fiscalmente responsables y eficientes para ir en apoyo de las familias, logramos como país que cerca de 800.000 personas superaran la línea de la pobreza, llegando la tasa de incidencia a un histórico 6,5%.

No es para conformarse, ni un segundo. Estamos hablando de que 1.300.000 personas siguen viviendo sin las condiciones que establecemos como más básicas. Estamos hablando de que la niñez, la ruralidad, los hogares con jefas de hogar, el haber nacido fuera del territorio nacional, siguen siendo sinónimo de pobreza y eso no puede dejarnos tranquilos. Lejos de frenarnos, debemos usar ese impulso y continuar ese camino porque sabemos que las familias que han sobrevivido en pobreza no pueden esperar más. Y al mismo tiempo, sabemos también que aquellas que han superado este precario umbral merecen y exigen más estabilidad. Por ejemplo, con la entrega automática del Subsidio Único Familiar para niñas, niños y adolescentes del 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH), con el que ahora es el Estado el responsable de ir a buscarlos, cambiando la lógica de un beneficio postulable hacia una garantía; es decir, un piso progresivo de protección social para cientos de miles de niños, niñas y adolescentes.

Por eso como Gobierno hemos planteado avanzar en un Estado de Bienestar. No es algo abstracto, sino algo muy concreto a lo que se enfrentan las familias que hoy viven en la incertidumbre. Necesitamos que las pensiones de quienes nos enseñaron a leer y escribir o nos atendieron en los servicios de salud aumenten ahora; que quienes requieren de atención sanitaria puedan tener acceso oportuno y de calidad, que los barrios sean espacios seguros para las familias, y que el fortalezcamos el sistema de protección social. Una red que no deje a nadie atrás y que nos mantenga unidos cuando más lo necesitemos.

Porque detrás de las buenas cifras, que debemos valorar y mejorar, cómo no, queda claro que los desafíos para el Estado siguen más vigentes que nunca. No descansar hasta reducir al mínimo la pobreza de los niños, niñas y adolescentes; reducir y empequeñecer la brecha histórica entre mujeres y hombres, y también garantizar una vejez digna, con un sistema de seguridad social que permita que las personas mayores vean mejoradas sus pensiones hoy, y no en 40 años más.

En Chile denominamos a esto caminar y mascar chicle. Fomentar las políticas de creación de empleo y desarrollo económico, pero al mismo tiempo cuidar que las brechas de bienestar no atenten contra nuestra convivencia en común. Esa tarea exige diálogo y acuerdos políticos para que esta red de apoyos pueda ser sostenible, por lo que nuestro Gobierno ha planteado la necesidad de llegar a un pacto fiscal que haga de este anhelo, una realidad posible. Esa es la tarea que nos ha encomendado el presidente Gabriel Boric, y estamos seguros que es la que nos permitirá seguir el rumbo hacia un país más próspero, justo y sostenible.