El fiscal del Tribunal de Cuentas ve despilfarro e irregularidades contables en la Ciudad de la Justicia

La fiscalía del Tribunal de Cuentas ha redactado un informe en el que ve indicios de “responsabilidad contable” en la gestión del fracasado megaproyecto de la Ciudad de la Justicia de Madrid, un complejo de 12 edificios judiciales que se iba a ubicar en unos terrenos de Valdebebas pero que nunca llegó a cristalizar y que ha supuesto un despilfarro de 105 millones de dinero público. El desarrollo de este fracasado proyecto fue ideado en 2005 por la expresidenta de Madrid Esperanza Aguirre y su exconsejero de Justicia Alfredo Prada. Para llevarlo a cabo, Aguirre creó la sociedad Campus de la Justicia. El fiscal ha analizado un informe de la Cámara de Cuentas de Madrid sobre esta sociedad y concluye, al igual que la Cámara, que falta documentación del proyecto, que pudo haber pagos excesivos e injustificados a proveedores, descontrol de cuentas e irregularidades en la contratación de una veintena de empleados del Campus como altos ejecutivos y con sueldos que rondan los 5.000 euros. 

El fiscal ha enviado su informe al departamento que dirige la exministra del PP Margarita Mariscal de Gante, el número 2, que se ha hecho cargo de la investigación, cuya finalidad es ver si se ha destinado dinero público a fines distintos de los legalmente previstos y, en su caso, reclamar su  devolución a los responsables.

El desarrollo de este fracasado proyecto fue ideado en 2005 por la expresidenta de Madrid Esperanza Aguirre y su exconsejero de Justicia Alfredo Prada

Los 105 millones gastados inútilmente en este faraónico proyecto (la diferencia entre lo salido de las arcas públicas madrileñas, 130 millones, y el patrimonio neto actual del Campus, 25 millones) se invirtieron en actos de propaganda de lo que iba a ser y nunca fue la Ciudad de la Justicia, así como en infraestructuras estériles. En Valdebebas, bajo el secarral donde se iba a levantar esta ciudad judicial, se crearon casi 1,7 kilómetros de túneles asfaltados que pretendían unir bajo el suelo los 12 edificios judiciales que conformarían la citada ciudad judicial. Los tuneles siguen ahi, pero inservibles.

Aguirre soñó en 2006 con una gigantesca ciudad judicial que aglutinase en una solo espacio geográfico, sobre unos terrenos que disponía la Comunidad en Valdebebas, al norte de Madrid, las 23 sedes judiciales que Madrid tiene hoy dispersas por la capital. La idea también era ubicar allí la Audiencia Nacional. Pero llegó la crisis de 2008 y Aguirre decidió paralizar el proyecto. Pero para entonces se habían gastado 130 millones de euros en actos para anunciar por medio mundo el proyecto, en obras inútiles y en sueldos de empleados casi sin cometido.

De los 12 edificios judiciales proyectados en el descampado de Valdebebas para levantar la Ciudad de la Justicia, que pretendía ser, según indicó Aguirre, una de las más grandes y lujosas del mundo, finalmente solo se levantó uno de ellos, acristalado y en forma de dónut, que ahora se halla estado semirruinoso, el anatómico forense. Este edificio, que sigue vacío, costó 26 millones, ahora no vale más de 16 y todavía supone una sangría económica para los ciudadanos: vigilar la instalación sigue costando, todos los meses, casi 12.000 euros. Este edificio estéril iba a ser el nuevo anatómico forense de Madrid, con 205 nichos. Dispone de una cámara de frio que ahora está inservible y cuya reparación costaría al menos seis millones de euros.

Bajo el secarral de Valdebebas donde se iba a levantar la ciudad judicial, se crearon casi 1,7 kilómetros de túneles asfaltados que pretendían unir bajo el suelo los 12 edificios judiciales. La obra no sirvió para nada

El fiscal jefe Miguel Ángel Torres, basándose en el informe que le ha hecho llegar la Cámara de Cuentas en Madrid sobre la frustrada Ciudad de la Justicia, revela que la sociedad Campus de la Justicia, pudo cometer supuestamente múltiples irregularidades. Por ejemplo, se nutrió de empleados con una retribución media salarial de 5.000 euros y en la que casi todos tenían contratos de cargos directivos: de los 20 que llegó a tener en 2007, casi todos eran jefes; apenas había dos administrativos.

