Los homicidios en Chile escalan casi un 30% en el primer semestre de 2022

Chile vive su peor momento en materia de seguridad desde el retorno a la democracia. Así lo ha descrito la Subsecretaría de Prevención del Delito. El primer semestre de 2022, las cifras de homicidios se dispararon un 28,7% respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando un total de 413, según cifras de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), a las que tuvo acceso este martes Radio Biobío. Las estadísticas muestran una disminución en los delitos menores como robo por sorpresa, pero un alza significativa del uso de armas de fuego en los crímenes: entre enero y junio de 2021 se utilizaron en 166 homicidios, mientras que en los primeros seis meses de 2022, en 256.

El Gobierno del presidente Gabriel Boric anunció hace un par de semanas un Plan Nacional de Seguridad que contempla, entre una treintena de medidas, la creación del Ministerio de Seguridad, una reforma a las policías y el fortalecimiento de los municipios en esta materia. Ya se está trabajando en una estrategia de recolocación e incorporación de agentes de Carabineros en los sectores más críticos, además del plan “menos armas, más seguridad”, que tiene por objetivo reducir la cantidad de armas en el mercado ilegal e “interrumpir el flujo de armas legalmente inscritas”.

La percepción de seguridad también ha empeorado. Los últimos tres años han sido las cifras más altas registradas por la Fundación Paz ciudadana, que desde el año 2000 realiza sistemas de medición para dimensionar el impacto de los delitos. La encuesta que publicaron el año pasado revela que en tres de cada 10 hogares al menos una persona había sido víctima de robo o de intento de robo en los últimos seis meses. La encuestadora internacional Gallup, por su parte, publicó a finales de 2021 el estudio Global Law & Order 2021, que mide la percepción de seguridad en 115 países. Chile obtuvo un puntaje de 66 de 100, al igual que Zimbabwe. Solo el 41% de la población encuestada se siente segura caminando sola, ubicando al país en el séptimo puesto con el porcentaje más bajo. En México es un 42%.

La Ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, explicó ante el Senado a finales de junio que durante la pandemia disminuyeron los delitos, pero que desde el levantamiento de las restricciones de movilidad comenzaron a ver un alza. “De enero a la fecha volvieron a bajar, pese a la percepción de la población. Reconocemos que las cifras del poder de fuego en el caso de homicidios creció un 60% y a ello estamos abocados”, sostuvo la ministra, según la transcripción de la página web del Senado.

El gobierno realizó su primer Consejo Nacional de Seguridad en la norteña región de Arica y Parinacota, una de las zonas más afectadas por el crimen organizado. Raúl Arancibia, fiscal regional de Tarapacá, un territorio que limita con Bolivia, a unos 1.800 kilómetros al norte de Santiago, calificó la situación en el podcast de La Tercera como “muy preocupante”, y que, de no tomar acciones concretas, podría volverse “verdaderamente dramática”. En su región, donde se incauta casi el 70% de la droga que entra al país, el perfil del delincuente ha cambiado. En 2010, solo el 6% de los imputados era extranjero, una cifra que escaló hasta el 29% el año pasado.

Arancibia alertó que, si bien han disminuido los robos, los delitos violentos han aumentado “considerablemente”, especialmente los homicidios, debido a “la mayor existencia de armas de fuego en manos de los delincuentes”. El complejo escenario, sostuvo, se ha visto avalado por el narcotráfico, el contrabando y el tráfico de personas migrantes. “Cuando hablamos de bandas criminales son principalmente internacionales”, afirmó. En general, la tipografía de los crímenes ha cambiado en los últimos años. Si en 2015 cerca del 70% de homicidios tenían un imputado conocido por los vecinos o familiares de la víctima, ahora el porcentaje es prácticamente inverso, según la Fundación Paz Ciudadana.

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