Detenido en el sur de Chile Héctor Llaitul, líder de la organización violenta mapuche

Héctor Llaitul, el líder de una de las principales organizaciones violentas que operan en La Araucanía chilena, la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), ha sido arrestado este miércoles. Llaitul es responsable de decenas de atentados en la zona desde 1997. De acuerdo con la Fiscalía, la detención se produjo por una causa que se inició en 2020, luego de una denuncia del Gobierno de Sebastián Piñera por tres delitos contemplados en la Ley de Seguridad del Estado. El apresamiento de Llaitul ha sido efectuado por la policía en la localidad de Cañete tras una orden del Tribunal de Garantía de Temuco, la capital regional, donde ya fue trasladado el mapuche de 54 años, según ha dicho el delegado provincial de Arauco, Humberto Toro. El arresto ocurrió luego de que Llaitul subiera el tono de sus amenazas públicas desde que en marzo asumió el Gobierno de izquierda de Gabriel Boric, una Administración que llegó al poder con la promesa de no invocar la Ley de Seguridad del Estado en el control del conflicto y de desmilitarizar la zona. La Moneda, sin embargo, a fines de julio decidió ampliar las querellas existentes contra el jefe de la CAM y, antes, seguir contando con los militares para intentar controlar la violencia.

El arresto de Llaitul ha ocurrido a 11 días del plebiscito por una nueva Constitución. La región de La Araucanía, el epicentro del conflicto por las tierras ancestrales, fue una de las zonas del país que en mayor medida apoyó al candidato de la derecha extrema José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial contra Boric: un 60,14% contra un 39,86%. Actualmente, esta región del país está por rechazar una nueva Constitución, un 54% contra un 32%, según una reciente encuesta de Panel Ciudadano UDD, publicada antes del período que prohíbe publicar nuevos estudios de opinión. Con el tema de seguridad pública como principal prioridad de la ciudadanía –un asunto que Boric ha dicho comprender–, la detención de Llaitul se produce cuando el ministerio del Interior enfrenta serios problemas. En un probable cambio de Gabinete, que se realizaría luego del referéndum del 4 de septiembre, resulta probable la salida de la ministra Izkia Siches de la cartera encargada del control de la delincuencia.

“Como Gobierno queremos constatar que el Estado de derecho en nuestro país funciona y nadie está por sobre la ley. En esa línea, el trabajo del Ministerio Público y las policías han rendido frutos y está en manos del Poder Judicial, de la Justicia, poder seguir con el proceso que ya está en curso”, aseguró Siches esta tarde desde La Moneda. Junto con realizar un llamamiento “transversal a no sacar réditos políticos de esta situación y dejar que las instituciones funcionen”, informó que “las querellas que han materializado esta detención son producto de una acumulación que existen desde el 2020 a la fecha, que incorpora las acciones que ha hecho nuestro propio Gobierno”. Adelantó que mañana los equipos jurídicos del Ministerio del Interior participarán de la audiencia contra Llaitul y se solicitarán las medidas cautelares, según la constatación de los hechos delictivos.

El Gobierno de Boric ha tenido problemas con la gestión del conflicto en La Araucanía y otras regiones aledañas, un desafío permanente del Estado chileno hace al menos 25 años. En sus primeras horas en el cargo, la ministra Siches emprendió un viaje a la zona y su comitiva fue víctima de un atentado a una comunidad mapuche. Este incidente, entre otros asuntos, provocó la renuncia del constitucionalista mapuche Salvador Millaleo, principal asesor de Siches en estas materias, que se había opuesto al frustrado viaje. Ha sido una Administración que ha intentado cambiar la política en La Araucanía y privilegiar el diálogo. Cuando Llaiutul en mayo realizó un llamamiento a “organizar la resistencia armada” luego de que el Gobierno decidiera un Estado de excepción constitucional “acotado” en la zona, La Moneda decidió no querellarse por la Ley de Seguridad del Estado. “Nuestro Gobierno no persigue ideas ni declaraciones”, explicó el presidente. Lo repitieron ministros importantes, como Giorgio Jackson. Desde entonces, el Ejecutivo y la Fiscalía entraron en una escalada de tensión, porque el Ministerio Público –de carácter autónomo– no puede investigar ningún delito que esté descrito en esta ley, a menos que el Ejecutivo presente una denuncia o una querella. Con la ampliación de las querellas ya existentes contra Llaitul a fines de julio, el Gobierno instó a los fiscales a actuar y perseguir los delitos contra el líder de la CAM, que ha empujado públicamente a cometer ilícitos y hasta ha confesado participación.

El mismo presidente Boric ha reconocido la dificultad para el tratamiento del conflicto que esta Administración define como “entre el Estado chileno y el pueblo mapuche”. Ha justificado, a su vez, cambios de opinión en asuntos como la implementación del Estado de excepción, porque el nivel de violencia en la zona hace imposible controlarlo solamente con policías, según señaló el domingo el presidente en una entrevista con un canal de televisión.

La querella de 2020 contra Llaitul que permite su detención fue presentada por el exintendente de La Araucanía, Víctor Manoli. “Estimamos que los hechos denunciados en la presente denuncia conllevan un mensaje para destruir, inutilizar, paralizar, dañar o interrumpir actividades productivas como la forestal, junto con producir y comunicar, miedo y violencia, no solo a quienes se desempeñan en dicho ámbito, sino que además a los habitantes de las zonas donde se desempeñan estas actividades y se relacionan con estas, en la región de La Araucanía”, indica la denuncia de hace dos años.

La agudización del conflicto se produce justamente cuando parte del mundo indígena ha optado por un camino institucional para responder sus demandas históricas: la participación en convención constituyente que redactó la propuesta de nueva Constitución que se plebiscitará el 4 de septiembre. Es un proceso que, sin embargo, Llautil y la CAM miran con distancia.

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