Un comisario asegura que le impidieron investigar al PP en el caso del espionaje
"El PP estaba metido", afirma el agente de la Policía Nacional, antes de denunciar las trabas a su labor
El testimonio de un comisario, Jaime Barrado, ha revolucionado este miércoles el caso espías. El agente ha afirmado que varios de los acusados protagonizaron los seguimientos a los adversarios políticos de Esperanza Aguirre, pero ha añadido que, cuando intentó averiguar qué cargos políticos daban las órdenes, sus superiores se lo impidieron. Ha apuntado, de hecho, a su antiguo jefe, el comisario José Luis Olivera, y al entonces fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix. La juez ha interrumpido entonces su declaración para que se puedan tomar acciones legales ante las supuestas revelaciones.
Las palabras de Jaime Barrado, excomisario de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, han supuesto un importante sobresaltó en la vista oral, que ha estado a punto de suspenderse. "El PP estaba metido, pero la investigación se centró [en los acusados] porque no teníamos acceso más arriba de los ex guardias civiles y expolicías", ha señalado el agente, después de que dos de los procesados, José Oreja y Antonio Coronado, admitieran durante sus declaraciones que Sergio Gamón, director de Seguridad del Gobierno regional, les dio "órdenes ilegales" por "especial interés de Ignacio González" para espiar a otros dirigentes del PP.
Según ha detallado el excomisario de la UDEF, le ponían "cortapisas" y le "cortaban todas las posibilidades" de dirigir la investigación hacia los cargos populares. Barrado ha ido, incluso, más allá y ha añadido que recibió presiones de Olivera para "guiar" su investigación, que detectó "irregularidades" y que llegó un momento en el que no se fiaba de su jefe y del fiscal Manuel Moix —en esta vista oral, el Ministerio Público no acusa y pide la absolución de los procesados—.
"En la investigación no teníamos acceso a altos cargos del PP", ha insistido este miércoles el comisario, antes de apostillar que los acusados solo seguían instrucciones. "Era una actividad ordenada por alguien, pero allí no llegamos", ha destacado el agente a preguntas de las defensas y antes de que la magistrada decidiera suspender su declaración como testigo —para proteger sus derechos ante la posibilidad de que pudiera estar comprometiéndose penalmente—. Inmediatamente, uno de los abogados ha anunciado acciones legales contra Barrado (por no advertir antes de estos hechos), Olivera y Moix.
Desde que EL PAÍS desvelase en 2009 los informes de seguimientos supuestamente elaborados por la trama, la tesis principal de la investigación mantiene que la Comunidad de Madrid contrató a un grupo de guardias civiles y policías nacionales que se dedicó a seguir a adversarios de Aguirre, como Manuel Cobo, vicealcalde y mano derecha de Alberto Ruiz-Gallardón; y el consejero Alfredo Prada. Este espionaje presuntamente se produjo en abril de 2008 y se hizo en plena batalla por el poder en el PP, después de que Mariano Rajoy perdiera las elecciones en marzo de 2008 frente a José Luis Rodríguez Zapatero.
Los acusados negaron en un primer momento su participación. Pero un informe policial, elaborado por la UDEF, concluyó que el posicionamiento de sus teléfonos móviles los situaba junto a las víctimas. Fue entonces cuando dos de ellos admitieron que habían recibido "órdenes ilegales" de Gamón para seguir a Cobo y Prada, pero que nunca las cumplieron. El director de Seguridad del Gobierno regional siempre ha negado que les diera instrucciones en ese sentido. Y Aguirre, González y Francisco Granados han repetido en el juicio que no sabían nada de todo ello. La vista sigue este jueves con el inicio de las pruebas periciales.
Tres nombres en un mundo de claroscuros
José Luis Olivera, Manuel Moix y Jaime Barrado son tres nombres muy conocidos en un mundo de claroscuros. A Olivera, que también afirmó el martes que los presuntos espías hicieron los seguimientos —pero los calificó como "mandados": "A ellos les dijeron que hicieran esto"— se le relaciona con el comisario jubilado José Manuel Villarejo, actualmente encarcelado por encabezar una trama policial. Moix presentó su dimisión como fiscal jefe Anticorrupción en 2017 tras conocerse que poseía una sociedad offshore en Panamá, bajo la que se camuflaba la propiedad de un chalé que había recibido en herencia. Y Barrado, por su parte, dirigió una unidad que elaboró —sin dar cuenta a sus jefes y con datos "sin confirmar ni corroborar"— un informe sobre una supuesta trama de corrupción montada en Interior durante la etapa de Alfredo Pérez Rubalcaba.
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