Las anomalías que observa el fiscal son básicamente de los primeros años de funcionamiento de la sociedad, cuando se gastó sin control casi todo el dinero. Solo por el diseño de uno de los edificios, la sociedad Campus de la Justicia pagó diez millones al arquitecto Norman Foster, que pedía 13 millones, por adjudicación directa. “El importe contabilizado como pago al arquitecto fue de 13.718.136 euros, un importe muy similar al firmado en el acuerdo para el total del proyecto. Pero es de notar que la última fase del mismo, la construcción, ni siquiera llegó a iniciarse”, describe el fiscal en su informe. Foster pidió sus 13 millones por el diseño, si bien finalmente cobró algo más de 10 millones.

La segunda etapa de este fracasado megaproyecto se inició tras la dimisión de Aguirre en septiembre de 2012 y ya con Ignacio González al frente de la Comunidad de Madrid. A través de su entonces consejero de Justicia Salvador Victoria, y tras el paso de la exconsejera Regina Plañiol, la labor de González se centró básicamente en liquidar la sociedad Campus de la Justicia. Durante su mandato, González intentó aprovechar la infraestructura que ya existía (todo quedó paralizado por la crisis de 2008) e ideó levantar en el mismo lugar una ciudad de la justicia menos ambiciosa. Pero llegó Cristina Cifuentes a la presidencia de la Comunidad y también bloqueó esta segunda idea.

Al igual que la Cámara de Cuentas, el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas advierte que falta documentación que respalde gran parte de los gastos acometidos. Sobre las operaciones y gastos relativos a 2009 y 2010, indica, por ejemplo, que “no aparecen facturas de gastos sobre servicios exteriores de la sociedad (por ejemplo, luz, mantenimientos, etcétera) por importe de 901.000 euros, pese a que tales documentos debían conservarse durante seis años”.

Pone el acento el fiscal en la política de personal. Con pagos de indemnizaciones por despidos a trabajadores muy superiores a los que establece la ley. Pone como ejemplo, la indemnización por despido que recibió el director financiero del Campus por el trabajo que realizó entre el 17 de enero de 2005 y junio de 2009. Este director cobró un salario durante ese tiempo de 5.100 euros. “La cantidad contabilizada como indemnización ascendió a 48.357 euros. Un cálculo somero", describe el fiscal, "llevaría a calcular una indemnización de al menos 64 días de salario por año, sobrepasando, pues, de forma significativa la establecida en el Estatuto de los Trabajadores para un despido improcedente”. Muchos de los empleados eran amigos y conocidos tanto de Aguirre como del exconsejero Prada. El director de seguridad del Campus, por su parte, cobraba al mes 6.000 euros. Trabajó solo dos años, pero se le indemnizó como si hubiese trabajado cuatro, destaca el fiscal en su informe.

Anuncios sin soporte documental

En la propaganda y anuncios sobre el proyecto también ve el fiscal irregularidades. Constan decenas de miles de euros pagados en anuncios que carecen de soporte documental contractual y que ni siquiera hay certeza de si se realizaron ni qué fue exactamente lo que se publicitó. Hay facturas, revela el fiscal, por importe de casi 25.500 euros, en gastos de representación, “sobre 400 servicios, 200 cenas y 200 de un cóctel” en las que no se especifica el motivo del gasto. El fiscal cree que este gasto, aunque no está claro, pudo deberse a la presentación de las maquetas de los edificios judiciales que iban a crearse. La creación de esas maquetas supuso un coste al Campus cercano a los dos millones de euros.

Para financiar la Ciudad de la Justicia Aguirre ideó vender dos edificios judiciales de Madrid. Uno de ellos, el que albergaba los juzgados de lo social de la calle de Hernani. Por ambos edificios la Comunidad percibió casi 70 millones, pero el dinero ha acabado despilfarrado y la comunidad está pagado ahora el alquiler del edificio al que hubo que llevar esos juzgados.