Qué es y cómo funciona el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos de Chile

Los retiros de fondos desde las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) durante la pandemia de la covid-19 dejaron en evidencia un grave problema en el cumplimiento de las obligaciones de un grupo de padres chilenos con sus hijos. El giro de dineros previsionales permitió que a través de la retención de dineros se transfirieran unos 631.000 millones de pesos (unos 780 millones de dólares) correspondientes a personas tenían deuda por la mantención económica de su grupo familiar.

La realidad de miles de mujeres, que deben “perseguir” a los progenitores de sus niños o adolescentes para tener los fondos destinados para su alimentación, hizo que las autoridades reaccionaran e impulsaran medidas permanentes. Durante el segundo Gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022) se promulgó la ley que creó el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, la que entró en vigencia en noviembre de 2022.

La Administración de Gabriel Boric -que llegó al poder buscando establecer un sello feminista- firmó el 20 de mayo pasado a Ley de Responsabilidad Parental, normativa que establece una serie de mecanismos para que los morosos paguen sus cuotas de manera puntual. Entre los métodos para conseguir el dinero adeudado se encuentra la retención bancaria y el seguimiento tributario.

Qué es la pensión de alimentos

De acuerdo a la ley vigente, la pensión de alimentos es la obligación legal que tiene uno de los padres de costear la alimentación de sus hijos tras una separación o un reconocimiento paternal o maternal. En caso de separación, los padres determinarán si el cuidado de personal de los hijos corresponderá al padre, a la madre o a ambos. Cuando el cuidado corresponda a uno de los progenitores, deberá ser el otro el que aporte con el dinero, de acuerdo a una resolución judicial.

El pago beneficia a los niños, adolescentes y jóvenes hasta que cumplan los 21 años de edad. El rango etario podría aumentar a los 28 años en caso de que el descendiente esté cursando una carrera de educación superior o aprendiendo un oficio. La extensión también es válida para los hijos que sufran una incapacidad física o mental que los inhabilite para subsistir por sí mismos.

Cómo funciona el Registro Nacional de Deudores

El Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos es un sistema de información reservado, en donde se detallan a todas las personas que tienen cuotas pendientes de los pagos de alimentos para sus hijos, con montos que fueron anteriormente fijados por un Tribunal de Familia. En la nómina aparecen quienes adeuden tres meses consecutivos o cinco meses discontinuos de pensiones.

Actualmente el listado está compuesto por 80.074 personas, de las cuales 2.374 son mujeres (2,96%) y 77.700 hombres (97,04%). Se estima que la deuda total de todos ellos alcanzaría los 90.000 millones de pesos (unos 111 millones de dólares).

La información entregada

El reporte contiene antecedentes como el nombre completo del deudor; número de cédula de identidad o documento de identificación; número de alimentarios (hijos) afectados; monto actualizado de la deuda; cantidad de cuotas adeudadas; antecedentes del tribunal que ordenó la pensión y datos de la cuenta para realizar el pago.

Quiénes pueden obtener los datos

La información del registro puede ser consultada por el propio deudor; por la persona afectada por la deuda o por su representante legal; por los Tribunales de Familia, por organismos estatales y entidades públicas; o por quien esté obligado a obtener los datos de acuerdo a lo determinado por la legislación vigente. Cuando una persona sea pasada a la nómina, se notificarán a las partes interesadas de forma electrónica, y podrán ser objetadas dentro de un plazo de tres días a la causa judicial correspondiente

Cómo salir del registro

El moroso que busque salir del sistema tendrá que pagar la deuda, asegurando su pago mediante un acuerdo que sea viable para él y para la parte demandante. Aquello tiene que ser ratificado por la justicia. Mientras el monto siga sin pagar, la persona no saldrá del registro. Cualquier error en cuanto a las cuotas, dinero o tiempos de pago debe ser resuelto directamente con el tribunal.

Las medidas contra los deudores

Quienes sean parte del registro de deudores podrían sufrir la retención de la devolución de impuestos, retención de un créditos, impedimento para la inscripción de transferencia de venta de una propiedad o un vehículo, negativa para la renovación de la licencia de conducir y el pasaporte, retención de remuneraciones, inhabilidad para recibir beneficios o bonos estatales y el uso de los dineros de un finiquito por despido para abonar a la cuota pendiente. Los ciudadanos que no cumplan con esta obligación legal también arriesgan ser sancionados por arresto nocturno por 15 días, arraigo nacional y el embargo de bienes. El castigo se extendería además a las personas que colaboren con la evasión de su pago.

Los mecanismos de pago

La compleja situación vivida por miles de personas que no reciben el monto de pensión que les corresponde por ley llevó a que el Gobierno y el Congreso chileno avanzaran en una normativa para asegurar el desembolso mensual que los padres deben otorgar a sus hijos. Bajo esta premisa se elaboró la Ley de responsabilidad parental y pago efectivo de pensiones de alimentos.

Entre los mecanismos contemplados está la investigación completa sobre los bienes del deudor, usando como fuentes los datos obtenidos desde entidades tributarias o financieras como el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión de Mercado Financiero (CMF). Si se confirma el hallazgo de fondos, el tribunal requerirá más información sobre los saldos y movimientos de las cuentas corrientes de los morosos. Con esos antecedentes, podría ordenar el pago inmediato o una medida cautelar de retención de dineros. El proceso se deberá concretar en 15 días hábiles.

Los deudores que no tengan montos acumulados en cuentas bancarias podrían tener descuentos desde su cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatoria, es decir, desde la previsión acumulada en la AFP. En este caso, si la persona deudora está a 15 años o menos de cumplir con la edad para jubilar, el pago no podrá exceder el 50% de los fondos acumulados.