Carmena paga 52.000 euros para un informe de impacto de género sobre el soterramiento de la M-30

El Ayuntamiento de Madrid, liderado por Manuela Carmena, ha encargado a cuatro empresas la redacción de una decena de informes para detectar posibles casos de "mala gestión" en los anteriores alcaldes del PP, Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Botella. Entre estos informes, con un gasto previsto de 367.000 euros, destaca el estudio sobre el "impacto de género" en el soterramiento de la M-30. Para este documento el Consistorio desembolsará 52.337 euros.

La portavoz municipal Rita Maestre defendió este jueves la necesidad de este estudio. En opinión de Maestre, este encargo establecerá los efectos de esta obra urbanística en cuanto a políticas de género. Una actuación a posteriori pero que la edil asocia a la "obligación normativa, sobre cómo afectan todo tipo de políticas públicas al género". "El soterramiento de M-30 tiene por supuesto impacto de género", ha asegurado Maestre. La edil ha añadido que "cómo se desarrolla una ciudad tiene efecto en términos de géneros", aunque no ha concretado cuáles.

El Ayuntamiento sostiene, por otro lado, que todos los contratos fueron abiertos y públicos. No obstante, al menos tres de las cuatro sociedades adjudicatarias de los informes están vinculadas —por razón social o por los fundadores— al proyecto político de Ahora Madrid.

Dinamia, por ejemplo, empresa encargada de redactar el estudio sobre el impacto de género en la M-30, tuvo entre sus fundadores a una impulsora de Ahora Madrid, coalición que aupó a Carmena a la alcaldía. Además del informe de género, este trabajo también incluye estudios sobre impacto medioambiental y social. Por la "auditoría ciudadana" sobre los gobiernos de Gallardón y Botella, esta firma recibirá en total 127.000 euros. Según una portavoz de esta empresa, el Ayuntamiento pidió "hacer un evaluación sobre un posible impacto de género en la M-30", pero reconoce que puede que "no se detecte ninguno".

Más empresas afines

En total, el verano pasado el ejecutivo de Carmena adjudicó la redacción de 13 informes, por un total 367.000 euros. En al menos tres casos se trata de cooperativas que han sido fundadas o han tenido entre sus filas a profesionales vinculados con Ahora Madrid.

Además de Dinamia, por ejemplo, está el caso de eKona, sociedad fundada por activistas vinculados al 15-M y miembros de plataformas de auditoría de la deuda, y que también han participado en actos de Podemos. Esta sociedad redactará tres informes sobre sistema de cuidado, garantía de protección social y políticas de protección a la mujer, por 55.000 euros. Otra cooperativa, el grupo Tangente, tuvo como directora estratégica a una actual asesora del gobierno de Carmena. En este caso, el Consistorio ha adjudicado un contrato por 53.000 euros para estudios sobre desequilibrios territoriales y políticos de cultura y deportes.

El Ayuntamiento de Madrid defiende que la contratación se desarrolló a través de un procedimiento abierto y "en cumplimiento de la legislación en materia de contratación". En todos los casos, aunque en un lote solo hubo un licitador y en otro dos, las firmas adjudicatarias han sido elegidas tras "un proceso en el que se han valorado los criterios cualitativos, la metodología, el precio o la formación de los equipos de trabajo propuestos", sostiene el equipo de Carmena.

En cuanto a si las sociedades ganadoras tienen la experiencia suficiente para una tarea de este tipo, el Consistorio alega que "no se trata de la elaboración de auditorías, sino de estudios de impacto de las políticas públicas". Y detalla: "Se pretende realizar un acercamiento a los impactos de la actividad municipal sobre la ciudadanía madrileña, no solo en su faceta económica y financiera, sino también abarcando el análisis de los impactos sociales, medioambientales y de género, a fin de poder determinar los efectos que la actuación del Consistorio tiene en los ciudadanos y ciudadanas de Madrid desde una perspectiva amplia".

Destapar delitos

Para la "auditoría ciudadana sobre la deuda", el Consistorio ha desembolsado, además de los actuales 367.000 euros previstos de aquí a 2019, otros 90.000 euros en contratos discrecionales (es decir, contratos que se adjudican a través de un procedimiento legal que permite evitar el concurso público al ser inferior cada uno a los 21.000 euros con IVA).

La auditoría obtuvo en 2015 el mandato en el pleno municipal de la capital. Desde entonces su máximo supervisor fue Carlos Sánchez Mato. Sin embargo, en diciembre, este edil fue cesado de la Concejalía de Hacienda por negarse a aprobar el plan de ajuste municipal y todavía se desconoce si la auditoría pasará ahora en las manos del nuevo delegado, Jorge García Castaño.

Con Sánchez Mato salieron en diciembre de la concejalía sus asesores, que formaban parte de la Subdirección General de la Auditoría de la Deuda. Este departamento, creado para coordinar la investigación sobre los exalcaldes del PP, se apoya en un consejo asesor formado a su vez por expertos afines a la coalición de gobierno local.

Pocos meses después de la puesta en marcha del proyecto, los portavoces de esta subdirección anunciaron que habían detectado indicios de subcontratación inadecuada y falta de control y transparencia en empresas públicas durante los años de gestión de sus antecesores (PP). Los nuevos informes, entre ellos el del impacto de género en el soterramiento de la M-30, saldrán a la luz en enero de 2019, pocos meses antes de las próximas elecciones municipales.