El gran negocio del turista enfermo

Caer enfermo mientras se visita Barcelona puede estropear unas anheladas vacaciones, pero también causar un estropicio en la cuenta corriente del turista. Una empresa intermediaria contratada por dos de los mayores hospitales públicos de Barcelona —el del Mar y Sant Pau, ambos situados en zonas muy frecuentadas por los viajeros— aplica un margen por la gestión del cobro de la asistencia que llega a triplicar las tarifas oficiales, según documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS.

International Care Patient Assistance (ICPA, llamada Gestitursa hasta 2012) tramitó el año pasado la factura de 1.616 turistas en el Hospital del Mar. El centro ingresó por ello 852.000 euros, según las tarifas aprobadas por su Consejo Rector. ICPA, sin embargo, cargó a los turistas más del doble: 1.805.000 euros. Aunque una pequeña parte del incremento regresó al hospital —ambas partes tienen acordado un cánon que asegura al centro el 55% de lo facturado a sus pacientes—, nueve de cada 10 euros pagados por los turistas por encima de la tarifa oficial engrosaron las cuentas de ICPA.

El contrato firmado con el Hospital de Sant Pau no establece ningún cánon, por lo que resulta imposible saber los incrementos aplicados aquí por ICPA. El centro sanitario admite que desconoce el importe cobrado por la empresa a sus pacientes extranjeros (725 de media al año en la última década). Pero todos los documentos consultados —ingresos de empresa, facturas...— indican que los márgenes aplicados aquí son aún mayores.

Un ejemplo es el caso de turista alemán atendido en Sant Pau por un infarto de miocardio que requirió un bypass y cateterismo. La factura supera los 68.000 euros —incluye conceptos como las píldoras de aspirina a 2,59 euros la unidad—, mientras las tarifas públicas aprobadas por la Generalitat para 2013 recogen que el tratamiento completo de esa dolencia asciende a 19.908 euros. Ese importe coincide aproximadamente con una pericial aportada por la aseguradora del paciente, que llevó el caso a los tribunales.

ICPA es un caso único en el sector sanitario. La empresa nació hace una década, como otras del sector, para ayudar a los hospitales españoles a resolver uno de sus problemas históricos: cobrar la factura de unos pacientes que, tras recibir el alta, suelen regresar a sus países de origen.

Pero mientras el resto de empresas trabajan como un proveedor de servicios administrativos del hospital, sin que esto repercuta en la factura de los turistas —los centros sanitarios compensan con creces el gasto con el aumento logrado en sus ingresos—, ICPA actúa como un intermediario puro: compra la asistencia a los hospitales a precios regulados y la revende a los pacientes por un importe mucho mayor.

Esta forma de trabajar ha causado constantes denuncias y litigios en la última década, que han llevado a todos los hospitales con los que ICPA trabajaba fuera de Cataluña a rescindir sus contratos. Estos centros sanitarios eran el Costa del Sol, en Marbella; los de Denia y Torrevieja, en la Comunidad Valenciana; Manacor en las Islas Baleares; Madeira (Portugal) y varios Turquía.

Las denuncias repetidas por los pacientes (y sus aseguradoras) se centraban en los incrementos aplicados por ICPA, pero también en otras prácticas como la de exigir importantes anticipos de dinero antes de recibir la asistencia. Un informe de la Consejería de Sanidad de la Generalitat Valenciana, fechado en 2013, considera de “dudosa legalidad” el sistema de cobro de ICPA y otro de la Intervención General establece que solo los hospitales “podrán facturar directa y exclusivamente a los pacientes”. Estos informes llevaron a las sociedades concesionarias de los hospitales de Denia y Torrevieja (ambos son de gestión privada) a rescindir los contratos de forma unilateral, en el segundo  caso por “la abusiva facturación fuera de los términos recogidos en el contrato”.

El Gobierno regional de Madeira también denunció el contrato con la filial de ICPA en ese país. Una comisión del Parlamento regional denunció varios casos como el de un paciente que tuvo que “pagar 650 euros por una escayola en el brazo”.

La mayoría de los pacientes gestionados por ICPA cuentan con un seguro privado que acaba por pagar la factura, aunque esto no les libra de los incrementos en las facturas. En unos casos, porque las pólizas establecen que es el turista el que debe adelantar el dinero. En otros, porque existen franquicias u otras fórmulas de copago por las que el paciente asume una parte del pago. El porcentaje de turistas gestionados por ICPA que no tienen ningún seguro y acaba por asumir íntegramente el coste de la asistencia es de entre el 15% y el 20%, según informa la propia empresa.

Los hospitales del Mar y Sant Pau defienden la labor de la empresa y destacan que les ha asegurado “el cobro íntegro de la asistencia prestada”. Ambos centros están financiados en su mayor parte por la Generalitat de Cataluña, aunque cuentan con autonomía de gestión. El del Mar está regido por un Consejo Rector y el de Sant Pau es una fundación dirigida por un patronato. La Generalitat de Cataluña y Ayuntamiento de Barcelona están representados en ambos órganos de gobierno.

Los responsables de ICPA, por su parte, aseguran que “en todo momento” se han ceñido “a las peticiones hechas por los hospitales en la gestión del cobro a los turistas”. La empresa atribuye las denuncias a “la presión de las empresas aseguradoras” y defiende que ofrece “más servicios que la mera facturación, como son el de intérprete, la ayuda a los familiares de los enfermos en las gestiones que puedan requerir y el seguimiento de los pacientes tras recibir el alta”.